Comunidades en la frontera Perú-Brasil enfrentan la drogadicción, el narco y las invasiones con una nueva guardia indígena

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Sentada a la mesa donde acababa de cenar, Imelina Benavides Santiago, jefa de la comunidad nativa de Koshireni cuenta la historia de cómo hace 15 años llegó a los bosques en la frontera entre Perú y Brasil. Fue a visitar a su padre y Koshireni, la comunidad que ahora lidera, estaba apenas naciendo con las primeras familias asháninkas y yaneshas que migraron desde la selva central en busca de nuevas tierras.

“Ser jefa es una gran responsabilidad”, dice la lideresa a Mongabay Latam ese viernes por la noche, poco antes de que se apaguen las luces, porque en Puerto Breu, capital del distrito de Yurúa, Ucayali, la iluminación dura apenas unas cuatro horas, entre las 6 y las 9 de la noche. Solo las tres o cuatro discotecas que hay en el pueblo utilizan un generador para mantener la energía eléctrica hasta el amanecer. El resto queda en tinieblas.

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Pero mientras aún hay luz, la jefa de Koshireni sigue contando cómo es vivir en la frontera peruana con Brasil, en una de las 26 comunidades que forman parte de la cuenca del río Yurúa. “Acá, si quieres comprar un kilo de azúcar, el precio ha llegado hasta 8 soles o 10 soles. El kilo de arroz ha llegado hasta 12 soles. En realidad todo lo que nosotros comemos, el arroz, el azúcar viene de Brasil, nada viene de Perú”, explica Benavides. Puerto Breu, y en general el distrito de Yurúa, es uno de los lugares más caros de Perú. El precio del galón de gasolina cuesta 55 soles en Yurúa, el doble de lo que cuesta en Lima, la capital del país.

La conectividad con el resto de Perú tampoco es sencilla. La única opción para salir a Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, es por avión, porque el viaje por río podría durar hasta un mes. Sin embargo, esta desconexión geográfica no los mantiene aislados de las amenazas de actividades ilegales como el narcotráfico, la caza y la pesca ilegales o el tráfico de madera.

“Los tiempos están cambiando cada vez más. Las economías criminales, las economías ilegales, el narcotráfico cada vez son más visible en nuestro territorio”, dice un líder indígena presente en Puerto Breu durante el congreso anual de Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurúa Yono Sharakoiai (Aconadiysh), organización indígena que reúne 13 comunidades del distrito.

A este encuentro llegaron los representantes de diez de estas comunidades indígenas. Este año, el encuentro se centró en fortalecer a la guardia indígena fronteriza creada en noviembre de 2025. ”Tenemos que crear nuestra propia estrategia de autoprotección y dentro de esa línea de autoprotección está la guardia indígena”, agrega.

Al final de la avenida principal de Puerto Breu, en el lado opuesto a la Unidad Militar de Asentamiento Rural 5 (UMAR 5), hay un pequeño camino, casi oculto entre un par de casas, por donde transitan quienes llevan la droga hasta la frontera de Perú. Desde allí, cuenta la gente, se cruza por río hacia Brasil.

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El camino es angosto en el primer tramo que sale de Puerto Breu. Unos metros más adentro se hace un poco más amplio, pero siempre rodeado de árboles, como si estuviera escondido en el bosque. Esa mañana, el equipo de Mongabay Latam decidió ingresar caminando entre 10 a 15 minutos por esa ruta hasta que nuestro guía nos detuvo. El camino se volvió peligroso, podíamos encontrar a personas dedicadas al narcotráfico.

En las imágenes satelitales se puede observar cómo esta trocha se va abriendo paso en el bosque hasta que llega a una zona deforestada con un par de casas instaladas en el bosque abierto. Después, ese trazo se pierde en la espesura de la selva.

En la pequeña ciudad fronteriza de Puerto Breu, aunque todos conocen del tema, se habla a media voz de los ‘mochileros’, como se denomina a las personas que transportan el clorhidrato de cocaína y la pasta base de cocaína. Un líder indígena de la zona, cuyo nombre mantenemos en reserva por seguridad, asegura que la droga llega desde Nueva Italia, un centro poblado ubicado en el distrito de Tahuanía, colindante con Yurúa.

