Con los resultados para el Congreso bicameral casi definidos, toca volver la mirada hacia el actual período unicameral, que estará en funciones hasta julio próximo. Y resulta necesario no perderlos de vista porque los congresistas aún tienen en su potestad aprobar las últimas bombas de tiempo antes de dejar sus curules.
La mayoría de los legisladores que no lograron la reelección (el 74% de los 91 que postularon se quedan fuera) buscarán sacarle el máximo provecho al cargo en los meses que quedan. El saqueo institucional de los últimos años entra en su etapa final, y puede resultar el más peligroso si tomamos en cuenta que la atención mediática se mantiene capturada entre la foto final de las presidenciales, la campaña de la segunda vuelta y la entrada a lo que serán los comicios subnacionales.
Son dos los terrenos en los que los salientes congresistas buscarán sacarle el máximo provecho a sus cargos. El primero es el más próximo, el legislativo, en el cual meterán cualquier contrabando o buscarán revivir medidas populistas. Hay varios ejemplos, como la norma que dispone la creación del Colegio Profesional de Artistas, en la cual se han incluido disposiciones que afectan a otros colegios profesionales.
También hay iniciativas populistas como la que propone un noveno retiro de los fondos del sistema privado de pensiones (entiéndase, las AFP). No sorprendería si, en algunos de los próximos plenos, se mete un dictamen exprés intentando aprobar dicha norma, que significaría un contrasentido y un gran riesgo para el golpeado sistema de pensiones del Perú.
De igual manera, Juntos por el Perú –a través de la Comisión de Energía y Minas– viene impulsando un dictamen sobre “concesiones ociosas” que puede dar mayores incentivos a la minería ilegal.
El segundo terreno, menos visible, es el copamiento que buscarán los legisladores para dejar la mayor cantidad de personas ubicadas en puestos estratégicos del Estado. No es casualidad que, el viernes pasado, el hermano de un congresista fuera detenido en un vehículo de Provías –entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones–, además de que se trata de una persona que trabaja para una empresa proveedora del Estado. La triangulación perfecta en la cual los parlamentarios colocan a personas claves de su entorno para beneficios que exceden las facultades de su investidura.
Fuerza Popular y Renovación Popular, que tendrán importante representación en el Congreso bicameral, son los llamados a buscar un cierre tranquilo de esta era unicameral para el olvido. De no hacerlo, será una muestra de que poco se puede esperar de su actuar para el nuevo Parlamento, donde se repetirán varios rostros unicamerales en ambas cámaras. Una forma digna de cerrar este quinquenio sería –además de no mover nada en el tablero legislativo, sobre todo con impacto fiscal negativo– debatir los informes de Ética que recomiendan sancionar a tres congresistas.
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