Wilfredo Oscorima: dos empresas vinculadas al cuestionado gobernador registran S/69,3 millones de origen desconocido

La investigación que la Primera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho sigue al gobernador Wilfredo Oscorima Núñez por el delito de lavado de activos también abarca a empresas vinculadas a él y su entorno familiar.

Como parte de esta indagación, iniciada por la fiscal Yvone Aguilar en noviembre del 2020, un equipo de la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú preparó el informe 024-2023-Dirila-PNP/Divila-PTDI-D2, que incluye información de seis peritajes y reportes contables sobre los ingresos y egresos de Oscorima, de dos hijos suyos y de las compañías Wari Inversiones S.A.C., Vision Games Corporation S.A.C. e Inmobiliaria Los Castaños S.A.C.

El informe, al que El Comercio accedió, resalta en particular las operaciones millonarias realizadas por las dos primeras firmas.

Wari Inversiones, en la que Oscorima fue gerente general, se creó en el 2006 para realizar actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados, según información registrada en la Sunat. Mientras que Vision Games Corporation, constituida en el 2006 por la madre de uno de sus hijos, está ligada principalmente al rubro de la explotación de máquinas tragamonedas y juegos de azar, el principal negocio de Oscorima y sus familiares.

El documento elaborado por la PNP indica, basándose en un peritaje, que Wari Inversiones tuvo movimientos bancarios por S/242′767.338 entre el 2016 y el 2020. Sin embargo, identificó que en el mismo período esa compañía registró una cuenta de ventas del estado de ganancias y pérdidas de S/164′172.565.

El mencionado estado es una herramienta que evalúa el desempeño económico de una firma a través de la correlación entre ingresos y gastos en un período específico.

El peritaje establece que, de la comparación entre ambas cifras, Wari Inversiones tiene una diferencia de S/63′676.690, dinero que “no se ha logrado identificar el origen, justificación o procedencia con documentos que acrediten otros ingresos, conforme se refleja en los estados bancarios” (S/63′676.690 es la cifra consignada en el reporte policial; sin embargo, la resta entre S/242′767.338 y S/164′172.565 da S/78′594.773).

En el caso de Vision Games Corporation, entre el 2016 y el 2020 tuvo movimientos bancarios por S/140′652.770 y una cuenta de ventas del estado de ganancias y pérdidas de S/134′986.438. La diferencia, según el peritaje policial sobre la empresa, es de S/5′666.332, monto cuyo origen tampoco se ha podido justificar.

La suma del dinero no identificado de ambas compañías es de S/69,3 millones (aumentaría a S/84′261.105 si se toman en cuenta los S/78′594.773 mencionados antes).

Según el abogado tributarista Fernando Zegarra, “cuando se dice [que] no se conoce la procedencia es porque no hay un documento que sustente si eso fue un préstamo ingresado a la empresa, un ingreso de ganancia extraordinaria o una inyección de aumento de capital”.

Para el experto, es necesario que la administración tributaria (Sunat) exija al investigado aclarar la procedencia del dinero. “Cuando hay movimientos que no son normales, tienen que activarse los sensores de alerta porque evidentemente se está propiciando un tema de posibles ilícitos”, afirmó.

A los ingresos millonarios de las empresas ligadas a Oscorima se suma lo revelado la semana pasada por El Comercio. Un peritaje contable de la División de Lavado de Activos de la PNP, incluido en el informe 024-2023, concluyó que, entre el 2016 y el 2020, Oscorima recibió en sus cuentas abonos no identificados por S/4′942.476 por depósitos en efectivo, cheques y transferencias de terceros, los cuales “no contaban con documentación contable” que determinara su procedencia.

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En este caso, Zegarra señaló que es necesaria una pesquisa más profunda. “Si hay una persona que no puede acreditar S/4 millones, lo primero es levantar información del valor de sus bienes y empresas a nivel nacional y regional. Se debe hacer una investigación más prolija, pero [se] requiere un equipo [fiscal] más robusto y las partes regionales no lo son necesariamente, por eso es muy fácil tumbarse una investigación [fiscal]”.

