La inclusión financiera es un ingrediente clave para el desarrollo. Una persona que mantiene una relación saludable con el sistema financiero formal no solo tiene acceso a un crédito o la tranquilidad de que sus ahorros están seguros en una cuenta bancaria, también reconoce y utiliza otros servicios –como los seguros, las transferencias y pagos y las herramientas de inversión (como los fondos mutuos)– para impulsar su bienestar de largo plazo. Y este comportamiento, extendido entre los habitantes de un país, tiene un efecto positivo tanto económica como socialmente.
En esa línea, Credicorp publicó esta semana la sexta edición del Índice de Inclusión Financiera (IIF). Y aunque en el Perú el resultado general se mantiene estable (47,7 puntos contra 47 en el 2025), hay algunos hallazgos que vale la pena resaltar: desde el 2021, el país ha sumado 9,8 puntos, el tercer mayor avance entre los ocho países evaluados, y la proporción de peruanos en el nivel más alto de inclusión pasó de 15% a 29%. Buena parte de esta evolución pasa por las billeteras digitales. El Perú es el tercer país con mayor tenencia y, junto con Argentina, el que más las usa para pagos cotidianos. El 41% de los peruanos ya paga así sus alimentos y el 51% de quienes pagan con billetera lo hace todos los días.
Es evidente, sin embargo, que hay mucho espacio para mejorar. Algo que queda mucho más claro cuando sumamos a la evaluación qué ocurre con quienes están al otro lado del mostrador: los negocios que reciben estos pagos.
En el Perú, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEI, el 99,6% de los negocios son mypes y estas emplean al 43,4% de la población económicamente activa del país. En ese sentido, la calidad de su relación con el sistema financiero y con la formalidad tiene la capacidad de definir la del país en su conjunto. Y aquí hay muchos retos por encarar.
También según la Enaho, el 86,5% de estos negocios son informales y todavía su acceso al crédito formal es limitado (cerca de 20% de quienes los lideran tiene uno). Y el primer factor influye mucho en el segundo, en la medida en que hace difícil la recopilación de información confiable del negocio (el 77,1% de las mypes no lleva registros de cuentas, según la Enaho) para construir perfiles y ofrecerle productos a la medida exacta de sus necesidades y capacidades. Además, las restricciones vigentes al costo del crédito alejan a muchos del sistema y los llevan a optar por alternativas informales y peligrosas.
Mejorar la participación de los emprendedores en la formalidad y en el sistema financiero es importante para todos. La expansión de los pagos digitales abre una oportunidad concreta: los datos que generan, obtenidos con el consentimiento del negocio, permiten conocerlos mejor, entender qué necesitan y ofrecerles productos personalizados. Pero para aprovecharla, el esfuerzo debe incluir educación financiera, simplificar los trámites de formalización y promover reglas que favorezcan la innovación y la competencia para que se pueda atender a los distintos perfiles de emprendedores. El desafío es que cada vez más personas encuentren en el sistema financiero herramientas útiles para crecer y que formalizarse les abra oportunidades reales de desarrollo.
Soy optimista. El Perú ya demostró que puede avanzar mucho cuando la tecnología y la competencia se alinean: en cinco años casi duplicamos la cantidad de peruanos en el nivel más alto de inclusión en el IIF. Si logramos que ese mismo impulso llegue al otro lado del mostrador, las mypes dejarán de ser el eslabón pendiente para convertirse en el motor de la siguiente etapa.