La exportación de oro de origen ilegal continúa expandiéndose. En el primer semestre de 2026, creció 19,4%, mientras que la de origen legal cayó 5,9%. Como resultado, en esta primera mitad del año, la exportación de origen ilegal ya superó a la legal en 8.7 toneladas y representó el 54% del volumen total de oro exportado, informó el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Para el cierre de 2026, el IPE estima que la exportación de oro de origen ilegal alcanzaría al menos 110 toneladas y podría superar las 120 toneladas. Este volumen representaría entre el 52% y 55% del total de oro exportado por el Perú.
Los elevados precios internacionales y la incapacidad del Estado para combatir la minería ilegal impulsan su expansión. En lo que va del 2026, el oro registró un precio promedio de US$4,500 por onza, 44% más que en el mismo periodo de 2025, cuando promedió cerca de US$3,125 por onza. JP Morgan proyecta que el promedio anual llegaría a US$4,545, el doble del registrado durante los últimos cinco años.
En este contexto, el valor exportado de oro de origen ilegal alcanzaría al menos los US$16 mil millones y podría superar los US$18 mil millones. Esto es, como mínimo, casi 9 veces más que lo registrado hace una década y 39% más que en 2025 (US$11.500 millones). Así, la minería ilegal continúa consolidándose como la economía ilegal que genera más dinero, duplicando el tamaño del resto de actividades ilícitas.
El IPE también se refirió al Reinfo. Señalaron que desde su creación en 2016, apenas el 2% de sus inscritos culminó la formalización y, pese a que el registro ya fue prorrogado cinco veces, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no descarta extender nuevamente su vigencia más allá de diciembre de 2026.
Al eximir a los inscritos de responsabilidad penal, el Reinfo también ha facilitado el avance de esta actividad sobre zonas restringidas como áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas. La minería ilegal también afecta operaciones formales, como Poderosa en La Libertad y Las Bambas en Apurímac, así como áreas destinadas a proyectos como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira. El IPE estima que están en riesgo proyectos que representan en conjunto más de US$12 mil millones de inversión.
“Enfrentar la minería ilegal exige un liderazgo claro y sostenido. Esto requiere cerrar definitivamente el Reinfo y recuperar la presencia efectiva del Estado en los territorios afectados. Asimismo, urge implementar una estrategia integral que combine formalización con plazos creíbles, trazabilidad robusta, fiscalización sostenida y cooperación transfronteriza”, subrayó el IPE.
En esa línea, también mencionaron que el Ejecutivo ha solicitado facultades para actualizar las normas sobre formalización y trazabilidad minera, simplificar procedimientos y brindar asistencia técnica para el desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos. En paralelo, ha anunciado también que presentará una nueva ley MAPE.
