El tribunal que condenó a la expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007-2015) por la causa de corrupción conocida como Vialidad, por la que cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025, dispuso este miércoles el embargo preventivo de sus bienes, cuyo decomiso forma parte de la condena.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
El Tribunal aclaró que el dictado de estos embargos no implica el decomiso o la subasta inmediata de los bienes, ni altera por el momento su titularidad, sino que asegura su “indisponibilidad jurídica” mientras se termina el trámite de decomiso.
La causa ‘Vialidad’ llegó al juicio oral en 2019 y derivó en diciembre de 2022 en la condena de la entonces vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sentencia que fue confirmada en junio de 2025 por la Corte Suprema de Argentina.
Tras la ratificación, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 ordenó la detención de la expresidenta y la actualización del monto del decomiso fijado en la sentencia, que había sido evaluado al inicio en 84.800 millones de pesos (unos 55,7 millones de dólares al tipo de cambio actual).
Luego de un largo proceso, con reiteradas objeciones de los condenados y sus defensas, se identificaron 111 bienes para ser tasados y rematados, cuyo decomiso está en manos de la Corte Suprema.
Mientras el máximo tribunal analiza esa decisión, el TOF 2 avanzó sobre una segunda tanda integrada por 144 bienes, entre propiedades y vehículos, además de participaciones accionarias en diferentes sociedades.
Dentro de las nuevas medidas también quedaron incluidos 5 millones de dólares que Florencia Kirchner, hija de la exmandataria, tenía depositados en una caja de seguridad, ya que, de acuerdo al criterio del tribunal, la adjudicación de la obra pública generó beneficios indirectos para la familia.
d