En esta ruta, entre Nueva Italia y Puerto Breu, se ha autorizado la construcción de la carretera UC 105, una vía que ha sido cuestionada porque, según expertos, abre el camino para las economías ilegales. En julio de 2025, la Comisión Transfronteriza Jurúa/Yurúa/Alto Tamaya, formada por 28 territorios indígenas de Perú y Brasil, se reunió en Perú para solicitar al Gobierno que no se construya esta carretera y denunció la presencia del narcotráfico en esta ruta.

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Sin embargo, en diciembre de 2025, el entonces presidente José Jerí promulgó la ley que habilita la construcción de la vía. Ocho meses después, las comunidades nativas de Yurúa cercanas a esta ruta conocen las ilegalidades que empezaron a llegar desde que se empezó a abrir la vía.

El alcalde del distrito de Yurúa, Manuel Arévalo, explica a Mongabay Latam que la droga no solo transita por esta carretera, sino que “hay varias formas”. Una de ellas, explica, es “por el sector del río Sheshea, van por el río Huacapistea, transitan por la noche y bajan por el río Yurúa”. La otra ruta va por “una parte de la UC 105, pasa por el territorio de [las comunidades indígenas] Sawawo y Shahuaya” y llegan a Puerto Breu. “También hay otra vía que se menciona que va por los ríos Putaya y el Tamaya, y salen por el territorio netamente brasilero”, afirma el alcalde. “Nunca hemos tenido una intervención, nunca se ha capturado a nadie, no se sabe exactamente cuál es la situación”, agrega Arévalo.

La ausencia de acciones para detener el tránsito de la droga lo confirma el técnico de tercera de la Policía Nacional del Perú, Gino Torres, encargado del puesto de vigilancia fronterizo Breu. No recuerda ningún operativo realizado en Puerto Breu ni en la ruta por la que las fuentes aseguran que pasa la droga hasta Brasil.

Gino Torres y su equipo deberían estar en el puesto fronterizo ubicado en el hito 38 de la frontera entre Perú y Brasil, pero ahora cumple sus funciones en un local frente a la plaza principal de Puerto Breu, donde carece de servicios básicos como electricidad. ”Allá no hay nadie porque ha sufrido un abandono”, comenta el jefe policial sobre el puesto de frontera.

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En Puerto Breu no existe una comisaría, solo el local entregado a la policía de frontera. “Si hacemos una detención, no tenemos carceleta. Si viene alguien para hacer una denuncia tengo que ir a la municipalidad para poder imprimir. Solo en casos de violencia familiar llevamos a las personas a la posta donde hay médicos”, comenta el jefe policial.

Mongabay Latam preguntó al Ministerio de Interior sobre la situación de la policía en la frontera y si se realizan acciones para frenar el tránsito del narcotráfico en esta parte de la frontera de Perú, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta. También solicitó una entrevista con el jefe de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas de Pucallpa, José Peláez, quien no atendió el pedido.

Algunos de los que hablan sobre los mochileros y el narcotráfico se animan a decir que detrás de ellos está el crimen organizado, pero no mencionan a ningún grupo en particular. Lo que sí comentan es que han visto pasar a personas armadas tanto por tierra como surcando el río. En el caso de las embarcaciones, dicen, las que transportan la droga navegan principalmente por la noche.

“Es vox populi, todos saben que esta zona es ruta del narcotráfico, que ingresa desde la sierra por Atalaya y termina en Brasil. Esto se ha ido incrementando, alimentando mafias, una situación cada vez más violenta que algunas personas han sido víctima de amenazas por tratar de visibilizar esta situación”, confiesa Carlos Torres, coordinador en Yurúa de la Asociación Fronteras Amazónicas (Afronta), una organización que trabaja con las comunidades indígenas en la defensa de sus territorios, la gobernanza y la conservación de los bosques.

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Que Yurúa se haya convertido en una ruta para el paso de la droga no solo está teniendo repercusiones en la seguridad de las comunidades indígenas, sino que ha abierto una puerta para el consumo de drogas por parte de los jóvenes indígenas.

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“Ahorita el consumo ilícito [de droga] ha aumentado en el distrito de Yurúa. Mis dos hijos han sido maltratados por ese consumo. Mi hijo chocaba con todas las cosas de mi casa, las vendía.

