Con la finalidad de conocer los principales temas abordados por el Ejecutivo en la coyuntura, ECData obtuvo las actas de todas las sesiones de Consejo de Ministros de la gestión Dina Boluarte que ocurrieron hasta el 23 de enero. Según los documentos, los temas más recurrentes en las reuniones tuvieron que ver con el sector Justicia. En total, se vieron 37 normas o propuestas de esa cartera. De estas, la gran mayoría corresponde a proyectos de resoluciones de solicitud de extradición de ciudadanos.
En segundo lugar están las medidas relacionadas a las manifestaciones en contra del gobierno. Según las actas, en 17 ocasiones se abordaron normas o propuestas que buscaban responder a la actual conflictividad social. De estas, la mayoría (53%) fueron medidas restrictivas y de reestablecimiento del orden público, como declaratorias de estado de emergencia o inmovilización social obligatoria.
De hecho, respuestas como esta fueron comunes luego de que se registraran los eventos más fatales en las movilizaciones. El 13 de diciembre del 2022, un día después de que las manifestaciones dejaran en Arequipa un saldo de 4 muertos y 109 heridos, en Consejo de Ministros se trató el proyecto de decreto soupremo que declara estado de emergencia en dicha región. Luego de que ocho y 18 personas murieran en Ayacucho y Puno, respectivamente, las sesiones celebradas inmediatamente después tuvieron como único punto de agenda los proyectos que declaraban inmovilización social obligatoria en las zonas.
Por otro lado, los informes situacionales sobre el conflicto representan el 29% de las medidas tratadas en relación a las manifestaciones. En total, se presentaron cinco de estos. Solo en dos ocasiones se trataron medidas referidas a la instalación, avance o búsqueda de diálogo.
“El conflicto no puede ser reducido a operaciones de restablecimiento del orden público”, considera el adjunto en materia de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque. Ello, principalmente, debido a que implica “un riesgo adicional para la seguridad de la población”, debido a que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para relacionarse con la población civil.
“La formación castrense entrena al soldado bajo una lógica de guerra, en la que el que está en frente es un enemigo que hay que abatir. Pero aquí no estamos en una guerra. Aquí estamos frente a ciudadanos que protestan, algunos de los cuales trasgreden la ley, y para eso hay una respuesta estatal de la policía y el Ministerio Público, y otros que no”, explica.
Según Paulo Vilca, exviceministro de Gobernanza Territorial, el hecho de que el gobierno opte mayoritariamente por medidas restrictivas como el estado de emergencia o la inmovilización social obligatoria sugiere que el Ejecutivo “se está concentrando en su supervivencia”.
“Es como si el gobierno no encontrara otra salida, otras alternativas, otras decisiones relevantes para atender este grave problema. No ha habido ninguna modificación sustancial que busque atender las razones que desataron el conflicto”, señala.
Luque y Vilca coinciden en que, desde el Poder Ejecutivo, debe priorizarse el impulso del adelanto de elecciones frente al Congreso y la colaboración con las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables de las muertes y disturbios en las protestas.
Pese a la dificultad para identificar agentes de diálogo en el actual conflicto, Luque enfatiza en que el gobierno no ha fortalecido la Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, oficina encarada de prevenir y gestionar los conflictos sociales. Según precisa, desde su creación en el año 2016, el promedio de duración de los titulares de la entidad ha sido de cuatro meses.
No todo consta en actas
Según fuentes de ECData en Consejo de Ministros, por lo menos hasta fines de enero, las sesiones comenzaban alrededor de las 9 de la mañana y recién a partir de las 2 o 3 de la tarde se empezaban a ver los puntos en agenda. En las horas previas a esto último, los ministros conversaban largamente sobre el conflicto social. Sin embargo, las actas recogen lo ocurrido recién a partir de la discusión los puntos en agenda, y solo en pocas ocasiones registran lo declarado por los presentes. Por lo tanto, hay decenas de horas de discusión que no han constado en actas.
El Comercio consultó con la Presidencia del Consejo de Ministros por la falta de información consignada en actas. Según la entidad, “por razones de extensión y, en algunos casos, por la seguridad de la información, no necesariamente se transcribe todo el debate”. Cabe precisar que la mayoría de actas de sesiones que duraron más de cinco horas tiene apenas una o dos páginas, y no registran lo declarado por los presentes.
