Durante el allanamiento a la vivienda del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, la Fiscalía Anticorrupción halló e incautó un pasaporte peruano vigente que no fue proporcionado al Ministerio Público, pese a que días antes del operativo, el investigado entregó otros dos pasaportes.
Durante el allanamiento a la vivienda del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, la Fiscalía Anticorrupción halló e incautó un pasaporte peruano vigente que no fue proporcionado al Ministerio Público, pese a que días antes del operativo, el investigado entregó otros dos pasaportes.
Como se recuerda, Corvetto facilitó dos pasaportes a la Fiscalía, uno peruano y otro italiano, como prueba de su disposición para colaborar en las investigaciones ante las presuntas irregularidades logísticas, durante la jornada electoral del último domingo 12 de abril.
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Esta señal de colaboración ha sido cuestionada por la Fiscalía Anticorrupción tras el hallazgo de un tercer pasaporte peruano activo, durante el allanamiento.
Por esa razón, el fiscal Raúl Martínez, del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, incluyó este pasaporte como un elemento de convicción para solicitar el impedimento de salida del país, por 18 meses, contra Piero Corvetto y otros seis involucrados en el proceso fiscal, como el gerente general de la empresa Servicios Generales Galaga, Juan Charles Alvarado Pfuyo.
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El requerimiento será debatido por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo, el próximo jueves 30 de abril a las 11.00 de la mañana.
La Fiscalía Anticorrupción sigue una investigación contra Corvetto, exfuncionarios de la ONPE y civiles por la presunta comisión del delito de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Esto a raíz de los problemas logísticos durante las elecciones, presuntas inconsistencias en la gestión del proceso electoral y posibles beneficios entregados a terceros.
De aprobarse el impedimento de salida, el exjefe de la ONPE no podrá abandonar el país durante 18 meses, mientras continúan las investigaciones.