Para mí la droga es una cosa muy delicada y hay muchos jóvenes que caen en las drogas, incluso niños”, dice un jefe de una comunidad indígena en Yurúa cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad.

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El líder indígena cuenta lo que vivió con sus hijos durante años tratando de que dejen las drogas –lo que más se consume en la zona es pasta básica de cocaína–, ahora ha optado por enviarlos fuera de la comunidad, a la ciudad amazónica de Pucallpa, con la esperanza de que se recuperen.

“Ahí donde ustedes fueron, cerca del puente venden los ‘tickets’”, dice el jefe indígena sobre el comercio de estupefacientes. Los ‘tickets’ son pequeños paquetes de droga. No es el único que habla de este problema. Las historias de jóvenes indígenas atrapados en el mundo de las drogas se repiten en casi todas las entrevistas realizadas por Mongabay Latam para este reportaje. Es una preocupación constante en las comunidades de frontera.

“Hay chicos que consumen. Tenemos ya un fallecido, uno que, tanto fumaba, que falleció. Era del pueblo amahuaca. Lo llevaron al hospital, estaba con anemia porque ya ni comía. Ahora tenemos la sobredosis del jóven del pueblo de contacto inicial chitonahua”, cuenta una lideresa indígena. El joven debió ser enviado a Pucallpa.

Son seis los pueblos indígenas que comparten los territorios de las comunidades indígenas de Yurúa: amahuaca, asháninka, ashéninka, chitonahua, yaminahua y yanesha. Un grupo de familias del pueblo chitonahua salió del aislamiento a mediados de la década del 90 y actualmente se ha establecido en un sector de la comunidad nativa Dulce Gloria, luego de estar por algunos años en la comunidad Nueva Victoria.

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Consultado sobre la situación del grupo de indígenas chitonahua en contacto inicial, el Ministerio de Cultura señaló que “realiza el seguimiento al estado situacional del pueblo chitonahua, principalmente en lo relacionado a casos de salud”. También precisa que brindó asistencia técnica a la asociación responsable de la Concesión de Conservación Comunal Yurúa, “para que elabore su plan de contingencia para la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial [PIACI]”. Informó que, en lo que va del año, se han realizado “dos patrullajes con representantes indígenas y autoridades nacionales y regionales para identificar posibles situaciones de riesgo para los Piaci”.

El médico Óscar Chipana, responsable del centro de salud de Puerto Breu, dice que no hay un registro de los jóvenes que consumen drogas en las comunidades de Yurúa, pero que se escucha con frecuencia sobre estos casos, incluso de niños. Chipana es serumista, es decir, un médico recién titulado que realiza el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (Serums), y su tiempo en Puerto Breu ya está por terminar en menos de un mes. Los dos médicos que atienden el puesto de salud pertenecen al Serums y al cumplir su tiempo de servicio dejan la zona para que lleguen nuevos serumistas.

“Antes había un personal de psicología, era serumista. Estuvo trabajando hasta 2025, pero se fue porque había pocos pacientes. Esos temas [drogadicción] los veía básicamente psicología. Este año ya no mandaron a nadie”, comenta Chipana sobre la ausencia de especialistas que puedan atender a quienes consumen drogas.

Solo cuatro centros de salud atienden a todas las comunidades de Yurúa. El más grande y con más personas es el de Puerto Breu. “Por ser cabecera de microrred tenemos dos médicos, un personal licenciado en enfermería, dos técnicos de enfermería y auxiliares de enfermería contratados por la municipalidad. Por el momento, no tenemos laboratorio”, cuenta Chipana.

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Los otros lugares de atención de salud están en la comunidad Sawawo, en la frontera con Brasil, a unas 8 horas por río, pero esta distancia se puede convertir en un día o día y medio si el nivel del río baja demasiado; en la comunidad Dulce Gloria, a unas 5 a 6 horas de camino fluvial y en la comunidad Paititi, mucho más lejana. Chipana precisa que los puestos de Sawawo y Paititi están a cargo de técnicos en enfermería y en Dulce Gloria hay, además, un médico serumista y un obstetra que acaba de ingresar.

