¿Y qué hago con el policía?. Crónica de Fernando Vivas

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Las autoridades suelen callar sus malhumores. Pero cuando la paliza que reciben es intensa, hablan. A Jorge Angulo lo venían presionando desde diciembre por temas de ascensos y otros que aún no hace del todo públicos. Mientras estuvo el ministro Vicente Romero las tensiones y presiones del Ejecutivo fueron más manejables. Romero ya había sido ministro años atrás y miembro del estado mayor de la PNP en varias temporadas. Pudo gestionar mejor los pedidos del Ejecutivo sin abrumar a la PNP y a su comandante. Si dejó la cartera en noviembre pasado fue porque el Congreso lo censuró sin que el Ejecutivo se preocupara en blindarlo.

Su sucesor Víctor Torres Falcón cayó al Mininter en la peor hora: crisis galopante de inseguridad que develó la poca utilidad de los estados de emergencia focalizados y el susto importado del Ecuador. Para colmo, es una autoridad sin experiencia comunicativa. Para remate, tenía, desde que lo ficharon, el cometido de cambiar a Angulo y así se lo dio a entender al mismo comandante general, según me contó una fuente cercana a este. Torres llevaba más de una década distante de su sector, residiendo en EE.UU., pero tuvo que gestionar un cambio de todo el estado mayor de la policía.

El incidente de Ayacucho, con la presidenta agredida, fue la excusa del cese pero no la razón. Según nuestras fuentes, el mismo domingo 21 le pidieron a Angulo que fuese a Palacio al día siguiente. Allí lo recibió la presidenta acompañada del ministro Torres y le comunicaron el cese. Este advirtió que era ilegal pero Boluarte le habría replicado que ella sabía enfrentar esos argumentos. En la cesión de mando a su sucesor, el Gral. Víctor Sanabria, Angulo estalló en público contra el ministro: “Resulta preocupante para los miembros de nuestra institución que desde hace varias semanas y desde la jefatura del sector interior (…) se haya impulsado nuestra salida, valiéndose de argumentos fútiles que generaron inestabilidad en la conducción adecuada de nuestra institución”.

Cuando le pregunté a mis fuentes qué presiones, pedidos y acciones había detrás de lo que denunciaba Angulo me dijeron que estas se concentraban en discrepancias sobre los ascensos y retiros de fin de año, incluyendo casos de oficiales investigados. Ello fue lo que provocó la carta de Torres pidiendo a Angulo, con el pretexto de las protestas anunciadas para conmemorar un año de los muertos de Juliaca, que se abstenga de ejecutar los cambios que ya estaban decididos. ¿Por qué y para qué ficharon a Torres? No tenemos una respuesta exacta a esto, pero allí puede estar la clave de esta historia.

Nicanor y Alberto

En varias ocasiones hemos auscultado la relación entre Dina y Alberto. En el mejor momento de Alberto, este consiguió que la presidenta le delegue áreas de influencia y decisiones fundamentales. Se volvieron tan complementarios como inseparables. Alberto ejercía informalmente la presidencia cuando ella viajaba al extranjero y cuando volvía a casa, la acompañaba en sus viajes locales. Su relación casi no mostraba grietas.

Hasta que las fisuras empezaron a aparecer. Que Nicanor Boluarte, el hermano que ronda el poder, recomendara a un amigo para el Ministerio de Justicia (Daniel Maurate, siendo ministro de Trabajo de Humala, tuvo a Nicanor de viceministro y ha admitido su amistad con él) no era suficiente. Maurate pasó en setiembre pasado a Trabajo, su vieja cartera, para que Eduardo Arana asumiera la de Justicia. Dina, acicateada por su propio entorno de asesores y por su hermano, buscaba recuperar imagen y poder delegado a Otárola.

Noviembre fue un mes decisivo para ejecutar el casi imperceptible giro de una presidenta que se daba el gusto de dejar el país en manos de su premier; hacia una mandataria que ya no pide al Congreso permisos de salida, que se empapa más de su gobierno y busca una reconciliación interna, por más esquiva que le resulte hacerlo a punta de concesiones a las regiones más opositoras: ejecución de obras postergadas, aumento del presupuesto, entregas de títulos de propiedad. El incidente de Chiara en Ayacucho, por ejemplo, ocurrió cuando fue a inaugurar las obras de asfaltado de una carretera.

