Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuvo que aclarar el alcance de su anuncio de una posible liberación anticipada de presos vinculados a las pandillas, después de que sus primeras declaraciones generaran confusión sobre el número de beneficiarios. El mandatario dijo inicialmente que el plan podría favorecer al 50% de los presos que habían colaborado con estos grupos, una afirmación que fue interpretada como una posible medida que alcanzaría a la mitad de los 96.457 reos vinculados a las pandillas y que permanecen detenidos desde el 2022, durante el régimen de estado de excepción. Pero la cifra a la que se refería es mucho menor.
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Bukele también cuestionó a los medios que informaron que liberaría a la mitad de los presos, unas 46.000 personas, y exigió que publiquen una rectificación o una aclaración.
El presidente admitió que algunos detenidos pudieron colaborar con las pandillas bajo coacción. Distinguió entre quienes ejercían violencia y quienes colaboraban con los criminales para sobrevivir o evitar represalias.
Reconoció que, en un país sometido al control de estos grupos, la colaboración no era inusual y llegó a afirmar que, de detener a todos los colaboradores, habría que arrestar al 20 % de la población de El Salvador, país que tiene 6,4 millones de habitantes.
Bukele y la concentración del poder
La llegada de reclusos pertenecientes a las pandillas MS-13 y Barro 18 a la nueva prisión «Centro de Internamiento de Terroristas» (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 15 de marzo. 2023. (AFP).
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Para Gabriel Labrador, periodista de El Faro que cubre temas de política, corrupción, seguridad y derechos humanos, la declaración de Bukele puso de manifiesto la concentración de poder en el Ejecutivo y la falta de transparencia de los procesos judiciales.
Explica a El Comercio que el régimen de excepción vigente desde el 2022 amplió el margen de acción del Ejecutivo en ámbitos que corresponden a la justicia y la Fiscalía.
También advierte que la política de detenciones masivas no ha distinguido de manera adecuada entre integrantes de pandillas, colaboradores voluntarios y personas que ayudaron a estos grupos por miedo a represalias.
“Este anuncio de la semana pasada revela mejor que ninguna otra frase o declaración que haya dado antes el presidente sobre quién es el que decide el destino de todos los presos, sobre todo los del régimen de excepción”, afirma el periodista.
“Desde el régimen de excepción, el Poder Ejecutivo ha ido ganando terreno y ha ido ganando margen de acción y maniobra en campos donde les corresponden acciones a otros órganos”, señala.
El periodista sitúa el origen de esta concentración de poder en mayo del 2021, cuando la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al entonces fiscal general, y nombró a sus reemplazos. Labrador considera que esos cambios facilitaron el control del Ejecutivo sobre instituciones que deberían actuar de manera independiente.
Recuerda que la Fiscalía tiene un papel fundamental en la investigación y acusación de los delitos, mientras que corresponde a los tribunales resolver los procesos judiciales. Por eso, cuestiona que el presidente sea quien anuncie públicamente qué grupos de presos podrían salir antes de cumplir sus condenas.
“En cualquier democracia, este tipo de información la daría el órgano judicial, el sistema de tribunales, los juzgados de vigilancia penitenciaria o la Fiscalía General de la República. Pero, en este caso, es el presidente”, afirma.
También explica que el anuncio requiere sí o sí que haya reformas a diversas leyes, como la de crimen organizado, cuya reforma del 2025 dice que ningún colaborador de pandilla puede ser beneficiado con liberación anticipada o condicional.
¿Quiénes son los colaboradores de las pandillas?
Reclusos permanecen en las celdas del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, El Salvador, el 4 de abril de 2025. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
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Una de las principales distinciones que plantea Labrador es la que existe entre los integrantes de una pandilla y quienes colaboran con ella sin pertenecer formalmente a su estructura.
El periodista explica que la propia Fiscalía salvadoreña utiliza el término colaboradores para referirse a personas que no son pandilleras, que no ocupan una posición dentro de una clica —el grupo específico que integra una pandilla— y que, aun así, ayudan a realizar actividades delictivas.
“Los colaboradores no tienen por qué ser pandilleros”, subraya.
Añade que la cuestión es determinar en qué circunstancias se produjo esa colaboración: si fue voluntaria, si respondía a una relación habitual con la organización criminal o si la persona actuó bajo amenazas.
“Hay gente que tuvo que colaborar con pandillas para sobrevivir, como bien lo dijo, lo reconoció finalmente Bukele la semana pasada”, señala.
Labrador considera que esa diferencia no ha ocupado un lugar suficiente en la discusión pública porque el Gobierno ha promovido una narrativa en la que cualquier vínculo con las pandillas convierte automáticamente a una persona en culpable.
“Lo que ha hecho desde el inicio este gobierno es vender una narrativa donde todos los que están relacionados, ya sea mucho o poco, con pandillas son culpables”, afirma.
El periodista advierte que el fenómeno de las pandillas es más complejo que esa división entre buenos y malos. La existencia de distintos niveles de participación, los vínculos entre las organizaciones criminales y las comunidades y las condiciones de violencia en las que vivían numerosos habitantes requieren un análisis individualizado de cada caso.
Para Labrador, una de las preguntas centrales es si las personas que ayudaron a las pandillas tenían una alternativa real para negarse sin poner en riesgo su vida o la de sus familiares.
El periodista describe comunidades empobrecidas en las que la presencia del Estado era limitada y donde las pandillas ejercían un control cotidiano sobre la población. En esas circunstancias, rechazar una exigencia podía exponer a una persona a represalias inmediatas o posteriores.
“Si tú hoy no le colaborabas a un pandillero, sabías que a ese pandillero lo ibas a ver al día siguiente y que podía haber represalias”, explica.
Recuerda que algunas familias tenían que abandonar sus viviendas de un momento a otro porque así lo había decidido un jefe pandillero. Entonces, sostiene, la línea que separaba a los integrantes de las estructuras criminales de los habitantes sometidos a su control podía resultar difícil de establecer.
Labrador no descarta que hubiera personas que denunciaran las exigencias de las pandillas y que esas denuncias condujeran a capturas, pero considera que se trataba de situaciones excepcionales.
Procesos opacos y dudas sobre las pruebas
Policías y soldados escoltan a personas capturadas durante una operación contra pandilleros en Soyapango, El Salvador, el 3 de diciembre de 2022. (MARVIN RECINOS / AFP).
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El periodista afirma que su cobertura de las audiencias judiciales y las conversaciones con abogados defensores le han permitido advertir arbitrariedad y falta de transparencia en los procesos relacionados con el régimen de excepción.
“Veíamos que todo se manejaba de una manera muy arbitraria, pero además muy opaca”, recuerda.
Según Labrador, conocer los detalles de las acusaciones se ha vuelto extremadamente difícil debido a la reserva legal que pesa sobre los expedientes. Esa situación también ha generado temor entre los abogados a conversar con periodistas o compartir documentos de los casos.
“Hoy en día es muy complicado, por no decir imposible, conocer los detalles de los procesos contra el régimen de excepción”, sostiene.
La falta de información dificulta establecer qué pruebas sustentan las acusaciones contra cada detenido, cómo se determina su grado de participación en las actividades de las pandillas y qué mecanismos existen para identificar a personas inocentes, detalla.
Para Labrador, el anuncio de posibles liberaciones también pone de manifiesto las limitaciones de una política que, durante años, presentó la relación con las pandillas en términos de culpabilidad o inocencia, sin detenerse suficientemente en las diferencias entre las personas involucradas.