Los cancilleres de Perú y Ecuador, Carlos Espá y Roberto Kury Pesantes, encabezaron la instalación de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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El canciller señaló que reviste “especial importancia” el informe que presentará la secretaría ejecutiva binacional, mediante el cual se pondrá en relieve los avances concretos alcanzados en la agenda compartida entre ambas naciones y se dará a conocer el nuevo Plan de Acción de Lima, llamado a orientar el rumbo de las acciones y objetivos comunes durante el próximo periodo.
Recordó que la Comisión de Vecindad fue establecida en 1998 y “ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la relación entre nuestros países”.
“Su relevancia se vio significativamente reforzada en el 2022 al ser elevada a la condición de mecanismo preparatorio de los encuentros presidenciales y gabinetes binacionales, consolidándose como una instancia estratégica para la coordinación de nuestra agenda común”.
En esa línea, remarcó que le corresponde a la comisión aprobar la agenda temática que será sometida a consideración de Fujimori y Noboa, así como el proyecto de la Declaración Presidencial de Lima, la misma que será suscrita por ambos jefes de Estado este martes 20.
Previamente, la cancillería peruana había señalado que los objetivos de este encuentro son realizar trabajos conjuntos para frenar la minería ilegal, el cuidado del agua, la integración de las zonas fronterizas (Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto) y conectar la electricidad en ambos países.
A su turno, Kury agradeció por la hospitalidad del Gobierno peruano y señaló que entre las prioridades planteadas por Ecuador se encuentra la seguridad fronteriza y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y sus delitos conexos.
El canciller ecuatoriano mencionó entre estas amenazas al narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, el contrabando y el tráfico ilícito de hidrocarburos. Según señaló, estas actividades afectan la seguridad de los ciudadanos y comprometen las oportunidades de desarrollo de las comunidades fronterizas.
El alto funcionario consideró indispensable fortalecer la cooperación entre las Fuerzas Armadas y las instituciones policiales de ambos países, como parte de una respuesta conjunta frente a estas amenazas.
Asimismo, destacó la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación y seguimiento para garantizar resultados verificables de los acuerdos adoptados por ambos gobiernos.