El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, respondió a las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien rechazó las afirmaciones de la presidenta Keiko Fujimori quien en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas se refirió también a los procesos judiciales que afrontan militares y policías por hechos ocurridos durante la época del terrorismo.
En declaraciones a RPP Noticias, Álvarez sostuvo que el Ejecutivo respeta la separación de poderes, pero afirmó que ello no impide formular críticas sobre resoluciones y actuaciones de jueces y fiscales.
“Somos respetuosos de la separación de poderes. Las críticas a las resoluciones judiciales están constitucionalizadas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana”, señaló.
“A nadie le debe llamar la atención el hecho de que se pueda criticar la actuación de algunos jueces o fiscales sin que esto signifique faltar el respeto o inmiscuirse en las obligaciones de otros órganos constitucionales”, afirmó.
El titular del Ministerio de Justicia consideró que, en lugar de expresar una “indignación pública”, el Poder Judicial debería revisar y resolver procesos que llevan varios años sin una decisión definitiva.
Como ejemplo, mencionó la investigación seguida contra el general Walter Chacón, que, según recordó, se prolongó durante más de ocho años, así como el proceso relacionado con los comandos de Chavín de Huántar, que lleva más de 25 años.
“En lugar de expresar una indignación pública, mejor sería disponer que se aclaren situaciones, por ejemplo, algunas investigaciones como la del general Chacón que duró más de ocho años investigado en la cárcel sin llegar a ninguna resolución judicial y que en su oportunidad mereció una sentencia del TC, o el caso de los comandos de Chavín de Huántar que llevan más de 25 años en un proceso inacabable”, sostuvo.
Álvarez también se refirió al caso El Frontón y recordó que, cuando se desempeñaba como magistrado, el Tribunal Constitucional ordenó que la sala correspondiente concluyera el proceso con los elementos que ya obraban en el expediente.
“Han pasado, de la sentencia, 15 años, y del Frontón más de 35 años, en los cuales el Poder Judicial no resuelve un tema que ya debería haberlo hecho no hace cinco o diez años, sino en un momento oportuno”, manifestó.
“Existe un derecho fundamental a la verdad y al debido proceso que implica tener una solución jurídica para militares, aviadores, marinos, que están investigados siempre en vilo pensando que pueden ir a una prisión por hechos que se supone cometieron defendiendo al país hace muchísimos años”, agregó.
Álvarez sostuvo que los asesores de la presidenta del Poder Judicial deberían recomendarle identificar las causas pendientes relacionadas con militares y policías y promover que sean resueltas.
“Lo que sus asesores deben indicarle es la necesidad de trabajar, poner a trabajar a su personal, para encontrar la relación de causas importantes de militares y policías que no han sido resueltas en más de 30 años y proceder a conversar con los jueces de las salas, la necesidad imperiosa de resolver con lo que tienen en el expediente sin mayores trámites”, señaló.
Finalmente, Álvarez cuestionó que se pretenda exigir una retractación por formular críticas a actuaciones judiciales.
“Imagínese que a la mandataria o a mí mismo nos obliguen a retractarnos de una crítica contra jueces legítima respaldada por la Constitución. ¿Nos tenemos que retractar del hecho de que no hay sentencia en el caso Chavín de Huántar, en el Frontón?”, preguntó.