Según información de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a la que accedió El Comercio, son 23 carpetas fiscales y judiciales que viene arrastrando el fundador de Perú Libre y por las cuales debe responder.
En ellas están incluidas las dos condenas que tiene Cerrón: por el Caso La Oroya, por el delito de negociación incompatible y la cual le fue restituida en marzo pasado; y el Caso Aeródromo Wanka, donde fue hallado culpable de colusión y por la cual pasó a la clandestinidad, en octubre de 2023.
Pero a esta serie de expedientes se suman otras pesquisas a nivel de fiscalía suprema y Fiscalía de la Nación (Casos Patricia Benavides y Jaime Villanueva) abiertas este mismo año por presunto tráfico de influencias, así como una adicional vigente en la Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo.
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Es decir, si hacemos un recuento, el prófugo Vladimir Cerrón tiene un largo rosario de 26 expedientes fiscales y judiciales. Y la gran mayoría están vinculados a delitos de corrupción y por proyectos de inversión en Junín durante su primer (2011-2014) y segundo gobierno (2019).
Sin embargo, de todos ellos, son ocho los cuales están en etapa de juzgamiento; es decir, tanto para determinar su responsabilidad ya sea a nivel penal —por delitos como colusión— o en el ámbito civil, en donde se deberá determinar si su accionar causó un perjuicio al Estado.
En casi la mitad de ellos, ya se tiene previsto el inicio de las audiencias en 2025, según conoció este Diario. Además, hay un juicio por una licitación pública irregular que tiene previsto comenzar el 14 de noviembre próximo.
No obstante, esta cifra de los casos en etapa de juzgamiento bien puede ir incrementándose conforme pasan las semanas y meses, debido a que hay seis casos en etapa intermedia, los cuales de superar este periodo deberán a proceder con un juicio oral.
Justamente, entre los casos contra Cerrón se encuentran dos hospitales emblemáticos: el Hospital Manuel Angel Higa Arakaki (Satipo), por el que la fiscalía ya formuló acusación y solicitó nueve años de prisión en su contra; y El Carmen (Huancayo), que está en la etapa de juzgamiento.
Puntos de vista
“La persecución política, de acuerdo a la doctrina internacional, es por razón de ideas. No por fechorías”, dijo a El Comercio el exconsejero regional de Junín Gines Barrios.
A su juicio, contrario a lo que quiere hacer creer Cerrón, se trata de una serie de investigaciones fiscales, muchas ya en su etapa final, a raíz de una suerte de “modus operandi” que imperó en las dos gestiones en las que el fundador de Perú Libre estuvo el poder.
Y que trajo como consecuencia —remarcó Barrios— que casi todas las obras ejecutadas en esos años estén imputadas. “Su forma de entender el Estado es perversa”, dijo, en referencia a la actuación de Cerrón y su círculo más cercano cuando estuvo en el poder.
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Por su parte, el exconsejero por Satipo José Villazana destacó el caso del hospital Manuel Higa Arakaki como uno de los más emblemáticos por su trascendencia con la salud pública, pues dijo se perjudica a 280 mil habitantes de toda la provincia y por lo cual ahora la fiscalía pide nueve años de prisión.
“Ahí no hay ningún tema de persecución política ni nada”, comentó Villazana a este Diario.
Así las cosas, conforme transcurre el tiempo, los expedientes se van acumulando para Cerrón. Un juicio no puede instalarse sin la presencia del imputado, tal como explicó el abogado penalista Andy Carrión. En ese caso, dijo que se reserva el fallo hasta que sea capturado y dispuesto ante la autoridad judicial.
“Es obligatoria la presencia del imputado para iniciar el juicio oral. Si el imputado no se presenta, entonces se reserva el fallo. Ese es el término técnico. ¿Qué significa? Que él va a ser enjuiciado una vez sea capturado y puesto bajo disposición de la autoridad. Se pone a disposición de la autoridad y se inicia recién el juicio en su contra. Paralelamente, ordenan su captura”, comentó Carrión.
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No obstante, ello no ocurre en aquellos casos en donde se busca una reparación civil, independientemente de que la responsabilidad penal se haya enervado, ya sea porque ya prescribió u otro tema. En ese caso —apuntó Carrión— únicamente se requiere la presencia de su abogado y el juicio prosigue.
Precisamente, a pesar del voluminoso número de expedientes, el hecho de que Cerrón permanezca más de un año en la clandestinidad no necesariamente entrampa el trabajo de la fiscalía de investigar los casos según su hipótesis, perseguir el delito y formular cargos, según explicó el abogado penalista Gilmar Andía.
Además de su propia declaración, hay otros elementos con los que se puede contar desde Ministerio Público para llegar al fondo del caso.
“El proceso se va a paralizar a partir de que no pueda ejercer defensa en la etapa de juicio oral. Se puede hacer toda la investigación sin el sujeto, y se le puede imputar cargos. Lo que no se puede hacer es un juzgamiento en ausencia porque es la propia Constitución la que lo dice: nadie puede ser sentenciado en ausencia”, aseveró.
En el caso de haber más imputados, el proceso sigue en contra de ellos y se reserva el proceso hasta que sea presentado al juzgado. Así las cosas.
