Desde entonces, el líder y fundador del Partido Perú Libre (PL) se ha convertido, en teoría, en el prófugo más buscado en todo el país y también en el más escurridizo, evadiendo los diversos operativos que se ejecutaron para su captura.
La Fiscalía de la Nación investiga incluso si por más de un año Cerrón Rojas pudo evadir a la justicia con el apoyo del altos funcionarios del gobierno y particulares.
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No obstante, su condición de prófugo no ha impedido que, a través de sus abogados busque anular sus condenas a través de diversos recursos, no solo ante el Poder Judicial, sino también ante el Tribunal Constitucional (TC).
Recientemente, a través de uno de sus abogados, el fugitivo exgobernador de Junín ha presentando sendos escritos similares, exigiendo que el TC se pronuncie y resuelva dos recursos de hábeas corpus que fueron presentados a favor de Cerrón Rojas, en el marco del Caso “Aeródromo Wanka”.
En los documentos, el abogado Víctor Peralta Miranda requiere a los magistrados de dicho órgano constitucional que se emita la sentencia sobre su pedido para anular la condena efectiva que pesa sobre el prófugo exfuncionario desde octubre del 2023, y por la cual entró a la clandestinidad.
Ambos documentos, a los que accedió El Comercio, fueron presentados el 7 de octubre último ante el Pleno del TC señalando que ambos recursos de hábeas de corpus se encuentran pendientes de ser resueltos desde el pasado 24 de mayo, fecha en que se realizó la vista de la causa, por lo que ya han pasado cuatro meses desde entonces.
“Que, a manera de antecedente tenemos que la presente garantía constitucional tuvo vista de la causa el día 24 de mayo del año en curso, es decir, han transcurrido más de 4 meses, sin que hasta la fecha se haya emitido la correspondiente sentencia que ponga fin a la presente garantía constitucional de hábeas corpus.”
Peralta Miranda, cabe precisar, es el mismo abogado de Cerrón Rojas, quien en setiembre pasado también utilizó un escrito para amenazar al juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, con denunciarlo ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto, debido a que el juez rechazó su recurso para archivar el presunto delito de crimen organizado en el Caso Los Dinámicos del Centro, en aplicación de la Ley Nº 32108.
En sus escritos, Peralta Miranda le recuerda al TC que según el Código Procesal Constitucional (CPC) “el juez y el tribunal constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos” en curso.
“En ese orden de ideas, puede preciar, señora presidente, que lo esgrimido en los párrafos precedentes, que ha transcurrido un plazo demasiado extenso, cuya demora afecta principios constitucionales, tales como el plazo razonable en que se deba emitir la correspondiente sentencia, la misma que ponga fin a la presente garantía constitucional de hábeas corpus.”
Víctor Peralta Miranda, abogado de Vladimir Cerrón.
Tal como lo informó El Comercio en su momento, las demandas constitucionales interpuestas por Cerrón y su abogado ante el TC cuestionan la vulneración del derecho al debido proceso y al principio de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en la sentencia emitida por el Caso Aeródromo Wanka.
En uno de los expedientes, señalan que la Sala de Apelaciones Transitoria de Junín no resolvió su recurso de excepción de prescripción del delito al momento que lo interpusieron; y que por el contrario lo resolvieron junto a la emisión de la condena. Sumado a ello, que el delito de colusión por el que fue sentenciado, ya habría prescrito en junio del 2023.
En el segundo expediente, Cerrón y su abogado cuestionan que la misma sala de Junín haya ordenado -por mayoría- la búsqueda, captura y reclusión en un penal del exgobernador regional, ya que a su entender ello no procedía pues tenían la vía de la casación ante la Corte Suprema del Poder Judicial; y por tanto, la sentencia de tres años y seis meses efectiva no había quedado firme.
El Poder Judicial condenó por este caso a Vladimir Cerrón Rojas, Aldrin Zárate Bernuy, Luis García Morón y Serafín Blanco Campos, quienes además fueron sentenciados a pagar una reparación civil de S/ 800.000 en favor del Estado y de manera solidaria.
Fueron hallados culpables de haber concertado para la adjudicación directa y suscripción del contrato para la “Construcción, administración y operación de un nuevo Gran Aeródromo Regional Wanka” en los distritos de Sicaya–Huancayo y Orcotuna–Concepción, del departamento de Junín.