La cumbre de APEC en San Francisco (entre el 14 y el 17 de noviembre) fue su último viaje. Justo cuando estaba fuera, el 15 de noviembre, el Congreso censuró a Romero. Volvamos a preguntarnos, ¿quién recomendó a Torres? No fue el saliente Romero. Cuando se lo pregunté me dijo que recomendó a otro. También me contó que cuando se enteró de que el Gral. Miguel Lostaunau, entonces jede de la dirección de seguridad ciudadana en el Mininter, estaba en el bolo; lo llamó a felicitarlo. ¿Por dónde se coló Torres entonces? No tenemos evidencias de que haya sido Otárola quien lo propuso. Nuestras fuentes indican que es más probable que haya sido el entorno de Dina y Nicanor Boluarte.

Que pase el siguiente

Otárola no se ha involucrado mucho en este lío. El domingo pasado fue a “Punto final” como vocero del día a deplorar el jaloneo presidencial y anunciar correctivos drásticos en la PNP. Insinuó que Angulo podría haber incurrido en una causal para que no se aplique con él la Ley 31570 que blinda a los comandantes generales por dos años (Angulo recién llevaba 10 meses). Así, Otárola anticipó que se le forzaría una causal y, por la forma en que lo dijo, no le correspondía a él el trámite. En efecto, el lunes 21 apareció la resolución de cese firmada por Boluarte y Torres.

El martes 22, Torres y Jorge Chávez Cresta, su colega de Defensa, comparecieron ante la Comisión de Defensa para informar, uno sobre el cese de Angulo, el otro sobre el presunto contrabando de armas a Ecuador. La sesión se convirtió en reservada porque Chávez Cresta pidió tocar temas sensibles de seguridad nacional y de fronteras. Dos fuentes congresales me dicen que la reserva no sirvió para que Torres revelara algún secreto contra Angulo. A diferencia de Otárola, cuya aparición dominical fue una reacción a la agresión contra Dina y, por lo tanto, la suerte de Angulo parecía ligada a ello; ese pretexto se difuminó al día siguiente. Angulo pasó a ser responsable de las fallas de la lucha contra la inseguridad.

Torres, al dar explicaciones, dijo más de lo que decía la resolución de cese. Esta habla de ‘negligencias graves’, sin precisar de cuáles se trata y hace un balance negativo de la lucha contra la inseguridad, lo que es un cargo más difuso aún. Ante los pedidos de precisión de los congresistas, Torres dio a entender que Angulo había desobedecido órdenes y ello, de acuerdo a la normativa del sector, serían las faltas graves. Las imprecisiones y vacíos de Torres provocaron que Patricia Chirinos, cumpliendo un acuerdo de la Comisión, le envíe un oficio pidiéndole que explique por qué no se cumplió la norma que blinda por dos años a los comandantes generales y requiriéndole que envíe “copias de los documentos con los que dispuso las acciones a la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, con respecto al cese del teniente general Jorge Angulo”.

El cesado ha decidido impugnar judicialmente su cese. Me lo asegura una fuente cercana a él. Ese proceso tomará su tiempo, pero la réplica a Torres no se redujo a Angulo. El viceministro de seguridad pública, Héctor Loayza, había presentado su renuncia semanas atrás, sin respuesta de Torres. El jueves pasado envió una carta a Torres en la que le decía que, ante la falta de respuesta, daba por confirmada su renuncia. Torres, acompañado del nuevo comandante general Víctor Sanabria y del conocido ex jefe de la Dircote, Óscar Arriola, ascendido a segundo de la PNP; presentó los resultados de un operativo policial. Allí lo encaró la prensa. Evitó responder frontalmente las acusaciones de Angulo. Sumemos que la cercanía de Angulo con el equipo especial que bregó por la caída de Castillo y colabora con las investigaciones de la fiscal Marita Barreto, le han granjeado celos dentro de la PNP y enemigos civiles prestos a la intriga. Esta serie policial anuncia nuevos capítulos.