La muerte de Alfredo Díaz, exgobernador venezolano y opositor al régimen de Nicolás Maduro, ocurrida mientras se encontraba bajo custodia en El Helicoide, ha vuelto a colocar en el centro de la denuncia internacional las condiciones de detención en los centros carcelarios del chavismo. Mientras las autoridades de Venezuela aseguran que el deceso se produjo por un infarto, familiares y personas cercanas a Díaz sostienen que fue víctima de negligencia y abandono médico, en un contexto de reclusión que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, se caracteriza por el aislamiento, las condiciones inhumanas y la falta de atención adecuada.
El sábado, la ONG venezolana Foro Penal denunció la muerte en prisión de Díaz, exgobernador de Nueva Esparta de 56 años, quien llevaba más de un año preso en condición de aislamiento.
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Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, le dijo a El Comercio que Díaz estaba recluido en “condiciones muy precarias. No se le permitía salir a recibir sol y no se le permitieron los tratamientos médicos que necesitaba”.
Agregó que las autoridades solo permitieron una visita de su hija desde su arresto.

El domingo, el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó el deceso y aseguró que fue producto de un infarto.
“El día sábado 06 diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (…) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después», dijo la entidad en un comunicado.
La hija del exgobernador, Daliannys Díaz, manifestó que su padre tenía problemas de salud al momento de su arresto, ocurrido el 24 de noviembre del 2024.
“Cuando lo detienen, se les (dijo) que debía tener tratamiento y le hicieron caso omiso, en un año y días lo mataron, mi padre diariamente sufría secuelas como desmayos, falta de oxígeno, fuertes dolores en el pecho, incluso convulsionaba”, explicó en un video publicado en TikTok.
Alfredo Díaz fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa.
El político había puesto en duda los resultados oficiales que dieron la victoria a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio de ese año. La Fiscalía lo acusó de “incitación al odio” y “terrorismo”.
Gonzalo Himiob refirió a este Diario que Díaz ya había sido acusado de manera formal, pero su juicio estaba paralizado.
Tras las últimas elecciones presidenciales, más 2.000 personas fueron detenidas por el régimen represivo de Maduro. De ellas, seis han muerto en prisión, incluído Díaz, de acuerdo con los registros del Foro Penal.
En total, desde el 2014 han fallecido 17 presos políticos en las cárceles de Venezuela.
En su última actualización del 4 de diciembre, el Foro Penal cifró en 887 el número de presos políticos en el país caribeño.
El politólogo venezolano Luis Nunes le dijo a El Comercio que antes de su arresto Díaz se encontraba en situación de alerta ante una posible detención, por lo que habría intentado salir del país por la frontera con Colombia cuando fue interceptado por el SEBIN en el estado Portuguesa.
“Fue detenido y mantenido oculto durante un tiempo. Su familia no sabía dónde estaba”, relata el entrevistado. Posteriormente, se confirmó que se encontraba recluido en El Helicoide desde el 2024.
Aunque la versión oficial ha señalado que su fallecimiento se debió a causas naturales, Nunes remarca que su entorno familiar y sectores de la oposición han puesto en duda esa explicación y denuncian que las condiciones de reclusión y posibles malos tratos habrían deteriorado gravemente su estado físico.
Nunes señala que el caso de Díaz debe ser tomado en cuenta por la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación que tiene abierta contra Maduro. También hace notar que el Departamento de Estado de Estados Unidos ya tomó nota del tema.
El entrevistado sostiene que con respecto a los presos políticos, el régimen chavista mantiene un patrón que responde a una lógica de “puertas giratorias”: libera a algunos detenidos como gesto político o moneda de intercambio, mientras apresa a otros casi de inmediato.
Agrega que las negociaciones con el régimen de Maduro no han redundado en la mejora de las condiciones de detención de los presos políticos, al contrario, “hay un progresivo deterioro de las condiciones de los detenidos. La situación está peor que nunca”.
Nunes adelantó que está previsto que María Corina Machado, cuando reciba el Nobel de la Paz este 10 de diciembre en Oslo, aborde en su discurso la situación de los presos políticos y visibilice las denuncias sobre detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas de reclusión.
¿Quién era Alfredo Díaz?
Alfredo Díaz Figueroa desarrolló la mayor parte de su carrera política en Nueva Esparta. Nacido en la isla de Margarita, se formó en administración de empresas turísticas en la Universidad de Oriente y dio sus primeros pasos en la vida pública desde el ámbito municipal, vinculado al partido Acción Democrática, uno de los partidos históricos del país.
Su ascenso político comenzó como concejal del municipio Mariño y luego como alcalde de esa jurisdicción, que incluye a Porlamar, uno de los principales centros comerciales y turísticos de Margarita. Desde esa posición consolidó un liderazgo local basado en la gestión de servicios públicos y en su discurso crítico frente al centralismo del gobierno de Hugo Chávez primero y de Nicolás Maduro después. Fue reelegido como alcalde en el 2013, lo que reforzó su proyección regional.
En el 2017, Alfredo Díaz dio el salto a la política nacional al ser electo gobernador de Nueva Esparta. Su victoria se interpretó como una señal del avance opositor en regiones clave del país, especialmente en un contexto de alta polarización política.
Durante su gestión mantuvo una postura de confrontación institucional con el chavismo, denunciando recortes presupuestarios, fallas en los servicios básicos y obstáculos para la administración regional. Su mandato se extendió hasta el 2021.
Tras dejar la gobernación, Díaz continuó activo como una voz crítica del Gobierno de Maduro. En el 2024 volvió a cobrar visibilidad tras cuestionar públicamente las condiciones políticas del país y las elecciones del 28 de julio de ese año. Meses después fue detenido por el SEBIN y recluido en El Helicoide.
Cómo es el temido El Helicoide
El Helicoide es una de las construcciones más simbólicas y temidas de Caracas. El llamativo edificio está ubicado en la zona de Roca Tarpeya, al suroeste de la ciudad.
La enorme edificicación de concreto, en forma de espiral, fue concebida en la década de 1950 como un moderno centro comercial. Su diseño helicoidal permitiría que los vehículos subieran por rampas hasta los distintos niveles. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó y terminó abandonado.
A partir de la década de 1980, el Estado comenzó a utilizarlo con fines de seguridad e inteligencia, hasta convertirse posteriormente en la sede principal del SEBIN.
En sus niveles más bajos funciona uno de los centros de reclusión más cuestionados del país: una prisión no oficial que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, alberga a presos políticos, militares disidentes, activistas, estudiantes y opositores al gobierno de Maduro.
El Helicoide es una mole de concreto armado, con pasillos estrechos, áreas sin ventilación adecuada y escasa iluminación. Las denuncias de exdetenidos describen celdas pequeñas, algunas sin ventanas, espacios de aislamiento y condiciones de hacinamiento. Varias zonas del edificio no fueron diseñadas para ser habitadas, lo que agrava la precariedad de la infraestructura penitenciaria.
Las ONG Foro Penal, Provea, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que El Helicoide es un centro de torturas, tratos crueles, incomunicación prolongada, interrogatorios sin garantías legales, falta de atención médica y restricciones al acceso de abogados y familiares.
El Helicoide no funciona como una cárcel formal del sistema penitenciario, sino como un centro de detención bajo control directo de los organismos de inteligencia.
Allí han estado recluidos dirigentes políticos como el exdiputado Freddy Superlano, el dirigente Américo de Grazia, la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, el opositor Enzo Scarano, el activista Javier Tarazona, entre otros.




