El monto del embargo se estima en más de S/ 4.6 millones, de acuerdo con dos resoluciones judiciales a las que accedió El Comercio.
La medida fue dispuesta en un proceso judicial que enfrenta Oscorima por los presuntos delitos de colusión agravada, asociación ilícita y cohecho pasivo propio, conocido como el Caso Obrainsa.
El gobernador es investigado por supuestamente concertar con funcionarios de la empresa Obrainsa para favorecerla en un proceso de licitación en el 2014, a cambio de una coima.
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La Procuraduría Pública Ad Hoc solicitó el embargo en abril último para garantizar el pago de una eventual reparación civil por parte de Oscorima y otros involucrados en el caso.
La procuraduría planteó una reparación de más de S/ 56,6 millones, que tendrían que pagar Oscorima y otros de manera solidaria.
Propiedades
Una primera resolución del juez Chávez ordena el embargo en forma de inscripción de seis bienes hasta por la suma de S/ 3.5 millones.
La medida considera cuatro bienes que Oscorima posee junto con una de sus exesposas, bajo el régimen económico matrimonial llamado sociedad de gananciales.
Por ello, el embargo es del 50% de cada uno; es decir, lo que le correspondería a Oscorima.
El primero se trata de un inmueble ubicado en el Cercado de Lima, valorizado en S/3.5 millones. En este caso, el monto del embargo es de S/ 1.7 millones.
Otros dos inmuebles son estacionamientos ubicados en San Isidro, uno valorizado en S/ 124.777 y otro en S/ 124.291. Por último, un departamento en el mismo distrito, valorizado en S/ 1.6 millones.
La resolución del juez Chávez también considera el embargo de otro inmueble cuyo único propietario es Oscorima. Este se encuentra ubicado en Cañete y está valorizado en S/ 743 mil.
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Por último, se incluye un auto Subaru del 2009, que adquirió en calidad de soltero, cotizado en S/ 32 mil.
Orden de inhibición
Otra resolución ordena el embargo en forma de inscripción y la orden de inhibición de un departamento y un estacionamiento en San Borja.
El departamento está valorizado en S/ 965.205; y el estacionamiento, en S/ 154.784. La orden de inhibición impide que Oscorima pueda disponer o gravar esos bienes.
Consultado por las órdenes de embargo, el abogado Humberto Abanto, defensor legal de Oscorima, dijo a El Comercio que no opinaría porque las desconoce.
El Caso Obrainsa
Según la hipótesis fiscal, a cambio de una coima, Oscorima habría concertado con altos mandos de la empresa Obrainsa para favorecerla en el proceso de licitación del proyecto Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, en el 2014.
El acuerdo se habría realizado mediante el gerente general de la empresa Altesa -consorciada de Obrainsa-, Alejandro Tello Palacios.
Presuntamente, Tello se encargó de solicitar y recepcionar más de S/ 856 mil de Obrainsa para sobornar a Oscorima.
Se atribuye a Oscorima haber apoyado a Tello por una coima equivalente al 3% de la obra, cuyo valor referencial fue de más de S/ 129 millones. Habría concertado la entrega de la buena pro y firmado adendas irregulares.
El supuesto soborno de S/ 856 mil le habría sido entregado en un maletín, en su departamento en San Isidro, en enero del 2015, según el relato de un colaborador eficaz identificado con el código N.°10-2018.
El mismo colaborador aseguró al Ministerio Público que un trabajador de Obrainsa fue el encargado de retirar los S/ 856 mil del banco BBVA Continental. Luego, le entregó el dinero a Elard Tejeda Moscoso, entonces gerente general de Obrainsa, quien habría sido el encargado de dárselo personalmente a Oscorima.
Por último, señaló que ese fue el único pago ilícito que Obrainsa realizó a Oscorima debido a que, por sus problemas judiciales, dejó el cargo de gobernador regional de Ayacucho.
La fiscalía imputa a Oscorima, Tejada, Tello y otros formar parte de una organización ilícita dedicada a cometer delitos de corrupción de funcionarios.
Oscorima también es investigado por entregar relojes Rolex y otras joyas a la presidenta Dina Boluarte. Por ese caso, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, denunció constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso de la República en mayo último por el presunto delito de cohecho pasivo impropio.
Además…
Sanción
En abril último, el mismo magistrado sancionó a Oscorima por incumplir las reglas de conducta que se le impuso por el Caso Obrainsa.
Oscorima no obedeció la orden de pasar por control biométrico y presentar informes sobre sus actividades mensualmente. Por ello, recibió un apercibimiento, que funciona como un llamado de atención.
