A través de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), se pronunció tras una serie de irregularidades, malos manejos y casos vinculados a corrupción, revelados por El Comercio al interior de la Universidad Nacional del Callao (UNAC).
A través de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), se pronunció tras una serie de irregularidades, malos manejos y casos vinculados a corrupción, revelados por El Comercio al interior de la Universidad Nacional del Callao (UNAC).
La entidad encargada de supervisar la calidad de las universidades y escuelas de educación superior en todo el Perú precisa que, por su autonomía, la Universidad del Callao puede resolver estos temas ya que son de “carácter administrativo”, sin embargo, intervendrán si las denuncias causan acciones que interrumpan o alteren la continuidad del sistema educativo.
“(…) es decir se viole alguna de las condiciones básicas de calidad, inmediatamente interviene: primero con un requerimiento de información y una visita indagatoria a dicha universidad”, sostiene el documento al que tuvo acceso este diario.
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Fuentes de El Comercio y de la Contraloría General de la República dieron a conocer cuestionamientos y presuntas irregularidades en la Universidad del Callao, que involucrarían incluso a los niveles más altos de la gestión administrativa y académica.
Las observaciones apuntan principalmente al jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Universidad Nacional del Callao (UNAC), Juan Carlos Collado Félix, señalado por diversas fuentes como una figura determinante en la gestión interna y cercano al entorno de confianza de la rectora Arcelia Olga Rojas Salazar.
De acuerdo a la Contraloría, José Gonzalo Vigo Ambulodigue, quien figura como fallecido desde el 24 de agosto de 2023 en los registros del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), percibió un depósito de S/4.397,44 correspondiente al pago de planilla de haberes del mes posterior a su fallecimiento.
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En el caso de Rojas Salazar, a ella se le relaciona en un presunto intercambio de favores congresista Esdras Medina. De acuerdo con la denuncia, el hijo del parlamentario habría obtenido contratos con la universidad por S/17.500, pese a estar impedido de contratar con el Estado por su vínculo familiar, mientras que la hija de la rectora fue incorporada al despacho del legislador.
Este caso motivó el inicio de diligencias preliminares por supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias.
A ello se suma una grave denuncia que apunta a que el área de Administración y, subordinadamente, la de Servicios Generales, estarían impulsando la resolución del contrato vigente del servicio de seguridad que protege a los estudiantes, sin contar con sustento técnico ni legal suficiente.
El Comercio tuvo acceso a audios que evidenciarían la intención de resolver de manera irregular el contrato con la actual empresa de seguridad de la Universidad Nacional del Callao (UNAC). Según estas fuentes, el objetivo sería dejar temporalmente desabastecido el servicio, lo que abriría la puerta a una contratación directa de un nuevo proveedor, presuntamente con precios sobrevalorados, pese a que el contrato actual está próximo a vencer. Incluso, el jefe de Servicios Generales habría aplicado previamente una penalidad y ahora buscaría reformularla de manera irregular.
Por otro lado, fuentes vinculadas al Ministerio Público indicaron que el jefe de Administración de la UNAC, Jorge Manuel Linares Carjahuaringa, figura en el registro de investigaciones fiscales por presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, así como desobediencia a la autoridad.
En paralelo, fuentes de esta investigación señalaron que el exrector de la Universidad Nacional del Callao, Manuel Mori Paredes —sentenciado en 2023 a nueve años de prisión por delitos de corrupción en procesos de contratación de obras públicas— no habría sido ubicado hasta la fecha por las autoridades judiciales, por lo que se encontraría en condición de no habido. Su situación procesal, según las mismas fuentes, se mantiene vigente en el marco de investigaciones por presuntas irregularidades en licitaciones y decisiones administrativas dentro de la UNAC.
A este escenario se suman presuntos pagos indebidos dentro de la universidad, entre ellos remuneraciones a un docente fallecido, así como compensaciones económicas otorgadas a profesores que ejercieron la rectoría entre 2021 y 2024. Según la Contraloría, estas observaciones forman parte de un conjunto de hechos que serán evaluados e investigados.
Las denuncias también alcanzan a la rectora Arcelia Olga Rojas Salazar, investigada por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
Finalmente, el actual jefe de Abastecimiento de la UNAC, Juan Carlos Collado Félix, también afronta investigaciones preliminares por presuntos delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y ejercicio ilegal de funciones, según registros del Ministerio Público. Pese a ello, continúa desempeñando un rol central en las áreas de abastecimiento, logística y pagos de la universidad.
Fuentes de la Sunedu señalaron que, de confirmarse la presunta participación de la rectora en los hechos investigados, la Asamblea Universitaria podría evaluar y acordar su eventual destitución.
