El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria decidió reprogramar la audiencia donde se verá el pedido del Ministerio Público para el sobreseimiento (archivamiento) de uno de los delitos imputados contra la excongresista Yesenia Ponce.
Así lo anunció el juez Juan Carlos Checkley debido a la ausencia de las defensas de Ponce Villarreal y de otros investigados. Según explicó, la finalidad es que las partes procesales puedan estar en igualdad de condiciones.
Cabe indicar que la fecha y hora de la nueva audiencia se comunicará de acuerdo a la disponibilidad del juzgado. La exparlamentaria es acusada del presunto delito de uso de documento privado falso.
El pasado 6 de octubre la Segunda Fiscalía Suprema Penal presentó su acusación contra la excongresista y solicitó que se le impongan 18 años de prisión por presentar certificados de estudios de cuarto y quinto de secundaria presuntamente falsos.
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Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó el archivamiento de la acusación por presunta desobediencia o resistencia a la autoridad, por no haber remitido los documentos solicitados hasta en dos oportunidades.
La Segunda Fiscalía Suprema Penal señaló que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima no consideró “el derecho a la no autoincriminación” del que goza Yesenia Ponce.
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“No se puede sostener que la investigada tenía el deber de actuación de lo ordenado por el despacho fiscal provincial, tanto más aún si dicha fiscalía contaba con otras formas para obtener tales documentos”, indicó al sustentar su pedido de sobreseimiento de dicha imputación.
El caso
En junio del 2023 el Congreso de la República aprobó inhabilitar por 10 años a la exparlamentaria por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, falsificación de documentos, y falsedad genérica.
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La Denuncia Constitucional 175 (antes 245) señala que Yesenia Ponce habría consignado información falsa en su declaración jurada de hoja de vida ante el Jurado Electoral Especial Huaraz.
Según el documento, la exparlamentaria señaló que sus estudios de educación secundaria los realizó en la institución educativa Luis Fabio Xammar, lo cual no habría sido cierto, y por el contrario habría comprado los certificados.
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El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales precisa que la denunciada habría obtenido un beneficio a cambio de la entrega de dinero al director del Centro Educativo Mariscal Toribio de Luzuriaga para que expida los certificados de estudios en los años 1995 y 1996.
Además, presuntamente, habría entregado regalos al expresidente de la Comisión de Ética Parlamentaria y a un trabajador de la misma para que se resuelva a su favor el informe de dicha comisión.
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La acusación aprobada por el pleno refiere que Ponce Villarreal presuntamente hizo uso de un documento falso para acreditar estudios escolares y pretendió alterar la verdad al presentar ante la Comisión de Ética certificados de estudios al parecer falsos.
