Entre los expulsados se encuentran Miguel Arturo Salazar Steiger, José Andrés Ambrozic Velezmoro y el Arzobispo Emérito de Piura Mons. José Antonio Eguren Anselmi, a quienes precisamente Escardó señala como los principales responsables de los abusos que vivió en el Sodalicio entre los años 1986 y 1989, cuando ellos eran su director espiritual, superior de su comunidad en San Bartolo y Chincha, y asistente de instrucción, respectivamente. De hecho, la mayoría integrantes del Consejo Superior del Sodalicio de esos años ya no pertenece a la organización por orden del papa Francisco.
El inicio
Todas las sanciones del Vaticano se sustentan en la investigación que realizó el año pasado la misión especial integrada por Charles Scicluna, arzobispo de Malta, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Ambos llegaron a Lima con amplia experiencia en intervenciones por casos de pederastía en la iglesia Católica: Scicluna investigó los abusos sexuales perpetrados por el sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, mientras que Bertomeu participó en la investigación por encubrimientos en la iglesia católica de Chile ante los múltiples abusos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima.
La primera fue a Luis Fernando Figari. El 14 de agosto, la Conferencia Episcopal Peruana dio a conocer el Decreto emitido el 9 de ese mes por el Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, donde se confirmó la expulsión del laico católico.
La decisión la tomó el Papa Francisco con la finalidad de “restablecer la justicia dañada por el comportamiento tenido por Luis Fernando Figari Rodrigo a lo largo de muchos años”. Con esta medida también buscan “proteger en el futuro el bien individual de los fieles y de la Iglesia”.
Figari fundó el Sodalicio en el año 1971 y fue Superior General por casi 40 años, hasta su renuncia en el año 2010. A él se le señala como perpetrador y encubridor de abusos psicológicos, físicos y sexuales.
Estas denuncias fueron recogidas por el libro “Mitad monjes, mitad soldados” de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, que en el año 2015 reunió treinta crudos testimonios de víctimas del Sodalicio. Esta investigación marcó un antes y después del caso porque, pese a las revelaciones previas de Escardó y otras denuncias periodísticas surgidas años después, no fue sino hasta el 2015 que el Ministerio Público actuó de oficio con una investigación.
En el año 2017, un informe realizado por una comisión de expertos convocada por el mismo SVC reconoció los abusos contra al menos 19 menores y 10 adultos. Además de Figari, a quien se le atribuye el abuso sexual de por lo menos un varón menor de edad, se sindicó a los ex Sodálites Germán Doig Klinge (fallecido), Virgilio Levaggi Vega, Jeffery Daniels Valderrama y Daniel Murguía Ward. Levaggi dejó el SCV en 1987 y Daniels, señalado como autor de abusos sexuales de por lo menos doce jóvenes, en 2001. En el caso de Murguía, quien fue arrestado en 2007 en Lima, cuando se descubrió que estaba tomando fotografías de un menor de edad desnudo, fue expulsado del SCV ese mismo año.
Segundo grupo de expulsiones
El 25 de setiembre, la Nunciatura Apostólica en el Perú informó de nuevas expulsiones del Sodalicio. Esta vez, la sanción alcanzó al exsuperior general del SVC Eduardo Antonio Regal Villa (quien reemplazó a Figari en dicho cargo desde el 2011), al Arzobispo Emérito de Piura Mons. José Antonio Eguren Anselmi, los exsuperiores Regionales Rvdo. Rafael Alberto Ismodes Cascón y el Rvdo. Erwin Augusto Scheuch Pool; los exformadores Humberto Carlos Del Castillo Drago, Oscar Adolfo Tokumura Tokumura y el Rvdo. Daniel Alfonso Cardó Soria, los exmiembros incorporados Ricardo Adolfo Trenemann Young y Miguel Arturo Salazar Steiger, así como al periodista Alejandro Bermudez Rosell, ex director del medio especializado ACI prensa.
La expulsión se sustentó en el “escándalo producido por el número y la gravedad de los abusos denunciados por las víctimas, particularmente contrarias a las enseñanzas del evangelio de la Iglesia Católica”, de acuerdo con la Nunciatura Apostólica en el Perú.
