Adrián Villar Chirinos continúa detenido en la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat), en La Victoria, luego de que se cumpliera el plazo de 72 horas de detención preliminar dictado en su contra por la muerte de Lizeth Marzano. En las próximas horas, el Poder Judicial deberá definir su situación legal.
Adrián Villar Chirinos continúa detenido en la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat), en La Victoria, luego de que se cumpliera el plazo de 72 horas de detención preliminar dictado en su contra por la muerte de Lizeth Marzano. En las próximas horas, el Poder Judicial deberá definir su situación legal.
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El joven de 21 años permanece bajo custodia policial desde la madrugada del último jueves, cuando un juez ordenó su detención en el marco de la investigación fiscal por el atropello ocurrido el 17 de febrero en San Isidro, que terminó con la muerte de la joven deportista.
Villar es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, en agravio de Marzano.
El último sábado, sus padres, Rubén Villar y Marcela Chirinos, llegaron hasta la sede policial y permanecieron en el lugar durante aproximadamente dos horas. Ambos se retiraron sin brindar declaraciones a la prensa. La mañana de este domingo, el padre del investigado fue visto nuevamente ingresando a la Divpiat.
En paralelo, la familia de Lizeth Marzano solicitó al Ministerio Público que formalice ante el Poder Judicial un requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra Villar. Así lo confirmó Carlos Grados, abogado de los deudos.
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El letrado sostuvo que, con los elementos recabados hasta el momento, existen fundamentos suficientes para sustentar la medida coercitiva. Entre los argumentos mencionó una presunta conducta de encubrimiento y una posible evasión de responsabilidad, al señalar que inicialmente se sostuvo que Villar se encontraba en estado de shock, “cuando no ha sido así”.
Asimismo, indicó que existiría peligro procesal y riesgo de fuga, factores que —según dijo— deberían ser evaluados por el juez al momento de resolver el pedido fiscal.
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