La Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima confirmó la resolución que declaró fundada la orden de incautación de más de S/1.5 millones, cuyo titular es el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón.
Se trata de S/376.969.13 de una cuenta de ahorro y de un cheque de S/1′236.543.30, cuyo titular es el prófugo líder de Perú Libre.
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Ello al advertirse, a nivel indiciario, que los bienes objeto de requerimiento cautelar representarían un incremento patrimonial no justificado de persona natural, por no existir elementos que razonablemente permitan considerar que provienen de actividades lícitas.
Asimismo, se encontrarían vinculados a actividades ilícitas contra la administración pública, lavado de activos y criminalidad organizada, que habrían sido perpetradas por Vladimir Cerrón en su condición de gobernador regional de Junín.
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Además, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP informó que Cerrón Rojas intentó retirar los referidos montos al enterarse del inicio de investigaciones penales en su contra por el delito de lavado de activos.
De ese modo, el referido tribunal declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Vladimir Cerrón contra la resolución N° 02 del pasado 8 de agosto emitida por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de Lima.
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En su resolución, la sala señala que el presente proceso de extinción de dominio no tiene por objeto la determinación de responsabilidad de índole penal de persona alguna, sino que es un proceso independiente y autónomo de la jurisdicción civil, penal u otros.
También detalló que se aplica hacia los bienes que constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias que tengan relación o que se deriven de actividades ilícitas.
Pendiente de segunda votación
Cabe indicar que está pendiente de segunda votación un proyecto de ley impulsado por Fuerza Popular, que anularía todas las medidas cautelares e incautaciones en los procesos de extinción de dominio en trámite. El dictamen exige que solo se puedan iniciar previa sentencia condenatoria firme.
De aprobarse, más de cinco mil casos -en fase de indagación o proceso judicial- que actualmente se encuentran en trámite de extinción de dominio, podrían ser mandados al archivo o quedarían anulados.
