El Consejo Fiscal (CF), mediante un comunicado, expresó su preocupación ante las recientes medidas y anuncios de medidas, impulsadas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que comprometen significativamente el cumplimiento de los objetivos de política económica establecidos por el gobierno hace apenas un mes en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2025-2028.
Dichas medidas debilitarán la situación de las finanzas públicas, comprometiendo la sostenibilidad fiscal y macroeconómica. “Por un lado, se encuentra el reciente anuncio del ministro de Economía y Finanzas de volver a modificar la regla del déficit fiscal para el presente año, para permitir mayores niveles de gasto público producto de un nuevo crédito suplementario”, precisó el CF.
A este anuncio se suman dos medidas aprobadas recientemente por el Congreso que son la autógrafa de la “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal”, y la autógrafa de la “Ley que extiende excepcionalmente el plazo de arrastre de pérdidas bajo el sistema desarrollado en el literal del artículo 50 del decreto legislativo 774, Ley del Impuesto a la Renta”.
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CF sobre la propuesta de ampliar el límite de déficit fiscal
Con relación a la ampliación del límite del déficit fiscal para el presente año fiscal, el Consejo Fiscal reiteró que cambiar sucesivamente las reglas fiscales no contribuye a la predictibilidad ni a la credibilidad de la política fiscal.
El Consejo Fiscal recordó que pese a ello, desde el 2011 se han producido múltiples modificaciones a dichas reglas además de dos incumplimientos consecutivos de la regla del déficit fiscal (2023 y 2024). Para el CF el incumplimiento de 2024 resultó especialmente preocupante, pues se produjo en el mismo año en que se modificó la regla y, por primera vez desde la crisis financiera de 2009, también se vulneró la regla de crecimiento del gasto público.
En opinión del CF, esta secuencia de hechos evidencia que el manejo de la política fiscal en los últimos años no ha priorizado el cumplimiento de las reglas fiscales, ni ha sido consistente con la práctica de un manejo prudente de las finanzas públicas. Ello debilita la credibilidad en una política fiscal responsable, la cual ha sido uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica del país en décadas pasadas.
Ante esta coyuntura, el Consejo Fiscal señaló que actualmente no existen justificaciones macroeconómicas ni fiscales razonables para modificar las reglas fiscales vigentes, y reafirma que el reto radica en ejecutar el gasto con disciplina, respetando los topes ya definidos en el presupuesto.
Tanto las estimaciones del MEF, contenidas en el recientemente publicado IAPM, como las del BCRP indican que, en 2025, bajo el supuesto de cumplimiento de las metas fiscales vigentes, la brecha del producto estaría prácticamente cerrada. “Este escenario refuerza que no es necesario modificar las metas fiscales para asegurar el crecimiento económico”, indicó el CF.
Sobre las iniciativas legislativas con impacto fiscal
Con relación a la autógrafa de la “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal”, el CF observó que esta propone principalmente un incremento gradual de la tasa del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) de 2% a 4% entre 2026 y 2029 (+0,5 puntos porcentuales por año) con el que se financia el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), y un aumento del monto mínimo que reciben los gobiernos locales por Foncomun de 8 a 15 UIT.
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Según estimaciones de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal (DEM-STCF) las transferencias por concepto de Foncomun se incrementarían en aproximadamente S/8000 millones hacia 2029 (equivalente a S/2.000 millones anuales), lo que representaría un 0,7% del PBI de recursos adicionales permanentes para los gobiernos locales, en detrimento de los ingresos del Tesoro Público.
En ese sentido, consideraron que esta iniciativa legislativa difícilmente tendría un impacto fiscal neutro especialmente, en el mediano y largo plazo. Su implementación generaría importantes desequilibrios presupuestales para las siguientes administraciones, e implicaría mayores presiones sobre el gasto público a partir del 2026, y con mayor fuerza en años subsiguientes.
“Para compensar estas mayores transferencias y que la iniciativa tenga un impacto neutro sobre el déficit fiscal, se necesitarían medidas difíciles de implementar, tales como la reducción de las transferencias a los gobiernos locales por RROO para gastos corrientes, la adopción de medidas para aumentar los ingresos fiscales permanentes, o ( la reducción de los gastos del Gobierno Nacional”, explicó el Consejo Fiscal.
Por ello, en línea con el análisis técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizado entre marzo y abril de 2025, el CF advirtió que el aumento del IPM reducirá los ingresos del Tesoro Público en una magnitud fiscalmente importante, afectando su capacidad para financiar necesidades de gasto.
Para no comprometer la implementación de las políticas públicas a su cargo, el Gobierno Nacional deberá hacer uso de otras fuentes de financiamiento (presumiblemente deuda o ahorros), lo cual genera mayor déficit y mayores niveles de endeudamiento público, con carácter permanente.
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En ese escenario, el MEF deberá precisar con claridad y de forma transparente el mecanismo a través del cual se compensarían los mayores recursos a ser transferidos vía Foncomun, para que la medida sea fiscalmente neutra y no implique mayores niveles de déficit y deuda pública. Ante ello, el CF consideró que la propuesta efectivamente tendría un efecto incremental permanente en el gasto público subnacional; y afectaría el cumplimiento de las metas fiscales en el corto, mediano y largo plazo, a través de mayores déficits fiscales y mayor endeudamiento público con carácter permanente, comprometiendo la sostenibilidad fiscal.
El CF subrayó que los gobiernos locales ya son altamente dependientes de las transferencias intergubernamentales (75% de sus ingresos totales en el periodo 2003-2024). Esta propuesta ahondaría aún más en dicho problema.
Adicionalmente, la entidad recordó que diversos indicadores revelan que la inversión pública de los gobiernos locales se caracteriza por sus bajos ratios de ejecución presupuestaria, la atomización de los proyectos y el elevado porcentaje de obras paralizadas. En ese sentido, el CF consideró que destinar una mayor asignación de recursos financieros para inversión de los gobiernos locales sin atender previamente las causas de estas ineficiencias solo agravaría dicha situación, erosionando aún más la calidad del gasto público y su incidencia en el cierre de brechas y prestación de servicios públicos a la población de manera eficiente.
Finalmente, el Consejo Fiscal recomendó al Poder Ejecutivo a evaluar rigurosamente la viabilidad de las propuestas legislativas dentro de los plazos establecidos por ley, considerando los análisis técnicos del MEF. Asimismo, recomendó no hacer modificaciones a las reglas fiscales.
