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Un consorcio integrado por las empresas Optimus Security S.A.C. y Guardia Civil Company S.A.C. reclama a la DIRIS Lima Norte el pago por sus servicios de seguridad, pese a que ambas compañías que lo conforman y otras vinculadas a su entorno empresarial acumulan S/209 millones en contratos con la entidad y diversos cuestionamientos. El reclamo ocurre, además, mientras la DIRIS mantiene en revisión un contrato de más de S/50 millones por incumplimientos y que los trabajadores del propio consorcio denuncian que no reciben sus remuneraciones. Peor aún, este consorcio estaría utilizando a sus propios agentes de seguridad para realizar plantones contra la DIRIS.
Un consorcio que acumula S/209 millones en contratos con la DIRIS Lima Norte reclama pagos a la entidad y moviliza a sus propios agentes en plantones para exigirlos, pese a que trabajadores denuncian que la empresa les adeuda remuneraciones y que la DIRIS revisa un contrato de más de S/50 millones.
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La Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte ha sido señalada por la concentración de contratos millonarios en seguridad hospitalaria, adjudicando más de S/ 209 millones a un consorcio formado por Optimus Security S.A.C. y Guardia Civil Company S.A.C. Este oligopolio consolidado en la zona norte de la capital incluye megaproyectos de vigilancia valorados en más de S/ 50 millones, blindando la operatividad de estas firmas hasta el año 2028.
La DIRIS Lima Norte ha adjudicado más de S/209 millones en contratos de seguridad hospitalaria a un consorcio integrado por Optimus Security S.A.C. y Guardia Civil Company S.A.C. Entre estos contratos figuran servicios por más de S/50 millones, algunos con vigencia hasta 2028.
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A pesar de las denuncias por presuntos incumplimientos, el historial revela una hegemonía económica continua que se mantiene con el estatus de “Contratado” en los procesos públicos. La alianza estratégica ha garantizado un flujo constante de fondos estatales para el resguardo de centros de salud, consolidando su dominio con contratos significativos desde el año 2020.
El Comercio ha revelado en julio una serie de cuestionamientos sobre cómo estas empresas obtuvieron los contratos. Estas empresas vinculadas entre sí han participado de manera reiterada en los principales contratos de seguridad del Hospital Nacional Dos de Mayo.
La investigación de este Diario recoge testimonios de funcionarios que atribuyen la permanencia de estas empresas a una influencia del sindicato del hospital y de otros actores con capacidad de presión dentro de la institución. Una de las fuentes sostuvo que Optimus, Guardia Civil y Varum formarían parte de un mismo entorno empresarial.
Marco Antonio Cumpa Carrera, dirigente del sindicato del Hospital Nacional Dos de Mayo, quien ejercería influencia permanente sobre contratos de las empresas favorecidas por más de 200 millones de soles.
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De acuerdo con la documentación revisada por El Comercio, Cumpa registra una investigación fiscal por el presunto delito de falsedad.
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Según la investigación de El Comercio, Optimus Security S.A.C., Guardia Civil Company S.A.C. y Corporación Varum S.A.C. aparecen de forma recurrente en los procesos de contratación desde 2017 y, en varios casos, han competido o contratado integrando los mismos consorcios.
Johnny Ernesto Sánchez Taboada, actual jefe de Servicios Generales del Hospital Nacional Dos de Mayo, ejercería respaldo al consorcio ganador de millonarios contratos y que ahora es investigado por incumplimientos.
/ Diego Aquino Pedraza
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Johnny Sánchez registra una imputación fiscal por el presunto delito de concusión, además de una segunda investigación penal por el mismo delito. Es otro de los miembros del hospital Dos de Mayo que ejercería influencia para mantener al consorcio favorecido con millonarios contratos.
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La documentación revisada registra que Optimus Security integró el consorcio ganador de un contrato por S/2,9 millones en 2017 y volvió a obtener otro por S/3,5 millones en 2018. En 2020 consiguió nuevamente el servicio por S/4,4 millones. En 2022, Corporación Varum y Guardia Civil Company se adjudicaron un contrato por S/4,5 millones, mientras que en 2023 Guardia Civil obtuvo otro cercano a S/10 millones junto con Optimus.
La continuidad se extendió a 2026, cuando el hospital suscribió tres contratos de vigilancia por S/1,5 millones, S/1,7 millones y más de S/13 millones. Este último tiene vigencia hasta junio de 2028.
Los cuestionamientos que actualmente podrían derivar en la nulidad del contrato están contenidos principalmente en el Informe Técnico N.° D000156-2026-OA-DIRIS.LN, elaborado por la Oficina de Abastecimiento.
El documento identifica tres elementos que, según la entidad, deben ser aclarados por el consorcio.
