La crisis de Petro-Perú se agudiza. Mientras la presidenta Keiko Fujimori tomaba el juramento de rigor a su flamante gabinete ministerial la tarde del 28 de Julo, la empresa estatal iniciaba la detención temporal de la nueva refinería de Talara por falta de petróleo para procesar combustibles.
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Para Sutpedarg el responsable de la falta de liquidez en Petro-Perú es ProInversión por su ‘inacción’ en librar los recursos financieros prometidos en el marco del Decreto de Urgencia N° 003-2026, del 11 de mayo del 2026.
Como se sabe, dicho DU dispone hasta US$2.000 millones para la estatal, pero condicionado a la conformación de una sociedad o vehículo de propósito especial (SPV) que será manejado exclusivamente por ProInversión. Esto, previa aprobación del Directorio de Petro-Perú.
De hecho, se sabe que el SPV debió haber sido aprobado por el Directorio de la estatal hace dos semanas, de tal manera que la empresa pudiera contar con un adelanto inmediato de US$500 millones para “comprar crudo y pagar a sus proveedores”.
Esta demora motivó que ProInversion dirigiese (20 de julio) una misiva a Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petro-Perú, instándolo a sostener una reunión para inquirir el porqué de la demora y “evitar mayores dilaciones”.
En su misiva, la agencia de promoción de las inversiones alertaba que la falta de formalización de los actos societarios “afecta directamente la estructuración e implementación de los instrumentos requeridos para la canalización de recursos”.
Y añadía que “esta indefinición pone en inminente riesgo la capacidad operativa de la compañía, debido a las repercusiones inmediatas que generan dichos retrasos sobre la cadena de pagos”.
Trascendió que la reunión entre Petro-Perú y ProInversión, pactada para el 22 de julio, no se llevó a cabo debido a “un inconveniente de fuerza mayor” alegado por la petrolera estatal.
