El diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, solicitó de manera formal el retiro de su cuestionado proyecto de ley que buscaba limitar el trabajo periodístico y tras los cuestionamientos de diversos gremios que vieron un peligro inminente para la libertad de expresión.
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La propuesta original ingresó a mesa de partes con el objetivo de sancionar la apología al delito durante crisis políticas y conflictos sociales. El texto planteaba penas de prisión de cuatro a cinco años para ciudadanos con gran capacidad de convocatoria que expresaran opiniones en medios o plataformas digitales.
Aldo Bravo justificó su marcha atrás con la necesidad de priorizar la seguridad nacional y la prevención ante el fenómeno de El Niño. Según dijo, prefiere retirar la iniciativa para evitar distracciones en el debate, aunque mantiene la opción de plantearla nuevamente más adelante.
A pesar de esta solicitud de retiro, el proyecto de ley continúa en trámite regular dentro del Parlamento. El expediente de la iniciativa legal no se anuló y los registros oficiales muestran que el proceso legislativo de la propuesta sigue plenamente vigente en la actualidad.
La Mesa Directiva derivó el documento a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su debate respectivo. Este grupo de trabajo conserva la atribución de debatir el texto, pues el pedido de retiro no suspende de manera automática el flujo administrativo que rige en el Congreso.
Gremios de prensa cuestionan propuesta de Aldo Bravo
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció que la iniciativa criminaliza la actividad de los comunicadores y daña las libertades de información. El gremio alertó que la ley califica la labor periodística como un agravante penal, por lo que exigió la anulación inmediata del expediente en la comisión legislativa.
Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana respaldó la demanda de archivo y advirtió que la norma perjudica a toda la ciudadanía. La institución criticó la vaguedad de términos como crisis política, un concepto impreciso que permite interpretaciones arbitrarias por parte de jueces y fiscales en coyunturas de protesta social.