En las últimas dos elecciones, el castillismo y el fujimorismo pasaron a la segunda vuelta repartiéndose victorias y derrotas, la sal y la arena. Si bien en la primera vuelta el nivel de apoyo a cada sector no pasó del 20% de los votos válidos en ningún caso, tampoco bajó del 10%. En terreno árido para el florecimiento de partidos, son lo más consistente que tenemos en materia de (pseudo) identidades partidarias. Es lo que hay, si dejamos a un lado los antis. ¿Qué tienen estas ‘fuerzas’ políticas para poder aglutinar a fieles seguidores a pesar de que no cuentan con organizaciones sólidas ni doctrinas elaboradas?
En primer lugar, tienen pasado. El castillismo busca representar una reivindicación histórica en beneficio de un sector de la sociedad rural marginada. Es la prolongación de la activación de la izquierda campesina que alentó la dictadura de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y que se basó en la repartición de la propiedad rural a una masa que por entonces se debatía entre la postergación del campo o la migración hacia el mundo urbano. La desestructuración de la concentración de la propiedad a partir de la expropiación fracasó a nivel económico, pero creó un sujeto rural popular que sobrevivió al velasquismo, Sendero y al propio fujimorismo. El electorado que ha apoyado las candidaturas de Pedro Castillo y Roberto Sánchez es heredero de esta politización antiestablishment que se inició hace casi 60 años.
El fujimorismo, por su parte, se ha convertido en una identidad social relevante políticamente a partir de otro proceso antiestablishment, esta vez concentrado en la marginalidad urbana e inmigrante. No casualmente tiene en el acceso a la propiedad individual de “nuevos limeños” uno de sus hitos fundacionales. Implica también una reacción estatal de protección social a desplazados por la violencia y un empoderamiento de la mujer popular que ha marcado hasta la actualidad a su electorado más leal. Aunque en la actualidad Fuerza Popular ha sobrevivido gracias al apoyo de las élites, aún porta reminiscencias de base social urbano marginal que le ha facilitado seguir siendo competitivo en las urnas a casi tres décadas de la emergencia de su patriarca.
Para tener aún vigencia en la actualidad, los legados de Castillo y de Fujimori han dependido más del recuerdo individual que de la memoria histórica (no casualmente aún reivindicados por los más importantes gobernantes de nuestro país, según las encuestas). Si bien carecen de narrativa colectiva articulada por alguna élite cultural, estos recuerdos individuales, portados en el álbum de fotos de millones de familias, se sustentan finalmente en algo material: la propiedad de una chacra en alguna campiña andina o de un terreno en algún arenal costeño. A costa de parecer reduccionista, estamos frente a legados políticos que sobreviven en la adjudicación de propiedades sobre colectivos o individuos, en lo que quizás fueron los procesos de inclusión social más profundos de nuestra historia reciente. La conversión de indios explotados en haciendas en campesinos de cooperativas y de migrantes andinos desplazados en pequeños propietarios reconocidos incluso por Cofopri.
No hay identidad política sostenible en el tiempo sin una reivindicación de derechos detrás. En aquellas partes del mundo donde el socialismo se enraizó, fue el vehículo que otorgó derechos sociales a obreros; donde la socialdemocracia sobrevive, esta aún es capaz de garantizar la protección social a naciones que forjaron clases medias. En las regiones subdesarrolladas del mundo, el otorgamiento de derechos ha sido más precario y, lamentablemente, bajo la verticalidad de autocracias. La izquierda tradicional en una sociedad informalizada solo existe en el ‘wishful-thinking’ de catedráticos despistados. Por más retórica de social media que practiquen las nuevas generaciones de izquierdistas barranquinos, tienen muy poco que mostrar en términos de delivery efectivo de políticas. En cambio, el castillismo y el fujimorismo sobreviven en el tiempo gracias a lo que ha significado para millones de peruanos la propiedad de unas chacras para nuestros abuelos y de unos terrales para nuestros padres.
Los proyectos políticos que nos gobernaron desde el 2000 en adelante abandonaron toda pretensión de representar a algún tipo de sujeto popular. El toledismo estuvo más cerca de sintonizar con un brichero que con un “provinciano”; para el segundo alanismo, la protesta social merecía la clasificación de “perro del hortelano”. El nacionalismo de Humala se limitó a una tecnocracia con conciencia social; el vizcarrismo, a un jingle de Tito Silva Music. El acceso al Estado le da la oportunidad al segundo fujimorismo de apuntalar una nueva generación de políticas sociales para promover inclusión social. Estas podrán tener éxito tecnocrático si están bien focalizadas y ejecutadas con cierta eficiencia, algo que se echa de menos desde los primeros años del Midis. Pero no podrán alcanzar el éxito político si no están acompañadas de una visión de legado que transite generaciones. Ello supone entender a cabalidad al sujeto popular del primer cuarto del siglo XXI.
En una sociedad con un tercio de su población por debajo de la línea de pobreza y con tres de cada cuatro de sus trabajadores en la economía informal, la identificación del sujeto popular no puede ser una tarea esquiva. La intuición de la actual gestión es concentrarse en políticas para el mundo informal. Pero el enfoque de reducción de la informalidad laboral y tributaria tiene que estar acompañado del otorgamiento de derechos para quienes transitan con comodidad y conformismo en este sector. Finalmente, de eso se trata un gobierno que se jacta de ser de derecha popular.
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