Una nueva controversia se ha esparcido por el gobierno del presidente colombiano de Abelardo de la Espriella, luego de que el mandatario revelara que autorizó un plan piloto de aspersión aérea mediante pesticidas, una práctica utilizada intensamente contra los campos de hoja de coca para combatir el narcotráfico, pero que fue suspendida en el 2015 y prohibida en el 2017 debido a sus efectos secundarios del pesticida utilizado, el glifosato, sobre cultivos, el medio ambiente y la salud de las personas.
De la Espriella, asumió el cargo el 7 de agosto, ha mostrado en repetidas ocasiones su oposición a esta decisión y prometió regresar a la fumigación si llegaba a la presidencia.
Este nuevo programa piloto tiene un notable cambio en el veneno de su elección, al utilizar glufosinato de amonio, un herbicida clasificado como “moderadamente peligroso” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mediante una resolución publicada en el Diario Oficial, el Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia autorizó la ejecución de la ejecución de una “fase experimental controlada, limitada, temporal y ejecutable” mediante aeronaves tripuladas y con el compuesto químico glufosinato de Amonio 200 SL, exclusivamente en los polígonos que sean habilitados para la operación.
Se tratará de una operación limitada, a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran) del país, con un cupo máximo de 1.000 hectáreas y con una duración operacional de hasta siete días calendario.
Las autoridades han enfatizado que la prueba no debe interpretarse como una reanudación de la anterior política, sino como un intento de “obtener evidencia científica sobre la eficacia del herbicida, la precisión de las aplicaciones, la posible deriva del producto” y sus riesgos e impactos sobre la salud y el medioambiente.
Sin embargo, expertos consultados por El Comercio opinaron que más que curiosidad científica, el acto es más que nada un gesto político de un gobierno que ha prometido mano dura contra la delincuencia y tiene poco tiempo para demostrarlo.
“Yo creo que es más espectáculo, más teatralidad, como todo lo que está llegando con este gobierno”, opinó el politólogo colombiano Néstor Julián Restrepo.
El glufosinato de amonio es un herbicida utilizado para controlar malezas, aunque sirve para un amplio experto de plantas. Según un estudio publicado OMS, funciona inhibiendo “glutamina sintetasa, una enzima que desempeña un papel importante en la desintoxicación del amoníaco, el metabolismo de los aminoácidos y la biosíntesis de proteínas y nucleótidos en las plantas.”
Un avión fumigador de la policía colombiana rocía herbicidas sobre plantas de coca en las afueras de Medellín el 23 de julio de 2003. (Foto de Jack GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
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Esto pone al glufosinato de amonio dentro de la Clase II, correspondiente a sustancias “moderadamente peligrosas”, mientras que el glifosato figura en la Clase III, de sustancias “ligeramente peligrosas”. Muestra del riesgo que implica este pesticida que no está permitido en la Unión Europea.
Es un problema se amplifica si se utiliza el método de la fumigación aérea, el cuál discrimina poco entre los cultivos a los que apunta y los espacios aledaños, sean cultivos de alimentos, ecosistemas o incluso comunidades.
Otro factor que queda en duda es la efectividad del glufosinato de amonio para eliminar los cultivos de coca, en teoría su principal objetivo. Javier Flórez, director del Área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), indicó en una entrevista con Radio Caracol que el glufosinato de amonio no tendría las mismas características que el glifosato para afectar la planta desde la raíz.
“El resultado es peor frente al glifosato, no es el mejor herbicida y genera mayores daños en el medio ambiente”, afirmó.
La decisión de volver a experimentar con aspersiones aéreas no puede entenderse sin revisar la historia del glifosato en Colombia. Durante años, la fumigación desde aeronaves fue una de las principales herramientas del Estado colombiano para combatir los cultivos ilícitos, particularmente los cultivos de coca, materia prima de la cocaína.
Pero sus efectos sobre la salud y el medioambiente generaron una creciente controversia. El gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) suspendió en el 2015 las fumigaciones con glifosato por motivos sanitarios y, en el 2017, la Corte Constitucional terminó consolidando la suspensión en medio de cuestionamientos por sus posibles efectos sobre las poblaciones campesinas y los ecosistemas. Esta decisión legal obliga a que cualquier reanudación de este tipo de actividades esté condicionada al diseño de un plan acordado con las comunidades.
Varias personas protestan contra el uso del glifosato como herbicida en las fumigaciones aéreas contra los cultivos ilícitos, frente al edificio de la Corte Suprema en Bogotá, el 20 de abril de 2021. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
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Cabe señalar que lo que se prohibió no fue el mismo glifosato, sino el método de aspersión aérea. Y hasta la fecha todavía se puede regar el producto de forma manual.
A esta historia se sumó una controversia internacional, cuando en 2008 Ecuador demandó a Colombia Corte Internacional de Justicia alegando que las fumigaciones con el pesticida glifosato en las zonas fronterizas y teniendo un efecto nocivo sobre cultivos y habitantes del lado ecuatoriano.
La demanda fue retirada en el 2013, luego de que Colombia se comprometiera a entregar una indemnización y a no fumigar en áreas fronterizas.
Una reanudación del programa, aunque sea con un pesticida diferente, podría estar sembrando las semillas de un nuevo conflicto similar, si el gobierno colombiano no tiene suficiente cuidado.
Para Abelardo de la Espriella, la medida tiene una dimensión que va más allá de la elección de un herbicida.
El mandatario llegó al poder el 7 de agosto con la promesa de recuperar las aspersiones aéreas como parte de una estrategia de mano dura contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y para el cual la fase de “luna de miel” es relativamente corta. Tiene además una presión internacional en Washington, que bajo la administración de Donald Trump ha adoptado una actitud más militante frente al narcotráfico en el hemisferio sur.
Es así que Restrepo notó que no es una coincidencia que si bien la resolución que autorizó el piloto fue firmada el 18 de agosto, esta fue publicada el 9 de septiembre, un día después de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a tierra colombiana.
“(El anuncio) construye toda una narrativa de ser efectivos y también lógicamente eso va al gobierno de Estados Unidos”, consideró el politólogo, quien notó que la nueva relación entre Washington y Bogotá dista de ser la alianza más equitativa del plan Colombia. “(EE.UU.) está dando muy poco a cambio. Por ejemplo, De la Espriella les pidió que le quitaran los aranceles de 12,5% al país a cambio de atacar directamente el narcotráfico y todas esas cosas, pero el gobierno de Donald Trump llegó con las manos vacías.”
