El viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu), Walter Borja Rojas, justificó que el Gobierno no haya emitido una resolución sobre la decisión de aprobar las clases virtuales en los colegios nacionales y privados del 9 al 13 de marzo afirmando que “no es una medida educativa”.
En entrevista con Canal N, señaló que se trata de una “respuesta de contingencia” del Ejecutivo ante la emergencia por la crisis energética que vive el país y que la intención de dicha medida es reducir la movilidad de la gente en la ciudad.
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“Esta no es una medida educativa en sí misma, esto es parte de una respuesta de contingencia que el Gobierno ha establecido frente a esta situación de emergencia energética, la más importante de los últimos tiempos. Lo que se trata es cómo reducir la movilidad de las personas en las calles”, expresó.
Recordó que la población escolar en el ámbito de Lima Metropolitana en total asciende a 2 millones 400 mil estudiantes, de los cuales un millón 200 mil están bajo el servicio privado, al igual que 80 mil docentes.
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Así, remarcó que la decisión de disponer clases virtuales en los centros educativos públicos y particulares responde a la necesidad de restringir el consumo excesivo de combustible y no exponer a los escolares a las “dificultades” del desplazamiento en la ciudad.
“El consumo excesivo de energía de combustible para el desplazamiento va a presionar más las reservas que se tienen mientras se sale de la contingencia”, subrayó el funcionario del Minedu.
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“Por tal razón, esta es una medida temporal y excepcional para que se garantice la continuidad del servicio educativo sin exponer a estudiantes, docentes y a sus familias a las dificultades del desplazamiento en la ciudad”, agregó.
Como se recuerda, el Ministerio de Educación anunció que las clases virtuales en colegios, universidades e institutos públicos y privados serán del 9 al 13 de marzo debido a la escasez de gas natural en el país.
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“Del 9 al 13 de marzo las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y el Callao que ya iniciaron clases desarrollarán sus actividades académicas en la modalidad remota”, indicó en un comunicado.
“Esta medida comprende también a universidades e institutos, a fin de contribuir con la racionalización de recursos y facilitar la movilidad en la ciudad, garantizando la continuidad del servicio educativo”, añadió.
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La rotura del ducto de TGP en el Cusco, el pasado domingo 1 de marzo, originó la caída en el abastecimiento nacional, cubriendo actualmente solo 70 millones de pies cúbicos diarios, apenas el 9% de la capacidad habitual de 800 millones.
Por ello, desde el último lunes 2 de marzo los grifos de Lima dejaron de vender GNV a taxis y vehículos particulares como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la emergencia en Camisea.
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Además, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el estado de emergencia en el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo y dispuso un proceso de racionalización hasta que se culminen con las obras de reparación.