Sobre la indagación a Oscorima, la fiscal Aguilar consideró que los peritajes de la policía han sido insuficientes.

“Ese es nuestro talón de Aquiles porque, si somos una fiscalía [de crimen organizado], estamos investigando lavado de activos y también trata de personas, que son delitos muy susceptibles; sin embargo, es importante contar con peritos [propios] para hacer una investigación completa. Siempre hacemos el requerimiento, siempre pedimos, pero no hay presupuesto”.

Yvone Aguilar, fiscal contra la criminalidad organizada de Ayacucho

Los inmuebles y la familia

El documento policial refiere que, basado en información de los Registros Públicos, Oscorima ha tenido 17 inmuebles a su nombre desde el 2000 hasta el año pasado (fuera de otros bienes como vehículos). La inversión por esas propiedades fue de US$3′267.999.

No obstante, el informe alerta que los “bienes en la actualidad están siendo transferidos mediante ‘anticipo de legítima’ a nombre de sus hijos Pamela Oscorima Bedoya, Mariano y Judith Oscorima Prieto; esto con la única finalidad de poner a buen recaudo sus bienes (ocultar) y [que] no sean detectados por las autoridades y así evitar su posterior embargo y/o incautación”.

Oscorima, quien cumple su tercer período como gobernador, también constituyó “diversas empresas de fachada” (por lo menos doce) con sus hermanos Yuri, Sócrates, Sabina, Julián y Norma Oscorima Núñez. Las firmas, entre ellas Wari Inversiones, “vienen siendo utilizadas para insertar el dinero producto de su accionar delictivo”.

En otra parte del reporte se indica que Oscorima y su entorno familiar están vinculados “a la explotación ilegal de salas de tragamonedas, empresas inmobiliarias (bienes raíces) y locales nocturnos (prostitución), siendo su centro de operaciones la ciudad de Lima; cuyas ganancias ilícitas estaría empleando para constituir por lo menos 10 compañías de diversos rubros que aparentan dar legitimidad a dichas actividades ilícitas, así como la adquisición de quince inmuebles y varios vehículos modernos de alta gama”.

La narcopolítica

En el 2015, el caso de Oscorima se discutió en la comisión del Congreso que investigó la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, movimientos regionales y locales. En su informe final, el grupo incluyó al gobernador, a quien entonces se había denunciado por segunda vez por lavado de activos procedente de actos de corrupción.

En la comisión, la entonces procuradora antidrogas Sonia Medina declaró en enero del 2015: “El caso del señor Oscorima estaba ciertamente avisado por el tema de tráfico [ilícito de drogas], pero no se llegó a nada. Dos días antes de la elección municipal del 5 de octubre [del 2014] le archivaron su caso”.

“Hay demasiado tráfico de influencias”, comentó Medina aquella vez.

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El 18 de mayo del 2015, Wilfredo Oscorima declaró en la comisión del Congreso que investigaba la influencia del narcotráfico en las agrupaciones políticas. Ante el grupo, afirmó: “Quiero decir que no soy un narcotraficante”.

En el grupo también señaló que la primera investigación que se le siguió por narcotráfico y lavado de activos fue archivada.

Según el informe de ese grupo, Oscorima describió cómo eran sus ingresos al asumir como gobernador por primera vez (2011). Dijo que entonces tenía un patrimonio de S/1′700.000 y que por la función pública renunció a “muchos negocios”. Manifestó que se quedó con S/180.000 de patrimonio mensual más los S/15.000 que percibía como sueldo. Además, indicó que tenía rentas mensuales por US$80.000.

En junio del 2015, cuando cumplía su segundo período como gobernador, Oscorima fue sentenciado a cinco años de cárcel por corrupción. Estuvo prófugo hasta que fue capturado en el 2016. En el 2017, la Corte Suprema lo absolvió.

Este Diario buscó el descargo de Wilfredo Oscorima a través de su abogado William Molina, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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