El presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Elvis Vergara (Acción Popular), informó el lunes 9 de marzo que dicho grupo de trabajo recibió cinco denuncias contra el mandatario José María Balcázar (Perú Libre). Las acusaciones fueron presentadas en su calidad de congresista de la República, no como jefe del Estado.
Durante una sesión de la comisión, Vergara señaló que las denuncias “se encuentran en evaluación” para verificar si cumplen con los requisitos formales establecidos por la normativa parlamentaria. Posteriormente, en declaraciones a la prensa, precisó: “Hay una que es por haber propuesto a un personal en una institución pública. [Pero] no puedo adelantar”.
Una fuente de El Comercio indicó que las cinco denuncias fueron presentadas por ciudadanos hace aproximadamente una semana o semana y media. Según detalló, estas se refieren, entre otros hechos, al presunto plagio de la tesis de su hijo para la publicación de un libro que habría sido utilizado para favorecer un ascenso en su carrera judicial. Este caso fue revelado en febrero pasado por el programa dominical “Panorama”.
Además, otra de las denuncias hace referencia a declaraciones realizadas por Balcázar en el 2023, cuando afirmó que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”. La afirmación fue emitida durante una sesión de una comisión del Congreso que debatía un dictamen orientado a prohibir el matrimonio infantil.
Elvis Vergara dio cuenta de las denuncias presentadas contra Balcázar. Foto referencial: Congreso de la República
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La misma fuente explicó que los denunciantes ya han sido notificados para que subsanen o completen la documentación necesaria a fin de que cumplan con todos los requisitos exigidos. Precisó que el hecho de que Vergara haya informado sobre las denuncias durante la sesión del lunes no implica que todas hayan superado aún el control formal requerido.
De acuerdo con el reglamento de la Comisión de Ética, las denuncias deben incluir, entre otros elementos, la exposición de los fundamentos de hecho y, cuando corresponda, de derecho, así como los medios probatorios que respalden las acusaciones. Solo después de verificar el cumplimiento de estos requisitos el grupo de trabajo puede evaluar la eventual si procede iniciar indagaciones preliminares.
No obstante, la misma fuente precisó que aún están evaluando cómo proceder en estos casos, debido a que Balcázar no solo es congresista, sino presidente de la República encargado.
Según el reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria, una vez presentada la denuncia, el grupo de trabajo cuenta con un plazo de hasta 15 días hábiles para determinar si los hechos denunciados ameritan el inicio de una investigación.
Este plazo puede prorrogarse por única vez con el voto favorable de la mayoría de los miembros de la comisión, en caso la indagación resulte compleja. La prórroga no puede exceder de cinco días hábiles adicionales.
Durante ese periodo, la comisión realiza una indagación preliminar y puede citar a las partes involucradas. Esta etapa de indagación tiene carácter reservado.
Concluido ese periodo, la comisión debe verificar si el hecho denunciado podría constituir una infracción a la ética parlamentaria y si los indicios o pruebas presentadas permiten continuar con una investigación.
Además, el reglamento establece que aquellas denuncias que no presenten una relación lógica entre el petitorio y su fundamentación pueden ser declaradas improcedentes.
Como máxima sanción, la Comisión de Ética podría sugerir al pleno del Congreso que Balcázar sea suspendido de sus funciones por 120 días.
Abogados constitucionalistas consultados por El Comercio destacaron que no hay antecedentes para este caso. Es la primera vez que un presidente de la República encargado es denunciado ante la Comisión de Ética.
En opinión del constitucionalista Heber Campos, las denuncias no deberían avanzar. “En principio, no pasa absolutamente nada. Su cargo de congresista está en suspenso. Por tanto, no procede que se le inicie un procedimiento en ética en estos momentos”, dijo.
Abogado constitucionalista Heber Joel Campos. (Foto: IUS 360, el portal jurídico de IUS ET VERITAS).
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Para Campos, “es un sinsentido, producto de un vacío legal que hasta ahora no ha sido cubierto, relativo a cuál es el estatus del congresista que asume la presidencia de la República”.
No obstante, en opinión del constitucionalista Alejandro Rospigliosi, los casos deben seguir su curso.
Rospigliosi señaló que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de Dina Boluarte lo blinda de investigaciones preliminares del Ministerio Público, pero no dice nada de la Comisión de Ética. “Es un caso interesante. Es nuevo en el derecho”, destacó.
Para Rospigliosi, “siguiendo la línea de interpretación de la Constitución y del reglamento del Congreso, el presidente de la Mesa Directiva que se encarga de la presidencia de la República sigue siendo congresista, por lo tanto, debería someterse a la investigación de la Comisión de Ética”.
Una postura similar sostuvo el constitucionalista Erick Urbina. Consultado si hay algún impedimento legal para que la comisión investigue a Balcázar, señaló: “A mi juicio, no lo hay porque -por ley expresa- él no ha perdido su condición de congresista de la República”.
No obstante, Rospigliosi y Urbina coincidieron en destacar que los plazos que maneja el Congreso para resolver denuncias evaluadas por la Comisión de Ética podrían jugar a favor de Balcázar. A este le quedan poco más de cuatro meses en el cargo.
“Lo real es que muy pocos casos de la Comisión de Ética llegan al pleno. Hay cuántos ‘mochasueldos’ blindados. Además, este es un Congreso saliente, por lo que es muy poco probable que haya, siquiera, un informe final aprobado en la Comisión de Ética”, dijo Rospigliosi.
