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Durante la sesión se plantearon diversos pedidos, entre ellos una cuestión previa para eliminar de la propuesta los puntos E9, referido a la eliminación de topes a las tasas de interés; E10, que plantea facilitar la oferta de nuevos productos y servicios financieros y de seguros, promover la inclusión y educación financiera y las finanzas abiertas, además de permitir a menores de 12 años acceder a cuentas de ahorro y a las empresas del sistema financiero y de seguros consultar información del Reniec; y E11, referido a la legislación en materia ambiental y de recursos naturales.
También hubo una solicitud de pasar la propuesta a cuarto intermedio y que el documento fuera sometido a votación, pero ninguna prosperó.
Inicialmente, José Marcelo Salazar había accedido a que el informe pasara a cuarto intermedio. Sin embargo, luego de que se le precisara que este recurso tiene como finalidad permitir que se alcancen consensos, cambió de decisión y optó por postergar la votación, remarcando que el contenido del documento no sería modificado.
El titular del grupo de trabajo precisó que postergaría la votación debido a que había culminado el tiempo disponible para permanecer en la Sala Carlos Torres y Torres Lara, pues otra comisión debía sesionar en ese ambiente.
El documento expuesto por el diputado de Ahora Nación argumenta que no resulta viable otorgar las facultades en ninguno de los 16 puntos examinados en el informe. Precisa que los pedidos presentan insuficiencias específicas de sustento, delimitación o articulación normativa.
“La opinión desfavorable se fundamenta en el contenido y la pertinencia de las habilitaciones solicitadas, conforme al examen individual desarrollado”, señala el informe.
Entre las materias analizadas y cuestionadas se encuentran la formalización voluntaria de micro y pequeñas empresas; la Ley de Fomento al Ecosistema de Emprendimiento Innovador; y la habilitación de transferencias financieras de gobiernos regionales y locales y de entidades públicas.
Asimismo, se evaluó la propuesta de crear un Fondo Privado para el Desarrollo de la Pesca Artesanal, así como medidas sobre inclusión y educación financieras, cuentas de ahorro para menores de 12 años y remediación ambiental.
También, se examinó permitir al inversionista asumir estudios, terrenos e interferencias; facilitar ejecución contractual; delegación de funciones de ejecución al proyecto; gobernanza de ProInversión.
Hizo lo propio en el punto de simplificación, aprobación automática/silencio positivo y exoneración de requisitos para permisos/títulos e interferencias en proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura
De aprobarse el informe este miércoles, serán ocho los grupos de trabajo que se habrán opuesto al otorgamiento de facultades solicitado por el Consejo de Ministros.
Por lo pronto, la oposición, integrada por el Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Ahora Nación, tiene el mayor peso en la Comisión de Economía, con 12 votos. En tanto, Fuerza Popular y Renovación Popular suman ocho. En un anterior informe, fuentes señalaron a este Diario que el oficialismo prepara un informe en minoría para someterlo a votación.
¿Qué comisiones se han opuesto?
Hasta el momento, la negativa a las facultades se ha producido en siete comisiones. Estas son Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo y Ciencia; y Justicia [ver imagen].
En el otro extremo, las comisiones de Medio Ambiente y Defensa consideraron viable otorgar las facultades al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.
El último grupo en oponerse fue la Comisión de Justicia que presentó un informe consultivo que concluyó que no era viable el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo.
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Ante ello, la parlamentaria Roxana Rocha remitió a la Comisión de Constitución una propuesta alternativa que busca “delimitar con mayor precisión aquellas materias que podrían resultar técnicamente viables para una eventual delegación”. El documento cuenta también con la firma del diputado José Baella.
“Me permito remitir la referida propuesta de articulado como un insumo adicional para su evaluación, con la finalidad de que pueda ser analizada conjuntamente con la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo y los demás aportes que vienen siendo considerados durante su debate”, señala el documento.
En su cuenta de X, Rocha sostuvo que se trata de la misma propuesta que presentó el jueves, durante la última sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, afirmó que su planteamiento no fue evaluado.