Los problemas más grandes ocurren cuando llegan pacientes con alguna afección grave, dice Chipana, y que deben ser trasladados a Pucallpa, ya que en esos casos dependen del transporte aéreo, principalmente de los vuelos de la Fuerza Aérea del Perú. Los vuelos privados tienen costos muy elevados.

Chipana cuenta que cuando un paciente debe ser trasladado, muchas veces tienen que esperar varios días mientras el sector salud realiza los trámites para el vuelo. En algunos casos, cuenta el médico, los pacientes prefieren no ser trasladados porque permanecer en Pucallpa significa un costo adicional para la familia que la población indígena no puede cubrir.

A todo esto se suman las condiciones climáticas. En esta ciudad fronteriza, cuando llueve, la pista de aterrizaje se llena de barro y ningún avión puede ingresar a Puerto Breu.

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En el local municipal, los representantes de las diez comunidades que llegaron para el congreso de Aconadiysh escriben en papelotes los problemas que enfrentan cada una de ellas. Se reúnen por grupos y escriben: chacras ilícitas de coca, caza y pesca indiscriminada e ilegales por parte de brasileños, extracción de madera, mochileros, invasión territorial, narcotráfico, extracción [ilegal] de aceite de copaiba, apertura de carretera, violencia familiar por exceso de alcohol.

La lista es el panorama completo de lo que se vive en cada una de las comunidades de frontera. Las que están justo en el límite con Brasil, como Koshineri, Oore y Santa Rosa, son las que se quejan principalmente de las invasiones de brasileños que ingresan a sus territorios para cazar y pescar en territorio peruano. Las que están más cerca de la carretera UC 105, como Sawawo, reclaman principalmente por los cultivos ilícitos. En Dulce Gloria hacen hincapié en la violencia familiar, mientras que Onconashari y Nueva Bella reclaman por la extracción ilegal de aceite de copaiba.

“El saqueo de la flora y fauna es constante, se llevan animales. Ahora que estamos aquí [en Puerto Breu] debe haber grupos de personas que están yendo a cazar en nuestra área”, dice Edwin Pérez Castro, líder asháninka de la comunidad Oori, vecina de Koshireni, en el límite con Brasil.

Esta comunidad queda a seis horas de Puerto Breu, cuando el río tiene poco caudal, pero en temporada de lluvia se puede llegar en tres. Desde Puerto Breu se debe navegar hasta ingresar a territorio brasileño, para luego entrar a la comunidad que está en territorio peruano. ¿Qué animales cazan?, preguntó Mongabay Latam: “Lo que aprovechan más son las tortugas, hay bastante, pero como siempre menciono, pueden cazar una vez para comer, pero ellos lo venden en Brasil”.

La jefa de Koshireni, Imelina Benavides, también habla del ingreso de brasileños a su comunidad. “La última vez que tuvimos un problema de extracción de madera en la comunidad fuimos con el comité de vigilancia a conversar con el presidente de la comunidad indígena del otro lado de la frontera. Y no solo nos afecta a nosotros, sino que están entrando a la reserva. Nosotros tenemos nuestra reserva que colinda con nuestras comunidades”.

Dos áreas reservadas colindan con las comunidades de Yurúa: la Concesión de Conservación Comunal Yurúa (CCCY) y la Reserva Indígena Murunahua. Son territorios biodiversos de bosques bien conservados donde viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

El estudio científico Diversidad de peces en la cuenca del Alto Yurúa, publicado en 2007, identificó 140 especies de peces. El río Yurúa obtuvo la riqueza de especiess más alta (90), comparada a la riqueza en Beu (87) y Breu (68).

“En tiempo de invierno cuando llueve y sube el agua del río entran a pescar y se llevan los pescados para vender”, cuenta la lideresa de Koshireni sobre quienes ingresan a su territorio en busca de estos recursos. Bagres, doncellas, zungaros son algunas de las especies que se capturan en los ríos y lagos de Yurúa.

El problema de la caza indiscriminada también es constante, dice Benavides: “Cazan sachavacas, monos, de todo. Siempre están entrando. Ahora que hay bastantes sajinos [pecaríes], se quedan dos, tres días en nuestro territorio. A veces traen siete, ocho, nueve sajinos. Eso duele porque en la comunidad no cazamos todos los días, solamente cuando celebramos una actividad”.