El primero está relacionado con la experiencia del supervisor de seguridad propuesto. Las bases exigían cinco años de experiencia como supervisor, incluidos dos años en entidades del sector salud. Los certificados presentados para acreditar la experiencia de Rubén Eduardo Mendoza Delgado fueron emitidos por Corporación Varum S.A.C. y, según la revisión efectuada por la DIRIS, no demostrarían los dos años de experiencia en el sector salud exigidos por las bases.
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El segundo cuestionamiento corresponde al personal clave. Las bases establecían que el puesto debía ser ocupado por un profesional titulado en Administración, Derecho, Economía o Psicología. La documentación presentada para Alexander Villalobos registra formación técnica en Educación y Contabilidad, de acuerdo con el informe.
El tercer punto está relacionado con un vehículo considerado como equipamiento estratégico. Para acreditar su disponibilidad, el consorcio presentó la Tarjeta de Identificación Vehicular. La revisión posterior de los registros determinó que la unidad fue transferida el 26 de diciembre de 2025 a Importaciones Auto Planet S.A.C.
Para la Oficina de Abastecimiento, estos elementos justifican evaluar la posible aplicación de la causal de nulidad prevista en el literal b) del numeral 71.1 del artículo 71 de la Ley N.° 32069, referida a la presentación de información falsa, adulterada o inexacta.
La DIRIS dispuso que el Consorcio Guardia Civil Company S.A.C. – Optimus Security S.A.C. sea notificado para que presente sus descargos dentro del plazo establecido. Por ello, los hechos identificados en los informes no constituyen todavía una declaración definitiva de responsabilidad ni de nulidad contractual.
En paralelo a esta revisión administrativa, trabajadores de seguridad han participado en reclamos vinculados al pago de sus remuneraciones. El consorcio ha atribuido la falta de pago a las obligaciones pendientes de la DIRIS Lima Norte.
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La entidad, en tanto, sostiene que los pagos al proveedor están vinculados al cumplimiento de las obligaciones contractuales y que existen observaciones respecto de la prestación del servicio.
La situación genera una diferencia entre el reclamo del proveedor frente a la entidad y las obligaciones que el propio proveedor mantiene con sus trabajadores. Los agentes han sido parte de las protestas realizadas para exigir el pago de sus remuneraciones.
Este escenario se produce mientras la DIRIS desarrolla acciones de supervisión y revisión del contrato. La entidad ha designado recientemente responsables técnicos para verificar las condiciones de prestación del servicio y revisar la documentación correspondiente.
La situación actual se originó en una serie de informes técnicos elaborados por distintas áreas de la DIRIS Lima Norte. Uno de ellos, el Informe N.° D000010-2026-UFSGT-DIRIS.LN, revisó aspectos técnicos del proceso y señaló inconsistencias en los términos de referencia, entre ellas requisitos relacionados con la capacitación del supervisor, condiciones de salud del personal, características de vehículos y acreditación de armamento.
El documento también cuestionó la fórmula utilizada para calcular una eventual penalidad por mora y observó la forma en que fueron atendidas algunas consultas formuladas durante el proceso de contratación.
Otro de los puntos identificados corresponde a un cuestionamiento presentado por la empresa Defion Seguridad y Vigilancia S.A.C. durante el procedimiento. Según la documentación de la DIRIS, el Comité de Selección no elevó al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) un pliego de cuestionamientos presentado por ese postor.
El propio OECE, mediante el Dictamen N.° D000066-2025-OECE-SDEC, habría advertido la transgresión y dispuesto que el caso sea remitido al Órgano de Control Institucional y al Sistema Nacional de Control para el deslinde de responsabilidades.
Pese a ello, la ejecución del contrato fue autorizada el 31 de diciembre de 2025 mediante la Resolución Directoral N.° D001445-2025-DG-DIRIS.LN, luego de que las áreas de Abastecimiento y Asesoría Jurídica emitieran informes favorables.
El Comercio intentó comunicarse con el ministro Luis Williams Dyer Fernández y con Ministerio de Salud sobre la existencia del conflicto contractual y los documentos internos que sustentan la revisión que realiza la DIRIS, sin respuesta.
La revisión administrativa continúa su curso. La próxima etapa será la presentación de los descargos del consorcio y la evaluación de estos por parte de la entidad. Solo después de ese procedimiento la DIRIS podrá determinar si corresponde declarar o no la nulidad del contrato.
Mientras tanto, los contratos previamente adjudicados, cuyo monto acumulado supera los S/209 millones, forman parte del historial de contrataciones de seguridad de la DIRIS Lima Norte y de la revisión que actualmente realizan sus órganos técnicos.
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