La suspendida vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, dijo este lunes que “la democracia tiene que ser defendida a toda costa”, en referencia a la sanción impuesta por el Gobierno que le impide ejercer el cargo por cinco meses y, por tanto, asumir funciones como mandataria cuando el presidente Daniel Noboa deba pedir licencia para la campaña electoral de los comicios de 2025, donde busca su reelección.
“Esto nos trae libertad. El desarrollo de nuestro pueblo depende justamente de tener un orden constitucional y es por lo que abogo constantemente”, señaló Abad a los medios de comunicación en Quito, durante un receso de la audiencia sobre la acción de protección que interpuso con el objetivo de anular su suspensión a través de la Justicia.
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La suspensión fue emitida por el Ministerio de Trabajo por no haberse desplazado desde Tel Aviv a Ankara cuando cumplía funciones como embajadora en Israel en el plazo marcado por el Gobierno, que lo consideró como un abandono temporal de su encargo como vicepresidenta, dentro del enconado enfrentamiento que mantienen Noboa y Abad, quien ha denunciado al mandatario por presunta violencia política de género y le ha acusado de liderar un acoso con la intención de forzar su dimisión.
El distanciamiento entre ambos comenzó en la campaña electoral de las elecciones de 2023 y se plasmó al asumir sus cargos, cuando el gobernante la envió a Israel como embajadora, con el objetivo de mediar en el conflicto entre palestinos e israelíes.
Abad valora apoyo de sociedad civil
A la salida de la sala de audiencias, Abad dijo que le parecía “importantísimo” que desde la sociedad civil se esté siguiendo de cerca este proceso y que se hayan “unido” por la “defensa de la libertad y de la democracia”, en referencia a las intervenciones que han hecho abogados y académicos durante la diligencia dirigida por la jueza Nubia Vera.
Y cargó en contra de quienes han pedido a la jueza Vera que niegue la acción de protección. “Es una vergüenza, no deberían nunca enseñar a los alumnos, si es que son maestros del derecho y la Constitución”, señaló.
La diligencia se instaló inicialmente el pasado 29 de noviembre, pero se suspendió al final de la jornada. Luego tenía previsto instalarse el 5 de diciembre, pero se difirió por pedido de la vicepresidenta y se reanudó este lunes, con la presencia también -aunque virtual- de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, cuya cartera emitió la suspensión contra Abad.
En la audiencia de noviembre, la jueza pidió al abogado del Ministerio que le especifique en qué parte de la legislación ecuatoriana se determinaba que la sanción que recibió la vicepresidenta debía ser de 150 días.
La defensa se tomó varios minutos para buscar el sustento normativo y al final admitió que, ante una falta grave, la Ley de Servicio Público (Losep) no determina un límite de días de suspensión temporal, por lo que la decisión se tomó “con base en las reglas de la sana crítica”.
“Se ha cometido una injusticia”
Abad, quien volvió a Ecuador el pasado 20 de noviembre tras su suspensión y la designación de Sariha Moya como “vicepresidenta encargada” por parte de Noboa, indicó que se ha cometido una injusticia con ella.
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También advirtió que con su equipo legal están analizando las declaraciones del ministro de Gobierno, José de la Gasca, quien ha señalado que analizan alternativas para que ella no asuma el poder de salir favorecida con la acción de protección.
“Habla en contra de lo que dice la norma. Es una contradicción absurda”, reiteró la vicepresidenta suspendida. Y señaló que tiene “mucha esperanza” en que la jueza falle a su favor, y que una vez que se conozca la decisión, de ser favorable, volverá a su despacho en la Vicepresidencia. “Como tenía que ser siempre”, concluyó.
La audiencia fue nuevamente suspendida y no se retomará hasta el próximo lunes 16 de diciembre, después de que los abogados de la vicepresidenta advirtiesen que se habían añadido nuevos documentos por parte del Gobierno que debían revisar, por lo que señalaron al Ministerio de Trabajo de intentar dilatar el proceso.
