En el Día de la Mujer cabe recordar que, a menor diferencia entre mujeres y hombres en dimensiones como acceso al mercado de trabajo, salud, educación o seguridad, mayores son los niveles de competitividad e ingresos en un hogar. Esta evidencia, recogida en el Índice Regional de Brechas de Género elaborado por el IPE, resulta fundamental para la discusión y la toma de decisiones de políticas públicas orientadas a impulsar la competitividad.
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A su vez, estas brechas se desarrollan en un contexto en el que la violencia contra la mujer continúa siendo un problema extendido. Actualmente, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física, sexual o psicológica por parte de su pareja en los últimos 12 meses. Además, los casos de violencia atendidos en los Centros de Emergencia Mujer y Familia se han triplicado en los últimos diez años.
Es limitado el número de planes de gobierno que incorporan propuestas orientadas a cerrar estas brechas. De 35 planes analizados, solo 15 planes (ver el gráfico 5) incluyen acciones concretas para enfrentar la violencia contra la mujer como por ejemplo mecanismos de protección en menos de 24 horas, la creación de juzgados y fiscalías especializadas, y de sistemas de seguimiento a agresores.
En el ámbito laboral, únicamente 11 partidos plantean iniciativas específicas para promover el empleo femenino, entre las que destacan la formación técnica virtual, programas de mentoría en áreas de ciencia y tecnología, y créditos dirigidos a emprendedoras. De manera similar, pese al desproporcionado tiempo que las mujeres destinan al trabajo doméstico no remunerado, solo 15 partidos proponen medidas relacionadas con la implementación de sistemas nacionales de cuidado, guarderías o la ampliación de centros de atención infantil.
El embarazo adolescente continúa siendo un desafío relevante. En 2024, el 8,4% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas por primera vez. Esta proporción es considerablemente mayor en algunas regiones como Amazonas (25,4%), Loreto (21,8%) y Ucayali (16,5%). En muchos casos, el embarazo temprano interrumpe la trayectoria educativa de las jóvenes. No resulta casual que estas mismas regiones registren algunas de las menores tasas de conclusión de la educación secundaria, lo que limita sus oportunidades futuras y afecta la competitividad regional. Sin embargo, únicamente 11 planes de gobierno incluyen la promoción de la Educación Sexual Integral entre sus propuestas.
Comparando individuos con empleos y nivel educativo similares, la brecha se mantiene en 22%. (Foto: Archivo)
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Cerrar estas brechas tendrá un impacto económico. Según el Banco Mundial, reducir las desigualdades de género en empleo e ingresos podría incrementar el PBI per cápita mundial en alrededor de 20%. En esa línea, el IPE encuentra que las regiones del país con menores brechas registran en su mayoría mejores resultados en el Índice de Competitividad Regional y mayores ingresos por habitante. Por ello, ampliar la participación económica y la autonomía de las mujeres no solo mejora el bienestar individual, sino que fortalece la competitividad.
