La propuesta de delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo ha generado preocupación en organizaciones ambientales e indígenas, que observan posibles efectos sobre los mecanismos de protección ambiental y los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
La propuesta de delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo ha generado preocupación en organizaciones ambientales e indígenas, que observan posibles efectos sobre los mecanismos de protección ambiental y los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advirtió que la iniciativa, que busca otorgar facultades legislativas por 120 días en materias vinculadas al desarrollo productivo, la simplificación administrativa, la desregulación y la modernización del Estado, podría derivar en cambios normativos que faciliten la aprobación de proyectos extractivos e infraestructura en zonas de alta sensibilidad ambiental.
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La organización alertó además sobre los posibles efectos que estas medidas tendrían en áreas naturales protegidas y territorios PIACI, en un contexto de presión para ampliar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía.
Según indicó, algunos de los cambios planteados avanzarían en una línea similar a la propuesta de Reglamento de Actividades de Hidrocarburos, que permitiría ampliar las posibilidades de perforación en el subsuelo de estas zonas.
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Entre los principales cuestionamientos de DAR figura que la propuesta no establece con precisión los alcances de las reformas que podrían impulsarse mediante decretos legislativos. Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de excluir mecanismos como la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio en la elaboración de futuras normas.
Otro de los aspectos observados es la eventual incorporación del silencio administrativo positivo en procedimientos vinculados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). De acuerdo con la organización, esta figura permitiría la aprobación de proyectos por vencimiento de plazos administrativos sin una evaluación técnica completa, lo que incrementaría los riesgos de impactos ambientales y sociales.
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DAR sostuvo además que una flexibilización de los controles ambientales podría trasladar los conflictos de la etapa de evaluación hacia la ejecución de los proyectos. También destacó la importancia económica de las áreas naturales protegidas, señalando que el Parque Nacional del Manu genera cerca de 9.000 empleos directos e indirectos y que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) recibieron más de 2,4 millones de visitantes durante 2024.
Finalmente, la organización expresó preocupación por posibles cuestionamientos constitucionales a la propuesta y recomendó mantener las opiniones técnicas vinculantes de las entidades ambientales, preservar el silencio administrativo negativo en esta materia y garantizar la aplicación de los mecanismos de consulta pública y consulta previa en decisiones que puedan afectar áreas protegidas y territorios indígenas.
