La Universidad Nacional del Callao (UNAC) atraviesa una de las mayores crisis institucionales de los últimos años tras una sucesión de denuncias por presuntas irregularidades administrativas, contrataciones cuestionadas y procesos electorales bajo sospecha. Las revelaciones publicadas por El Comercio y sustentadas en informes de la contraloría, documentos fiscales y testimonios han puesto bajo la lupa a las principales autoridades de la séptima universidad pública con más estudiantes del país.
De acuerdo con esas investigaciones, la rectora Arcelia Olga Rojas Salazar; el jefe de administración, Jorge Linares; el jefe de la Unidad de Abastecimiento, Juan Carlos Collado Félix; y otros funcionarios de la cúpula universitaria afrontan investigaciones o diligencias fiscales por presuntos delitos vinculados con negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y otras conductas. Entre los hechos denunciados figuran el pago de remuneraciones a un docente fallecido, presuntos pagos indebidos a personal, un supuesto intercambio de favores y cuestionamientos a procesos de contratación pública.
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La controversia se extendió al reciente proceso para elegir al nuevo rector. Antes de los comicios, El Comercio reveló denuncias contra el entonces candidato Augusto Caro Anchay relacionadas con su trayectoria profesional y presuntos vínculos con la actual gestión universitaria. Posteriormente, estudiantes denunciaron que habían sido presionados para respaldar a la lista 4, encabezada por ese mismo candidato, bajo la amenaza de condicionar la entrega de sus calificaciones. Además, alertaron que desde el rectorado se evaluaba postergar la publicación de las notas hasta después de las elecciones, con el fin de aumentar la presión sobre los alumnos para que votaran por esa candidatura. Finalmente, Caro resultó elegido rector.
A raíz de estas denuncias, la Contraloría General de la República informó a El Comercio que durante la gestión de la rectora Arcelia Rojas ha habido ocho intervenciones de control en la UNAC, las cuales abarcan observaciones sobre manejo administrativo, contrataciones y uso de recursos públicos.
—Una realidad nacional —
Sin embargo, la situación de la Universidad del Callao no constituye un caso aislado. Según información recopilada por la contraloría, hasta fines del 2025 se registraban intervenciones de control en 43 universidades públicas del país, lo que revela un escenario de reiterados cuestionamientos en el sistema universitario estatal.
Diversas universidades públicas han sido objeto de denuncias, investigaciones fiscales e informes de la contraloría por presuntas irregularidades. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos afrontó cuestionamientos relacionados con procesos electorales, contrataciones y gestión administrativa. La Universidad Nacional Federico Villarreal registró denuncias sobre elección de autoridades, conflictos de gobernabilidad e incumplimientos de la Ley Universitaria. La Universidad Nacional de Ingeniería fue señalada por denuncias de presunto nepotismo, corrupción y acoso sexual que incluso motivaron una evaluación en la Comisión de Educación del Congreso.
Asimismo, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga acumuló observaciones por presunto nepotismo, contrataciones irregulares, pagos sin sustento y deficiencias en obras. También fueron objeto de cuestionamientos la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, la Universidad Nacional de Ucayali y la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía por presuntas irregularidades administrativas y actos de corrupción investigados por entidades de control.
Consultada por El Comercio, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) señaló que, en virtud de la autonomía universitaria, corresponde inicialmente a cada universidad resolver los asuntos administrativos. No obstante, precisó que si las denuncias afectan la continuidad del servicio educativo o vulneran las condiciones básicas de calidad, la entidad interviene mediante requerimientos de información y visitas indagatorias. Respecto de la UNAC, fuentes de la institución indicaron que, de comprobarse responsabilidad de la rectora, la Asamblea Universitaria podría evaluar su destitución.
El Comercio intentó obtener la versión del Ministerio de Educación; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.
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