La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el último miércoles 17 un predictamen que introduce cambios sustanciales al régimen de concesiones mineras. Especialistas consultados por El Comercio advirtieron que la propuesta afectaría la estabilidad jurídica y la competitividad del sector si es respaldada por el pleno.
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Desde el Parlamento, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales, también cuestionó el predictamen, que calificó de nefasto.
“Es un predictamen absurdo y nefasto que contiene una serie de mentiras populistas. En realidad, lo que se intenta con esto es justificar caprichos ideológicos que solo lograrían empobrecer al país. No tienen la mínima vergüenza al intentar aprobar iniciativas que forman parte del propio plan de gobierno de Juntos por el Perú y de su candidato presidencial, Roberto Sánchez, a quien considero el presidente en la sombra de la Comisión de Energía y Minas”, denunció en diálogo con El Comercio.
La legisladora también cuestionó la reducción del plazo de las concesiones. Coincidió con Arenas en que el plazo propuesto no se ajusta a la realidad del sector.
“En primer lugar, pretenden modificar la Ley General de Minería para reducir el periodo de la concesión a 15 años. Sin embargo, según datos del Banco Mundial, un proyecto minero formal en el Perú puede demorar entre 25 y 28 años en concretarse, mientras que el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que este plazo es de 45 años. Por lo tanto, un proyecto tarda entre 25 y 40 años debido a que se deben obtener más de 230 permisos, muchos de los cuales son requisitos previos para tramitar otros”, explicó.
Gonzales también advirtió sobre el impacto económico de las nuevas penalidades.
“Incrementar la penalidad en casi un 400% solo provocará que no haya inversión futura en nuestro país, haciendo que el Perú siga el pésimo ejemplo de Bolivia.”
Por último, criticó el nivel de ausencias durante la sesión en la que se aprobó el predictamen. “Ayer [miércoles 17] en la Comisión de Energía y Minas hubo un gran ausentismo; me llamó la atención la cantidad de licencias que se solicitaron. Es necesario mostrar una posición firme contra la minería ilegal y defender al país; de lo contrario, se le está haciendo el juego a las mafias. En esta lucha no hay espacio para licencias ni para abstenciones. El que no vota, encubre con un silencio cómplice, y el que se ausenta permite que este tipo de dictámenes nefastos para el país pasen al pleno. Aquí no hay grises: o se defiende al Perú o se favorece a la ilegalidad”.
Los congresistas que no votaron por encontrarse con licencia o dispensa fueron Arturo Alegría, Patricia Juárez, César Revilla Villanueva (Fuerza Popular), Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Rosio Torres (Alianza para el Progreso). Tampoco votaron Paul Gutiérrez (Somos Perú), Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), Héctor Ventura (Fuerza Popular).
El abogado César Ipenza, especialista en derecho ambiental, destacó que el predictamen contiene disposiciones que vulnerarían principios constitucionales y afectarían la inversión privada.
“La propuesta señala que las empresas podrán suscribir acuerdos que incluyan aportes a fondos comunales y programas de empleo local; sin embargo, en la práctica, esto obliga a transferir patrimonio empresarial a terceros sin indemnización alguna. Considero que esto representa una expropiación encubierta e inconstitucional, que afecta la libertad de empresa y desincentiva la inversión necesaria en el sector”, dijo a El Comercio.
Ipenza también cuestionó el incremento en los derechos de vigencia.
“Otro punto crítico es el aumento del derecho de vigencia hasta en un 300%, establecido sin justificación técnica. Se propone una escala progresiva que llega a los 12 dólares por hectárea para quienes superen las 100,000 hectáreas. Dado que este cobro no está vinculado a una obligación de producción, se termina castigando las operaciones mineras y restando competitividad al Perú, que ya posee costos de mantenimiento de concesiones elevados en comparación con la región”, destacó.
En opinión de Ipenza, el término “concesión ociosa” es sumamente cuestionable, pues en la realidad peruana un proyecto minero puede tardar más de 40 años en desarrollarse. “El plazo propuesto por la norma no permite siquiera cubrir la etapa exploratoria, debido a las exigencias de análisis técnicos y procesos de consulta previa”, alertó.
Por último, consideró que la iniciativa no aborda adecuadamente el problema de la minería informal.
Ipenza señaló que la propuesta carece de sustento técnico y reduce la competitividad del país. “Esta iniciativa ha sido impulsada por el congresista Bellido bajo la premisa de otorgar concesiones a pequeños mineros ante invasiones de informales a la gran minería. No obstante, está documentado que el 70% de las concesiones invadidas pertenecen a otros pequeños mineros, y no a la mediana o gran minería, por lo que el problema no se está abordando correctamente”, dijo.
Con la aprobación en la Comisión de Energía y Minas, el predictamen queda listo para ser debatido en el pleno del Congreso, la última y definitiva instancia parlamentaria.
El tema surge en un contexto electoral.