Específicamente se informó de cinco tipo de abusos: 1) abuso físico, incluso con sadismo y violencia; 2) abuso de conciencia, con métodos sectarios para quebrar la voluntad de los subordinados; 3) abuso espiritual, con instrumentalización en el furo externo de la información obtenida en el fuero interno no sacramental o dirección espiritual: 4) abuso de cargo y de autoridad, con episodios de hackeo de comunicaciones y acoso en el lugar de trabajo así como encubrimiento de los delitos cometidos en el seno de la institución; 5) abuso en la administración de bienes eclesiásticos y 6) abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo.
El 21 de octubre, se anunció el tercer grupo de expulsiones. A diferencia del comunicado anterior, esta vez sí se habló de abuso sexual, “en algún caso incluso de menores”. El comunicado mencionó a José Andrés Ambrozic Velezmoro, ex asistente de Temporalidades, de Comunicaciones, de Apostolado y ex Vicario General, a Ricardo Adolfo Trenemann Young (mencionado en el comunicado previo) y al reverendo Luis Antonio Ferroggiaro Dentone. En el año 2014, el sacerdote Ferroggiaro fue acusado por Jason Day de intento de abuso en el año 1996, cuando el actor era menor de edad.
Dos días después de dicho comunicado, el 23 de octubre, hubo otra expulsión de miembros del sodalicio. Nuevamente se mencionó que la sanción correspondía con “la gravedad del abuso sexual cometido por uno de los acusados”. Esta vez fueron el reverendo Jaime Manuel Baertl Gómez, ex Asistente de Espiritualidad, y Juan Carlos Len Álvarez.
Sobre ambos, la nota de la Nunciatura de Lima también señala que “algunos movimientos económicos e inversiones promovidos por el Rev. Baertl y el Sr. Len al interior del Sodalicio de Vida Cristiana, oportunamente detectados por la ‘Misión Especial’ con ayuda de los organismos económicos de la Santa Sede, constituyen acciones pecaminosas en tanto que traición al Evangelio”.
Paola Ugaz, quien investiga los manejos económicos del Sodalicio desde hace varios años, señala que Baertl era el “jefe de facto” de esta organización al dirigir el lado empresarial a través del Concordato del Perú con el Vaticano, que exime del pago de impuestos a las organizaciones de la iglesia católica. De acuerdo con la investigaciones de la periodista, el Sodalicio tiene 9 cementerios en Perú, colegios, una universidad, empresas inmobiliarias y agroexportadoras, entre otros negocios que hizo que acumularan un capital de 1.000 millones de dólares hacia el 2015.
“Es la primera vez que el Vaticano investiga una organización que mezcla abusos contra sus miembros junto a manejos económicos. El lado económico del Sodalicio estaba con Baertl , Ambrozic y Lens. El comunicado de la Nunciatura es claro con la responsabilidad personal de Baerlt y Lens en “numerosas irregularidades e ilícitos cometidos por empresas vinculadas al Sodalicio”, dijo a este Diario.
Tras el anuncio de la expulsión, Jaime Baertl y Juan Carlos Len enviaron una carta a Monseñor Paolo Rocco, nuncio apostólico en el Perú, en el aseguran que las razones que se mencionaron en el comunicado sobre su expulsión “nada tienen que ver con la verdad y son difamatorios”. Entre ellos, aseguran que ninguno está implicado en un abuso sexual. “Esto es una completa novedad para nosotros pues en la investigación canónica que se nos ha seguido, no hay referencia alguna a un asunto de esta naturaleza. Es más, la acusación genérica de abuso sexual constituye un daño gravísimo al buen nombre al que todo persona tiene derecho, incluyéndonos a nosotros”, señalan en la carta.
Tampoco reconocen tener responsabilidad en números irregularidades e ilícitos cometidos por empresas vinculadas al Sodalicio. “Su Comunicado afirma que hemos cometido una injusticia “con la apropiación y uso privado de los que tendrían que ser bienes sociales de algunas empresas vinculadas al Sodalitium”. Nuevamente, esta afirmación es muy grave, calumniosa y difamatoria y tampoco tiene que ver con los decretos de dimisión”, agregan en la carta con fecha 24 de octubre.
