Carlos Loyola Escajadillo, ingeniero industrial, es el único postulante que continúa en carrera para asumir la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este martes 14 de julio afrontará la última etapa: la entrevista personal.
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Contraloría señaló en un informe que Loyola cometió una falta grave no solo por recibir el dinero, sino también al habilitar presupuestalmente el gasto.
El informe sostiene que, como jefe de la oficina, se esperaba que detectara que esos beneficios no le eran aplicables a su régimen de “gerente público”. Loyola fue el único beneficiario de estos pagos irregulares.
Consultado por este Diario, su equipo de comunicación confirmó que Loyola ya devolvió la totalidad de los pagos irregulares a la entidad.
Viajes y sorteos
En el 2019 Loyola autorizó habilitaciones presupuestales por S/ 80,172.39 para cubrir pasajes y viáticos a funcionarios de Reniec.
El viaje incluía tours al Cañón del Colca, la Ruta del Sillar y cenas de gala en Arequipa. Según revela el informe N° 031-2020-2-0646, el dinero público habilitado por Loyola se habría disfrazado bajo el concepto de “comisiones de servicio” para las “XIX Olimpiada Nacional Reniec Arequipa 2019”.
Según el documento de control, las actividades pagadas “no tenían relación alguna con los objetivos de la entidad ni con las funciones de los comisionados”.
Por este hallazgo, la Contraloría General de la República le atribuyó presunta responsabilidad civil y administrativa.
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Loyola –a través de su equipo de prensa– indica a este Diario que el viaje “se trató de una actividad institucional aprobada en el plan operativo de la entidad que todos los años realizaba Reniec por casi 18 años”. Además indica que no se trató de un viaje de turismo financiado con recursos públicos.
Lo cierto es que por ese tema se le abrió un proceso administrativo disciplinario junto a cuatro funcionarios de la entidad, aunque el expediente no derivó en sanciones. Y, tiempo después, la entidad, dejó prescribir el caso.
Pero no fue la única vez. Loyola también autorizó el uso de S/ 78 mil soles para un “sorteo de útiles escolares”, destinado a los trabajadores. Pero ese tipo de prácticas estaban prohibidas por ley y más aún cuando los trabajadores ya recibían bonos de escolaridad. Loyola fue quien firmó los memorandos de certificación de crédito presupuestario.
El caso de los sorteos también le valió a Loyola la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario junto con otros tres funcionarios. En primera instancia, todos fueron hallados responsables y sancionados; sin embargo, el Tribunal del Servicio Civil de Servir revocó posteriormente dichas sanciones.
