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El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes un nuevo tributo que recaerá en las empresas para destinarlo al sistema de pensiones pulverizado por años de inflación.
“Queda aprobado por unanimidad, en consecuencia, se declara sancionada Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista y se remite al Ejecutivo nacional para su promulgación”, señaló el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez.
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La ley establece que la “contribución especial” de las empresas “que realicen actividades económicas en el territorio nacional, será de hasta el quince por ciento (15%) del total de los pagos realizados a los trabajadores y trabajadoras por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial”.
La ley, que consta de 13 artículos, señala además que “el presidente o presidenta de la República establecerá anualmente el porcentaje correspondiente de la contribución especial, de acuerdo con el tipo o clase de actividad económica”.
El chavismo atribuye la precariedad de las asignaciones mensuales destinadas a los más de 5 millones de pensionados del país a los efectos generados por las sanciones financieras que Estados Unidos ha aplicado para forzar, sin éxito, la salida del presidente Nicolás Maduro.
“Prácticamente las pensiones quedaron trituradas bajo el peso de esta agresión económica”, dijo el diputado Jesús Faría durante la sesión en la que fue aprobada la ley.
La ley, que analistas ven como un instrumento que alienta la voracidad fiscal sobre el sector empresarial, tiene como objetivo “brindarle la posibilidad del mejoramiento de las pensiones, de la seguridad social”, dijo por su parte el parlamentario Diógenes Linares.
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Su aprobación ocurre en un contexto de congelación del salario mínimo aumentado por última vez en 2022, equivalente en la actualidad a menos de 4 dólares y tomado como referencia para el pago de pensiones en Venezuela.
El “ingreso mínimo integral”, como lo ha llamado el gobernante que buscará un tercer mandato en las elecciones del 28 de julio, consta del salario mínimo de 3,50 dólares, unos 40 dólares de un bono de alimentación y ahora otros 90 del denominado “Bono de Guerra Económica”.
Venezuela ha sido castigada en los últimos años por una inflación crónica -Maduro proyectó en 60% el alza de precios para este año- y por la constante depreciación de la moneda local desplazada por una dolarización informal que marca la mayoría de las operaciones.
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