En la sentencia, el PJ determinó que el delito de colusión se confirmó con la suscripción del contrato de fecha 4 de junio del 2014, el que obligaba al Gobierno Regional de Junín a realizar el pago del 0,5% del monto de la inversión al contratista, propuesto con la declaración de interés de la iniciativa privada que ascendía a S/2´018.180.
Los recurso en el Caso “Aeródromo Wanka”
El proceso judicial contra Vladimir Cerrón, en el Caso “Aeródromo Wanka” ha tenido diversas articulaciones legales por parte de sus abogados que han buscado anular este caso.
Primero, solicitando su prescripción, que fue rechazada. Luego, interpusieron dos habeas corpus ante el Poder Judicial (PJ) que fueron rechazadas en primera y segunda instancia.
Dichos recursos, vía un agravio constitucional, llegaron al Tribunal Constitucional (TC) buscando también que dicho órgano anule la sentencia efectiva de tres años y seis meses que se le impuso, por el delito de solución.
Además, han recurrido a la Corte Suprema -vía un recurso de casación- buscando la nulidad de la sentencia.
Corte Suprema también analizará prescripción del Caso Aeródromo Wanka
De otro lado, la Corte Suprema de Justicia admitió a trámite y declaró “bien concedido” el recurso de casación que interpuso el prófugo Vladimir Cerrón, a fin de que se declare prescrita la condena que se le impuso por el Caso Aeródromo Wanka. Este es otro de los recursos que el exgoberador del Junín viene impulsando desde la clandestinidad, a través de su abogado José Llumpo Agapito, en busca de anular dicha condena que lo llevó a fugar de la justicia.
La sala suprema aún debe señalar la fecha para el informe oral de las partes.
El tema, propuesto por la defensa de Cerrón Rojas para que sea analizado por la Sala Penal Permanente, está vinculado a su pedido de prescripción del delito de colusión por el que fue sentenciado.
Y es que, la defensa del prófugo exgobernador de Junín alegó que el delito de colusión se habría producido en “un solo momento”, esto fue el 26 de julio del 2013 con la presentación de la iniciativa del proyecto por parte de la representante legal del consorcio que terminó adjudicándose la obra, por lo que ya habría prescrito el delito. No obstante, tanto el juzgado de primera instancia, como la sala de apelaciones que confirmó la condena, señaló que se trataba de diversos actos colusorios que concluyeron con la suscripción del contrato el 4 de junio del 2014, y por tanto no había prescrito al momento de la sentencia.
Otro punto propuesto por la defensa de Cerrón es el cuestionamiento sobre el uso de la “prueba indiciaria” para condenar al prófugo exfuncionario, ya que alegan que no se acreditó de qué forma, bajo qué circunstancias concretas y en qué momento específico se concertó o se realizó el pacto ilícito.
“Propuso se delimiten los indicios en la valoración de prueba en delitos de colusión en función a la conducta de otros funcionarios públicos (gerente general del Gobierno Regional de Junín y presidente del Organismo Promotor de la Inversión Privada); y se determine el inicio para el cómputo de la prescripción de la acción penal, en tanto el delito de colusión simple es de ejecución instantánea.”
Propuesta de Vladimir Cerrón y su abogado José Llumpo Agapito
El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, consideró que el fondo del caso es materia de análisis para generar jurisprudencia y dictar lineamientos jurisprudenciales para uniformizar la interpretación.
Cabe indicar que el abogado del prófugo Cerrón había solicitado a la Sala Suprema que se suspenda provisionalmente la condena efectiva impuesta al exgobernador de Junín hasta que se resuelva el fondo de la casación; no obstante, el tribunal supremo no se pronunció sobre este aspecto en su resolución que declara “bien concedido” el recurso de casación.
La sala suprema también admitió a trámite el recurso de casación que interpuso la Procuraduría de la Contraloría General del Estado, quien cuestionó que la reparación civil solidaria se haya fijado en el monto de S/800.000 y se excluyera de la misma a dos implicados que si bien fueron absueltos de la causa penal, fueron sentenciados con inhabilitación. Sobre todo, porque su pedido conjunto de reparación civil, solicitada oportunamente, es de S/2´018.180.
Además, se analizará los recursos de casación que presentaron los co-sentenciados Aldrin Zárate Bernuy, Luis García Morón y Serafín Blanco Campos.
