La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, ya tenía un camino trazado para este jueves 1 de octubre. La Junta de Portavoces había acordado tres horas de debate en el pleno de la Cámara de Diputados y, después, una votación que requería 66 votos para sacarlo del cargo. No obstante, terminó sin llegar a ese punto.
La moción impulsada por Juntos por el Perú perdió este miércoles 30 las firmas necesarias para ser debatida. Los diputados Víctor Piñán, Heber López y Luis Masco, del Partido Cívico Obras, enviaron oficios a la Oficialía Mayor del Congreso para solicitar el retiro de sus firmas. Con esa decisión, pasó de 35 a 32 adhesiones, una menos de las 33 necesarias para su presentación.
En cuestión de días, la propuesta fue perdiendo respaldo político. Primero, Ahora Nación acordó rechazarla por mayoría. Luego, Obras terminó inclinándose por no censurar a Astudillo.
En tanto, el Partido del Buen Gobierno, que había firmado la iniciativa, también retrocedió. “Nuestra posición es la de no apoyar la censura. Hemos conversado con el ministro del Interior”, dijo el diputado Fernando García.
Finalmente, cuando Obras acordó rechazar la propuesta, sus propios diputados que habían suscrito la moción retiraron sus firmas.
La sesión del pleno para discutir la moción debía realizarse este jueves, pero sin las firmas necesarias, tuvo que ser suspendida por el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, del Partido del Buen Gobierno.
La moción fue impulsada por Juntos por el Perú, que argumentó una “manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo” por parte de Astudillo.
La mayoría de las firmas fue de Juntos por el Perú, pero también tuvo adhesiones de diputados de Obras y del Partido del Buen Gobierno.
La composición inicial de los apoyos permitía que Juntos por el Perú tenga expectativa. El partido de Roberto Sánchez cuenta con 32 diputados, a los que podía sumar 18 del Partido del Buen Gobierno y algunos respaldos de Obras. Por ello, la búsqueda de votos tenía como piezas centrales a Obras y Ahora Nación.
Pero el martes pasado, el diputado José Marcelo, de Ahora Nación, explicó que la agrupación consideraba que habían transcurrido apenas dos meses de gestión y que no encontraba una falta ética o moral que justificara la salida del ministro.
Esa decisión no fue unánime. Los diputados Jair Manrique e Indira Huilca anunciaron que sí votarían a favor de la censura. Ambos habían expresado dentro de su bancada sus discrepancias con la posición mayoritaria.
Manrique contó que no firmó inicialmente la moción porque consideró prudente otorgar un plazo razonable antes de evaluar la gestión, pero que, una vez planteada la censura, su balance fue desaprobatorio.
Por su parte, Huilca dijo que las decisiones de la actual gestión del Interior no apuntan a reducir la violencia armada ni a enfrentar con firmeza a las organizaciones criminales.
Con ello, en Ahora Nación, la moción contaba con dos votos a favor y ocho en contra.
Aunque la moción fue presentada con las firmas de cuatro diputados de Obras, el presidente del partido, Ricardo Belmont, consideró prematuro censurar a un ministro después de dos meses de gestión.
El lunes, Belmont sostuvo que un ministro debía contar con un período mínimo de seis meses para desarrollar su plan de trabajo. “Tú no puedes sacar a un ministro al mes, destruyes un plan cualquiera”, afirmó en RPP.
El último martes, senadores y diputados de Obras se reunieron con Belmont para evaluar la censura.
El diputado Víctor Piñán, vocero de la bancada de diputados, contó después a El Comercio que la votación interna estuvo “casi pareja”, con una diferencia de uno o dos votos.
Piñán estuvo a favor de la censura y consideró que Astudillo debía responder por la situación de inseguridad, pero esa no fue la posición mayoritaria.
“Yo, como vocero, tengo que respetar los acuerdos que toma la mayoría de mi bancada”, dijo a El Comercio tras retirar su firma de la moción.
Piñán agregó que su decisión no significa otorgarle un “cheque en blanco” al ministro. Señaló que Obras ejercerá su función de control político y fiscalización, pero la diferencia está en el plazo.
La posición del partido es darle a Astudillo un “tiempo prudente” para implementar las políticas que presentó ante el Congreso. Ese período, añadió, podría ser de entre cinco y seis meses.