Elvis Mamani, también de la comunidad Koshireni y coordinador de su comité de vigilancia, habla de “las invasiones que hacen los hermanos de Brasil para tala ilegal”. “Este año hemos tenido tres incidentes”, agrega. “Han venido a la comunidad a proponernos que nosotros seamos parte de Brasil, ellos nos dijeron que como el Estado de Perú no les apoya, mejor que su comunidad se pase a Brasil, ustedes van a recibir más apoyo”, cuenta Mamani. “No lo hemos permitido porque sería traicionar a la Patria. Nosotros somos peruanos y vamos a pertenecer a Perú, donde hemos nacido y vamos a defender nuestro territorio”, reafirma.

Vicente López Marín, líder indígena del pueblo yanesha y uno de los fundadores de Koshireni, también habla de las invasiones que padecen por el ingreso de brasileños. “Hemos presentado documentos en diferentes instancias, al juez de paz, a la Prefectura, a la municipalidad, al Ejército, a la policía del distrito de Yurúa, pero no nos han respondido y siguen aumentando las amenazas, siguen las invasiones”.

A travé de un documento escrito, el Ministerio de Cultura respondió a Mongabay Latam que coordina con las comunidades nativas y organizaciones indígenas de Yurúa, “para realizar patrullaje en los accesos a la reserva como las cuencas de los ríos Alto Yurúa, Huacapishtea y Alto Breu”. Detalló que, en coordinación con la comunidad nativa Koshireni ha fortalecido la vigilancia en la zona gracias a la presencia de un agente del Ministerio de Cultura, que realiza labores de patrullaje. “En lo que va del año se han realizado siete patrullajes en dicho sector” junto con otras organizaciones.

Cultura también realiza acciones de información y sensibilización con las comunidades nativas del Brasil para promover el reconocimiento y respeto de los territorios peruanos. Señala que envió al Ministerio de Relaciones Exteriores y a otras instituciones del Estado información sobre la problemática registrada en la cuenca del río Breu y sobre las amenazas que hay en la zona de frontera.

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Recientemente, la alerta sobre la presunta desaparición momentánea del ex jefe de la comunidad de Onconashari, Américo Pascual, puso sobre la mesa el problema de la extracción ilegal de aceite de copaiba. En agosto, Pascual estaba cazando y se ausentó unos días. Al estar sin comunicación, en su comunidad creyeron que había sido asesinado. ¿Por qué? Por el ingreso de personas foráneas para extraer de forma ilegal este insumo, algo a lo que Pascual se enfrenta. En la reunión de Puerto Breu el actual jefe de la comunidad Onconashari, Robinson Pascual, hijo de Américo Pascual, identificó esta actividad ilegal como uno de los problemas de su comunidad.

En los últimos años el aceite de copaiba (Copaifera langsdorffii), un árbol originario de la Amazonía, se ha convertido en un insumo muy buscado por sus propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y sus efectos cicatrizantes, entre otras propiedades. En las farmacias y tiendas de cosméticos de Perú es posible comprar pequeños frascos de 15 mililitros a 30 soles (unos 9 dólares) y se promociona como aceite calmante y tonificante, que sirve para ayudar en la cicatrización de heridas, aliviar la tos o los síntomas de la artritis, entre otros beneficios para la salud.

Robinson Pascual dice que siempre ingresan “mestizos cobaiberos” a su comunidad para sacar “bastante aceite de copaiba, en bidones, se llevan 30 galones, por eso nosotros contamos con un comité de vigilancia y cada mes hacemos patrullaje”. El jefe de Onconashari señala a personas que llegan de Pucallpa y de Nueva Italia como los responsables de esta extracción no autorizada del aceite de copaiba. ¿Hace cuánto tiempo sucede?, preguntó Mongabay Latam: “Un año, dos años, ahorita siguen entrando al territorio”, asegura.

El jefe de Onconashari dice que hasta ahora no han realizado ninguna denuncia por lo que sucede en su comunidad porque no cuentan con pruebas, pero que realizarán patrullajes para contar con “esas evidencias”.

