¿Qué pueden hacer los gobiernos regionales y locales para combatir la extorsión?
AutoresGisella Aragón y José Luis Ruiz
La extorsión se ha convertido en un problema de seguridad, desarrollo económico y gobernanza territorial. Su expansión afecta actividades como el transporte, el comercio y la construcción; limita la vida cotidiana, debilita la confianza en las instituciones y abre espacios para el control criminal de sectores y territorios.
El documento analiza cómo los gobiernos regionales y locales pueden fortalecer su rol articulador, preventivo y operativo frente a este desafío, desde sus competencias y su cercanía con las dinámicas territoriales. A partir del análisis del caso peruano y de la revisión de experiencias de Italia, Medellín y México, identifica lecciones para orientar una respuesta basada en información territorial, articulación interinstitucional, protección a víctimas y denunciantes, y alianzas con actores económicos y comunitarios. Estas experiencias no se plantean como modelos para replicar, sino como referentes que requieren adaptación a las capacidades y condiciones de cada territorio.
Dirigido a candidaturas y equipos técnicos de las elecciones regionales y municipales de 2026, el documento ofrece lineamientos para incorporar la seguridad territorial como una prioridad de gestión en los planes de gobierno.
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