Un día después de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenara 36 meses de prisión preventiva en contra de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, el congresista perulibrista Waldemar Cerrón arremetió en contra el magistrado y sugirió que debía ser denunciado penalmente por inaplicar la Ley N°32108 (la polémica primera modificación a la ley de crimen organizado).
En la audiencia del último domingo, Concepción Carhuancho rechazó acoger la referida norma en el marco de la investigación a la red criminal Los Waykis en la Sombra, presuntamente encabezada por el ‘hermanísimo’. De acuerdo con el Ministerio Público, esta organización instrumentalizó a los prefectos y subprefectos del país para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú (CPP).
El juez, como parte de su argumentación, remarcó que la Ley N°32108 es inconstitucional y contraria a la Convención de Palermo. “Se trata de una ley con nombre propio. […] Ha dejado consecuencias nefastas y seguirá produciéndolas”, complementó.
Recordó que la norma fue impulsada por Cerrón, quien luego trató de beneficiarse de esta.
Lee también: Nicanor Boluarte: juez Richard Concepción Carhuancho inaplica nueva ley sobre crimen organizado
A través de un video publicado en Tik Tok, el segundo vicepresidente del Congreso calificó de “gaseosos” y “nada serios” los argumentos de Concepción Carhuancho.
“No solo muestra una clara intención de cuestionar mi labor de legislador, sino que muestra una evidente politización de la justicia desde su despacho, más aún si tenemos en cuenta que el juez no legisla, sino administra justicia dando cumplimiento a la ley. Si el juez Concepción Carhuancho desea legislar que postule al Congreso”, manifestó el perulibrista.
Cerrón Rojas dijo que fue “un exceso” la mención que hizo el magistrado de su persona, “en un caso donde no tengo nada que ver”.
“Estamos ante una afasia jurídica o ‘capitis diminuio’ en la comprensión de la ley”, expresó.
Lee también: Doce preguntas claves sobre los nuevos cambios para la elección del Congreso bicameral
El parlamentario, además, sostuvo que el referido juez “se equivoca” al sostener que la Ley N°32108 no cumple con lo establecido en la Convención de Palermo.
“La aplicación de la referida convención es para la delincuencia organizada transnacional, lo que es diferente a criminalidad organizada dentro del territorio nacional […] Siendo así, advertimos con una cierta claridad que el juez Concepción Carhuancho habría emitido una resolución prevaricadora, porque su resolución contiene una motivación aparentemente contraria al texto expreso y claro de la ley”, dijo.
El perulibrista sugirió que el magistrado “podría y para algunos debe ser denunciado penalmente” por este hecho.
“Es una amenaza”
El ex viceministro de Justicia Gilmar Andía consideró que las expresiones de Cerrón constituyen una “evidente amenaza” no solo en contra de Concepción Carhuancho, sino de todos los jueces que hacen el control difuso a las leyes polémicas del Congreso.
“Lo que dice el Código Penal es que el delito de prevaricato se da cuando el juez dicta una resolución manifiestamente contraria al texto de la ley. Pero lo que tenemos aquí es que el juez ha hecho un control convencional, los jueces tienen esa posibilidad. Y esto no quiere decir que un magistrado quiera legislar. Definitivamente, es una amenaza”, manifestó.
En comunicación con El Comercio, Andía sostuvo que Concepción Carhuancho no ha incurrido en mentiras al señalar que la Ley N°32108 fue dada “con nombre propio”, al recordar que Waldemar y Vladimir Cerrón intentaron acogerse a esta para archivar una investigación por crimen organizado en el marco del Caso Los Dinámicos del Centro.
“Es evidente lo que intenta hacer el congresista Cerrón, y es amedrentar y lanzar una amenaza no solo a Concepción Carhuancho, sino a todos los jueces que inaplican la nueva ley de crimen organizado y otras. Esto es peligroso, es un discurso totalmente político. No hay que olvidar que Perú Libre es el impulsor de todas las normas que han venido socavando la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial. Todas las normas que han sacado son en beneficio de los congresistas y sus aliados”, remarcó.