“Si llegan hasta ahí [comunidad Onconashari] para extraer aceite de copaiba es porque es carísimo”, dice Paul Pino, de Upper Amazon Conservancy, organización que trabaja con las comunidades indígenas de frontera para proteger sus bosques y su cultura.

Para extraer el aceite se perfora el árbol, se introduce un tubo y se extrae la resina, ese líquido viscoso se recolecta en recipientes y luego se sella el agujero hasta la siguiente recolección. Posteriormente se realiza un proceso de filtración y destilación.

“De Pucallpa lo llevan a Lima y lo transforman, o lo llevan a Brasil y lo transforman”, comenta Pino sobre el camino que sigue este aceite una vez que ha sido extraído. Otra comunidad en la que se extrae aceite de copaiba es Nueva Bella, pero en este caso, la comunidad cuenta con un plan de manejo para su extracción otorgado por la autoridad forestal.

Durante el encuentro en Puerto Breu, Robinson Pascual fue una de las tres personas que recibieron un celular como parte de los equipos entregados para proteger a los líderes indígenas que puedan estar expuestos a amenazas o han sido amenazados.

En la reunión de la Mesa Regional de Ucayali para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, que se realizó el 27 de agosto en Pucallpa, el presidente de ORAU, Jamer López, mencionó que había cinco personas amenazadas en las comunidades de frontera.

Mongabay Latam consultó con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre las amenazas a los que están expuestos la población indígena en las comunidades de frontera y las medidas que se toman ante los casos específicos.

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En noviembre de 2025, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y Aconadiysh formaron la Guardia Indígena Fronteriza. Lo hicieron durante un recorrido hasta el hito 38, uno de los puntos marcados como referencia de división en la frontera entre Perú y Brasil. Es uno de los hitos ubicados en la selva del distrito de Yurúa y el lugar donde se encontraba el puesto de control fronterizo que ahora tiene su oficina en Puerto Breu.

Vicente López Marín, de la comunidad Koshireni, es actualmente el presidente de la Guardia Indígena Fronteriza. “La guardia indígena nace por los problemas que nosotros vivimos en la frontera”, dice el líder indígena. “Para protegernos, unirnos, juntarnos, para defender nuestra frontera, nuestro territorio, por eso nace”, afirma.

López Marín llegó a la frontera en 2008 junto con su esposa, Jessica Camacho Quiñones, para unirse al grupo de personas del pueblo yanesha que dejó sus comunidades en la selva central en busca de nuevas tierras. Tres años antes, en 2005, integrantes del pueblo asháninka de la selva central habían abierto el camino para la formación de esta comunidad fronteriza.

El líder indígena cuenta que dejó su comunidad 7 de junio, en Pasco, porque cuando sus abuelos titularon el territorio “no pensaron que en 20 años o 30 años iba a poblarse, por eso, ahora no hay espacio para nosotros, los nietos”. Ahora, él y su esposa integran un grupo de ocho familias en Koshireni que, junto con las familias de la comunidad Oore, han sido las últimas en formar una comunidad de frontera, justo en el último tramo del territorio peruano antes de cruzar a Brasil.

La experiencia de López Marín en el territorio yanesha incluye haber enfrentado a los grupos armados Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionarios Túpac Amaru (MRTA) durante el conflicto armado interno. Eso lo ubica ahora como líder de la guardia indígena. En una de las charlas en Puerto Breu, López Marín contó cómo de adolescente aprendió a enfrentar a estos grupos armados.

“Nosotros vamos a monitorear, a hacer patrullaje, pero encontramos a las personas que están cometiendo la infracción, en algunos casos se ponen violentos y empiezan a amenazar. Por eso creemos que a través de la guardia indígena vamos a articular con la policía, para que nos dé apoyo y nos ayude a cuidar la seguridad de los comuneros”, dice Jessica Camacho, coordinadora del Comité de Vigilancia Comunal, voluntarios que colaboran con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). Además de custodiar su territorio, también vigilan las zonas reservadas colindantes con su comunidad, donde viven pueblos indígenas en aislamiento.

Las comunidades indígenas forman comités de vigilancia para monitorear su territorio. En algunos casos utilizan celulares y otros equipos electrónicos que los ayudan a georreferenciar la zona en la que puedan encontrar alguna actividad que está alterando el bosque. Ahora la apuesta es un paso más con la formación de guardias indígenas.