Para Escardó, luego de la expulsiones debería existir otra sanción del Vaticano con aquellos que son curas en función con la finalidad, como pasarlos al estado laical. “No puede ser que alguien salga del Sodalicio expulsado por el papa y siga de sacerdote u Opispo”, dijo a este Diario. “Las expulsiones son medidas sobrenaturales que no afectan de manera real a las víctimas, salvo que sean católicos que tengan fe y confíen en la Iglesia y esto signifique algo de justicia y reparación para ellos. Pero no es la situación de todas las victimas. Lo que tiene que pasar es que la justicia peruana haga de una vez hagan el trabajo serio de investigación para garantizar el acceso a la justicia”, añadió.
Investigaciones
Además de Figari, los exmiembros del Sodalicio Baertl, Ambrozic, Eguren, Tokumura y Scheuch fueron denunciados en el año 2016 ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de secuestro, lesiones graves, asociación ilícita para delinquir. En el caso de Eguren, la investigación preliminar fue archivada ese mismo año. En enero del 2017, la titular de la 26º Fiscalía Provincial Penal de Lima, María del Pilar Peralta Ramírez, archivó el caso. Sin embargo, meses después, el 20 de diciembre de ese año, la fiscal María León decidió reabrir la investigación.
En un informe previo realizado por este Diario en el año 2022, el José Ugaz, abogado de los denunciantes, explicó a El Comercio que para entonces se encontraba vigente plazo de 36 meses de investigación. El abogado señaló que finalmente no se acusó a los exmiembros del Sodalicio por abuso sexual porque se trata de delitos que, para el momento de la formulación de la denuncia, habían prescrito [recién en el 2018 se declaró la imprescriptibilidad de delitos sexuales en el Perú].
La Red de Sobrevivientes, organización que preside José Enrique Escardó, ha pedido que el Ministerio Público y el Poder Judicial avancen con eficiencia y prontitud las investigaciones penales que iniciaron hace más de 7 años.
“Esta denuncia ha sido archivada, la hemos tenido que desarchivar a la fuerza. Lleva años dando vueltas en la Fiscalía y Poder Judicial y nadie hace nada. Niegan uno de los delitos, ellos mismos abren otros como lavado de activos, no prospera, sube a un juzgado que dice que no les corresponde, lo pasan a otro juzgado, pero previamente tiene que pasar a otra fiscalía. Años va así. Seguimos luchando para que eso avance”, añadió Escardó.
La entidad que sí concluyó una investigación sobre el Sodalicio fue la Comisión Investigadora del Congreso por Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones, entre ellas el Sodalicio, cuyo informe final se terminó en julio del 2019. La disolución del Parlamento no hizo posible que el documento sea llevado al Pleno. El informe, que incluye testimonios de 18 exsodálites que mencionaron haber sido víctimas de abusos sexuales, concluyó que el sistema de justicia peruano no actuó diligentemente con las primeras denuncias (desde el año 2000), que los abusos físicos y psicológicos estaban normalizados dentro de la organización y que se requería establecer protocolos dentro de la institución para atender y resolver denuncias.
¿Implican las recientes expulsiones en el posible fin del Sodalicio? En una nota previa publicada por El Comercio, Véronique Lecaros, docente y jefa del Departamento de Teología de la PUCP, explicó que tras sanción más alta que se puede aplicar contra un miembro del Sodalicio, queda evaluar qué se puede hacer para evitar que se repitan los abusos ampliamente documentados. “La pregunta es si una organización que ha nacido con un fundador perverso rodeado de gente perversa puede ser una congregación espiritualmente viable que aporte a sus miembros. Entre los sodálites hay gente bien intencionada y comprometida eso debe mencionarse, el tema es que si ha nacido con vejaciones y abusos, no necesariamente sexuales, pero sí humillaciones, se pueda cambiar. Esa es la única pregunta que hay que hacerse. Si no, puede ser la disolución”, dijo. Además, Pedro Salinas y Paola Ugaz consideran que el camino que está trazando el Vaticano terminaría con el cierre definitivo de la organización.
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