“Se trata de la propuesta que presenté en la última sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la misma que no fue evaluada ni considerada en el debate, pese a mi reiterado pedido, en un acto a todas luces autoritario”, indicó.
En diáologo con El Comercio, Rocha señaló que no “considera necesario que el Ejecutivo presente un nuevo pedido de delegación de facultades”, como lo han planteado las bancadas de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación.
“Lo que corresponde ahora es que la Comisión de Constitución haga su trabajo y emita un dictamen que delimite el pedido. Si no existe consenso para otorgar las 66 materias solicitadas, entonces que se aprueben únicamente aquellas que se consideren necesarias, como seguridad y fenómeno El Niño. No tiene sentido devolver el proyecto al Ejecutivo y empezar nuevamente la discusión. La comisión tiene la facultad de recortar, precisar y establecer límites”, puntualizó la diputada de Renovación Popular.
Además, nueve integrantes de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados remitieron a la Comisión de Constitución un informe en minoría que recomienda otorgar las facultades al Gobierno.
El documento opina favorablemente y declara viable el proyecto en las materias referidas a minería y formalización minera, hidrocarburos, industria petroquímica y electricidad.
Además, precisa que la opinión favorable se refiere a la viabilidad constitucional y sectorial de la delegación y “no implica aprobación anticipada del contenido de los decretos legislativos que se emitan, los cuales permanecerán sujetos al control parlamentario correspondiente”.
El informe en minoría lleva las firmas de seis congresistas de Fuerza Popular: Jaime Américo Abensur Pinasco, Nary Benvida Pinasco Montenegro, Geanmarco Antonio Quezada Castro, Kim Tami Muñoz Yurilmca, Ana Luisa Yuffra Lugo y José Marvin Palma Mendoza. También suscriben el documento Frank Krklec Torres y Félix See Hung Chang Apuy, de Renovación Popular, y Milagros Karina Santana Vera, del Partido del Buen Gobierno, quien además se desempeña como secretaria del grupo de trabajo.
Las opiniones consultivas fueron remitidas a la Comisión de Constitución, instancia parlamentaria encargada de elaborar el predictamen que será sometido a debate en el pleno de la Cámara baja. Precisamente, su presidenta, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) fue quien solicitó opinión a doce comisiones parlamentarias.
Más opiniones
En declaraciones a “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) consideró que el Ejecutivo se excedió en la solicitud de facultades para legislar. Agregó que esta situación “está contaminando el ambiente”.
“Lo que está contaminando el ambiente es que en esta solicitud de facultades se han excedido, hay cosas que no tenían por qué ponerse. El tema de la inseguridad sí es urgente, ahí ya no podemos esperar más y el fenómeno de El Niño está disperso en diferentes sectores [en el proyecto] como transporte, vivienda, entre otros, en vez de ponerlo en un solo [bloque]”, cuestionó.
Además, refirió que su bancada no está a favor de “neutralizar” todo lo que dictamine la cámara de diputados sobre el proyecto de delegación de facultades.
El senador Jaime Delgado (Ahora Nación) afirmó que mientras el Ejecutivo y la bancada de Fuerza Popular no descarte que en la cámara alta no se va a respetar la esencia del proyecto que dictamine la cámara de diputados, es muy probable que esta, a modo de “defensa”, no les apruebe ninguna facultad para legislar.
“Mientras no descarten esa interpretación auténticamente errónea que están planteando, yo creo que diputados, como un mecanismo de defensa no les va a dar ninguna facultad. Y, en consecuencia, no va a subir nada al Senado. Va a depender mucho de la actitud del gobierno y del primer ministro y de la vocera de Fuerza Popular para despejar las dudas que ellos mismos han sembrado”, subrayó.
Esto en referencia a las declaraciones de algunos senadores de Fuerza Popular, entre ellos Martha Chávez a El Comercio, que indicaron que en la cámara alta del Congreso buscarían restituir el pedido original del gobierno, en caso la cámara de diputado recorte las facultades en el dictamen que aprueben.