El TC argumentó que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Junín no especificó adecuadamente el tipo de delito imputado a Cerrón ni justificó por qué no aplicaba la prescripción. Por ello, declaró fundado un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del prófugo.
La decisión del TC no implica una declaratoria de inocencia, destacaron abogados penalistas en diálogo con El Comercio.
“De ninguna manera [es una declaración de inocencia]. Es una anulación que pide reevaluar el caso bajo determinados criterios. No está absolviendo a Cerrón”
El tribunal ordenó que la sala emita un nuevo pronunciamiento.
El penalista Andy Carrión precisó que la resolución del TC implica que la sentencia contra Cerrón “se vuelva a dilucidar en una segunda instancia; es decir, que la sentencia condenatoria al día de hoy ya no es firme, solamente hay una decisión en primera instancia que está prevaleciendo”.
La sala tiene que volver a decidir dos puntos específicos: ¿Cuándo se habría consumado el delito de colusión simple que le imputan? Y en base a la determinación del tiempo, si habría prescrito o no.
El abogado penalista Vladimir Padilla agregó que la decisión del TC ya establece que los hechos imputados a Cerrón habían prescrito, pero “lo curioso de la decisión es que no solamente lo dice y da por cerrado el caso, sino que manda o devuelve a la sala para que se pronuncie. […] Prácticamente le está diciendo que simplemente emita el certificado de defunción”.
Los magistrados que votaron a favor de Cerrón fueron cuatro: Francisco Morales Saravia, Helder Domínguez Haro, Pedro Hernández Chávez y Gustavo Gutiérrez Ticse. Este último, en abril pasado se mostró a favor de anular el arresto contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado de diciembre del 2022.
Tres se pronunciaron en contra del hábeas corpus de Cerrón: César Ochoa Cardich, Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez. Este último dijo en entrevista con Canal N: “No hemos debido modificar [la decisión del Poder Judicial]. Está suficientemente motivada. […] Contrariamente a lo que pensamos tres, lo han admitido”.
Consecuencias
La anulación de la condena tiene implicaciones directas en la posibilidad de Cerrón de postular en las elecciones del 2026.
“No habrá ningún impedimento. Si es que este señor no tiene otra condena, puede postular libremente para cualquier cargo. […] Cualquier medida de coerción [como la prisión preventiva] o proceso no destruye su presunción de no culpabilidad”, explicó Padilla.
Cerrón arrastraba dos condenas, una por el Caso La Oroya y otra por el Caso Aeródromo Wanka.
Por el Caso La Oroya, en marzo pasado, el Poder Judicial restituyó la pena de cuatro años de prisión suspendida que se le aplicó en el 2019 por el delito de negociación incompatible. No obstante, fuentes de la procuraduría anticorrupción precisaron que ya se cumplió la pena y el periodo de inhabilitación. Solo faltan asuntos administrativos para contar con una resolución.
El prófugo líder de Perú Libre también tiene dos órdenes de prisiones preventivas en su contra. La primera le fue impuesta por 24 meses en enero pasado, en la investigación que se le sigue por el supuesto delito de lavado de dinero mediante Perú Libre, con ayuda de la red criminal “Los Dinámicos del Centro”. La segunda es por 18 meses, por el presunto delito de colusión agravada, en el Caso Antalsis. Fue impuesta a inicios de este mes.
Las prisiones preventivas no le impiden postular a cargos de elección popular. En el 2021, el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, fue elegido congresista a pesar de que cumplía detención domiciliaria. Debido a su elección, el Poder Judicial le varió la medida por comparecencia con restricciones.
No obstante, Cerrón acumula ocho casos en etapa de juicio y se le avecinan más. Debe responder por más de 20 carpetas fiscales y judiciales. La gran mayoría de ellas están ligadas a delitos de corrupción cuando ejerció como gobernador regional de Junín.
El inicio de un juicio oral contra Cerrón por presunta colusión en el Caso Margen Izquierda del Río Mantaro está programado para el 8 de julio del 2025. Además, otro juicio por presunta malversación en el Caso Fondos de red turística comenzará el 15 de septiembre de ese mismo año.
En tanto, se programó para el dos de diciembre del 2025 el inicio del juicio por el Caso Presupuesto del MEF destinado a otros proyectos. En este, Cerrón es acusado por los presuntos delitos de malversación y peculado.
Reacción
El abogado Luis Mayhua Quispe, defensor legal de Cerrón en el Caso Aeródromo Wanka, adelantó que buscarán la nulidad de las dos prisiones preventivas amparados en la resolución del TC.
“En los casos Antalsis y Dinámicos, él tenía comparecencia con restricciones, pero las revocaron y las convirtieron en prisiones preventivas porque no podía firmar [cumplir con reglas de conducta], debido a la sentencia. Ahora simplemente hay que decirles a los jueces que firmará”, dijo a El Comercio.
No obstante, cuando el juez Jorge Chávez Tamariz resolvió la segunda prisión preventiva, advirtió que Cerrón incumplió las reglas de conducta incluso antes de darse a la fuga.
Además, destacó que el líder de Perú Libre “muestra un total desprecio a los mandatos judiciales, desde una concepción errónea de preservación de su libertad”.