La que se acaba de crear en la frontera no es la primera, en la selva central ya existe la experiencia. Hasta el momento se han creado siete guardias indígenas o mecanismos similares de autoprotección en la Amazonía. Una de ellas es la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo del Perú (Gipkap) que las comunidades de la frontera han tomado como referencia según expresó el presidente de ORAU, Jamer López, en una de las reuniones en Puerto Breu.

“En esta reunión la guardia indígena se ha reforzado, se ha ampliado”, dice Jamer López. “Lo que quiere la guardia indígena no es reemplazar a las instituciones del Estado, sino que su función es ser un espacio de articulación, que no solamente esté enfocado en garantizar la seguridad de los territorios, sino también hacer alianzas estratégicas”, agrega el presidente de ORAU.

Carlos Torres, de Afronta, considera que la Guardia Indígena Fronteriza es una respuesta que busca dar solución a este grito desesperado de mayor presencia del Estado en estas comunidades fronterizas. “La población busca respuestas, busca crear alguna forma de solución y una de ellas es la guardia indígena fronteriza que busca cuidar, proteger y salvaguardar el territorio, la comunidad y sus recursos”, afirma.

Torres precisa que durante los días de reunión en Puerto Breu se han dado los primeros pasos. “Recién se está conformando un ABC de la Guardia Indígena Fronteriza, falta mucho que construir, hacer y organizar, pero ya se dio ese primer paso. Nosotros como Afronta estamos apoyando esta iniciativa tanto técnica como económicamente”.

Fernando Aroni, presidente de Aconadiysh, explica que esta organización solicitará al Estado para que reconozca a la guardia indígena y buscará “trabajar en vinculación con las autoridades competentes, como la Policía, el Sernanp, el MInisterio de Cultura y los comités de vigilancia comunal”. “Es un compromiso que figura en nuestra acta para poder minimizar la ilegalidad”, precisa.

El presidente de ORAU, Jamer López, señala que las guardias indígenas también tienen responsabilidades y, sobre todo, es importante crear protocolos de articulación. En el encuentro realizado en Puerto Breu, la Guardia Indígena Fronteriza validó su protocolo de autoprotección. “Es algo nuevo que se está formando y nuestra meta es que se convierta en un sistema, como una cadena territorial de alertas tempranas y de actuación colectiva cuando ocurre algún hecho”.

“Nuestros comuneros, los miembros de la guardia, conocen los hitos, conocen las fronteras, las zonas donde hay madera, donde hay copaíba, donde hay cierto grupo de animales o cierto grupo de árboles maderables y no maderables. Esto hace que podamos tener conocimiento del territorio y que a la hora de actuar podamos hacer una intervención estratégica, pues sabemos, por ejemplo, a qué distancia queda el lugar al que tienen que desplazarse”, asegura López.

Otro ejemplo que cita el presidente de ORAU tiene que ver con él tránsito de las personas en los ríos. “Muchas comunidades están a la orilla del río, entonces desde ahí se hace un control indirecto para saber cuántas personas entran, quiénes entran, qué día y en qué fecha salen”.

“Son 20 pueblos indígenas y cerca de 2 000 000 de hectáreas de territorio, lo que significa una responsabilidad muy grande, pero también significa gobernanza territorial indígena. Y en la medida en que se fortalece nuestra gobernanza, es más fácil hacer la articulación con los otros entes del Estado”, puntualiza López.

En la ceremonia de cierre del congreso de Aconadiysh, las 27 personas que se comprometieron a formar parte de la Guardia Indígena Fronteriza presentes en el auditorio municipal lucieron orgullosas para la foto final.

En la imagen están jóvenes líderes como Remigio Mañaningo Ramos, que a sus 28 años es el presidente de la comunidad Dulce Gloria; mujeres jefas de sus comunidades como Imelina Benavides y María Elena Paredes, presidenta de la comunidad Sawawo Hito 40. También los jefes comunales y los integrantes de los comités de vigilancia de sus comunidades posaron para perpetuar el momento en que se comprometieron a proteger el territorio peruano en una zona caliente de la frontera.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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