Lee también: Congreso rechaza la reelección de alcaldes y gobernadores: así fue el debate y la votación en el pleno
Al respecto, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado afirmó que las expresiones de Cerrón no solo son “una amenaza” en contra del juez Concepción Carhuancho, sino que son “palabras impertinentes y fuera de lugar”, que revelan “la ignorancia” del congresista de izquierda sobre la Convención de Palermo.
“Este señor cree que esta convención se refiere a ámbitos que excluyen los esfuerzos de los estados para luchar dentro de su soberanía en contra de la delincuencia organizada. La Convención de Palermo condensa la voluntad de la comunidad internacional para que cada país la haga suya, la dicotomía señalada por Cerrón no existe”, explicó.
En diálogo con este Diario, Maldonado subrayó que los jueces tienen la capacidad de realizar control difuso y que no solo son “una boca que lee la ley”.
“Este señor Cerrón está perdido y actúa como un matón”, complementó.
Lee también: Quién es quién: Ya son 38 los partidos inscritos y estas son sus principales figuras con miras a las elecciones 2026
Un predictamen riesgoso
En solo un mes y 10 días, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, dirigida por Isaac Mita (Perú Libre), dictaminó un proyecto de ley que tiene como finalidad suprimir la facultad que tienen los jueces de todos los niveles de realizar control difuso. Es decir, de inaplicar normas que consideren inconstitucionales, al momento de emitir una resolución.
El predictamen, que estuvo en la agenda de la sesión de este último miércoles, busca modificar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al establecer que cuando un juez, “en cualquier proceso, especialidad o etapa procesal” advierta que una ley, “de cuya validez dependa” su fallo, “es inconstitucional, suspende el proceso y eleva en consulta ante el Tribunal Constitucional”.
La iniciativa- que tiene como origen un proyecto del perulibrista José María Balcázar- señala que la decisión que tome el Tribunal Constitucional será vinculante.
En su exposición de motivos, la Comisión de Justicia subraya que el control de constitucionalidad de una norma “debe ser realizado por un órgano especializado en la interpretación de la Constitución”. “La Corte Suprema, si bien es el órgano judicial superior, tiene competencias generales en diversas ramas del derecho, como el derecho civil, penal y administrativo, y no está especializada en derecho constitucional”, agrega.
El predictamen no cuenta con ninguna opinión técnica favorable. Esto debido a que, a mediados de octubre, la Comisión de Justicia solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y Colegio de Abogados de Lima sus posturas, pero no esperó a que estas instituciones le respondan.
Andía sostuvo que el objetivo del Congreso es que los jueces no puedan inaplicar cualquier ley que ese poder emita.
“El control difuso es una garantía constitucional, no es una mera facultad, entonces que se la quiten llevaría a que los jueces hagan nuevamente control e inapliquen esta esa norma. Con esto, el Congreso trata de ser un poder absoluto en el Estado. No quieren ningún tipo de control y nadie lo podría parar. Esta iniciativa es un absurdo legislativo”, alertó.
Maldonado, a su turno, indicó que “los riesgos” que conlleva este predictamen “son enormes”.
“Nuestro sistema jurídico no tiene un control constitucional monolítico, los jueces hacen el control constitucional difuso, esta norma es absurda y es una abierta vulneración a los principios del estado de derecho. También revela la actitud caduca de Perú Libre de destruir la democracia junto con sus cómplices”, acotó.
Lee también: Presidente de Comex: “La minería ilegal ya sobrepasó a las actividades del narcotráfico”
Más información
A fines de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó la solicitud del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, para que se archive el presunto delito de organización criminal por el que se les investiga en el Caso Los Dinámicos del Centro.
Los hermanos Cerrón buscaban que se aplique la Ley 32108, que ellos mismos impulsaron en el Congreso. No obstante, Chávez Tamariz resolvió que seguirán siendo investigados por organización criminal.
