Cada vez que intento explicar el funcionamiento de la política peruana a un extranjero, le sugiero partir de la siguiente premisa: las dos características principales de los políticos peruanos son la traición y el amateurismo. Estos suelen traicionarse entre sí: un vicepresidente complota contra su titular para reemplazarlo, el miembro de una bancada busca migrar a otra al primer desencuentro con su colectivo, etc. Por ejemplo, en los cinco años del último legislativo unicameral, 57 parlamentarios cambiaron de grupo al menos una vez (seis lo hicieron tres veces, y uno, hasta cuatro). No solo no hay partidos; no hay lealtades. Además, sin reelección –salvo al nivel congresal y concejos municipales y consejos regionales–, la mirada a largo plazo no existe. Cuarenta y un excongresistas postularon a la reelección en abril pasado; solo 23 mantuvieron una curul. En resumen: deslealtad e inexperiencia.
A esta capa estructural de la política nacional se superpone una suerte de mal endémico de estos tiempos: los políticos tienden a estar más polarizados que sus representados. Pero no solo se trata de distancias ideológicas, sino también de demonización del rival, al cual se busca deslegitimar. Un ejemplo recurrente en nuestro medio es cuando la derecha “terruquea” a cualquiera que está a la izquierda del centro programático, y cuando la izquierda convierte a cualquier fujimorista o aliado inmediatamente en “autoritario”. Esta polarización afectiva no se ha atenuado con el nuevo legislativo bicameral, que ya nos ha ofrecido un par de ‘pechadas’ entre algunos senadores. Las acusaciones mutuas no cesan, al punto de que la negociación y la concertación se suponen inviables. Cualquier institución política –incluso las mal diseñadas– requiere de reglas informales que las complementen. Pero la conflictividad actual entre nuestras élites –políticos, periodistas, opinólogos, intelectuales-artistas, ‘youtubers’ yaperos– instaura la desconfianza, la descalificación del oponente, la mala fe, y hace más disfuncional al diseño bicameral asimétrico que debería enmendarse en la práctica, antes que en una nueva reforma. No falta algún mercachifle de la opinología barata que ya esté etiquetando de “dictadura senatorial”, y algún fracasado reformólogo tirando barro en la prensa internacional.
Después de 34 años retornamos a la bicameralidad con una política mucho menos articulada en partidos cohesionados. La nueva realidad legislativa se tensa por dos ejes de competencia. El primero es horizontal: disputas entre el oficialismo y la oposición, con dominio de cada bando en cada cámara; el otro es vertical: entre cámaras. El primer eje de competencia responde a la realidad proveniente de la conversión de los votos en escaños: una mayoría opositora en Diputados y un empate en el Senado. Es decir, un oficialismo controlado, al que solo le queda protegerse y negociar. De hecho, si hubiésemos mantenido el modelo anterior, tendríamos nuevamente un gobierno dividido (oficialismo sin mayoría parlamentaria). Hoy, casi.
El segundo eje de competencia responde a un diseño asimétrico, con las prerrogativas del Senado imprecisas en algunos puntos (como en la delegación de facultades). Quienes ya acusan al oficialismo senatorial de autoritario, pudieran hacer lo mismo con la oposición de Diputados. Pero no se trata de profundizar la grieta. A diferencia de lo que suponen los constitucionalistas, no basta con aplicar la norma (que se interpreta según convenga), sino de establecer reglas informales que inclinen la balanza a uno de los lados. En este punto nos enfrentamos con el espejo. Si el oficialismo parlamentario quiere facilitarle la vida al Ejecutivo, en su afán de asegurar los votos, tiene como opciones dos instituciones informales de la política: promover la traición de parlamentarios de otras bancadas o gestar la convicción del consenso multipartidario. La primera se consigue a través de prebendas; la segunda, con reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. Así funciona cualquier democracia, valga la aclaración.
Si nos fiáramos por los antecedentes, la institución de la traición ha sido la más usual. Pero hay dos factores inéditos a considerar. Por un lado, las nuevas normas congresales desalientan el transfuguismo, pues el cambio de camiseta solo se puede realizar una vez en cinco años; de otro modo, el tránsfuga pasa al exilio del ‘grupo mixto’. Por otro, el fujimorismo tiene más experiencia que el resto en negociación parlamentaria, y hay una agenda de largo plazo que convenir cuando se toman cafecitos con los colegas de otras tiendas: BCR, TC, Defensoría del Pueblo, entre las principales. Además, hay un mayor celo entre varios de los naranjas por mejorar su reputación. Como ven, si se logra reducir la traición política y poner a prueba la experiencia para los acuerdos, estaríamos en mejores condiciones de sacar lo mejor de la bicameralidad.
En los últimos años, el núcleo de la inestabilidad política del país ha surgido del transfuguismo y amateurismo parlamentarios. El debilitamiento de nuestras instituciones no se ha originado en la vocación autoritaria de algunas bancadas (muchas de ellas, desaparecidas y sin inscripción), sino en la disfuncionalidad que han insertado en el sistema decenas de excongresistas indisciplinados y novatos en lides nacionales: abandonando sus grupos originales y debilitando la cohesión en los grupos de destino, movimientos explicados por la gestión de intereses de clases económicas emergentes y paralegales, antes que por preferencias programáticas. El diseño bicameral, a pesar de sus debilidades, promete crear las condicionantes de una mayor disciplina legislativa y, por lo tanto, coadyuva a una mayor estabilidad política. Pero su éxito, como casi siempre, no dependerá de sus reglas, sino de que quienes ocupan hoy un escaño estén dispuestos a hacerlas funcionar.