La propuesta legislativa N° 2803/2022 define a la unión civil como “la institución constituida por dos personas del mismo sexo o de sexo opuesto, denominados convivientes civiles”, quienes se unen voluntariamente para compartir un proyecto de vida en común.
Durante su exposición en la Comisión de Justicia, Cavero precisó que la unión civil se constituye en Registros de personas naturales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y no involucra el cambio de estado civil. “Básicamente, esta unión civil es patrimonial. Es una figura diferente al matrimonio (…) El dictamen que pasará al pleno tendrá modificaciones en su redacción para que no haya discusión de si se involucra o no la concepción o constitución de familia”, declaró.
¿Qué derechos otorgaría la ley?
En esa línea, el dictamen aprobado abarca derechos patrimoniales y sucesorios, la posibilidad de firmar contratos para las relaciones personales y patrimoniales que deriven de la convivencia y el establecimiento de “compensaciones económicas que consideren adecuadas para el caso de disolución de la unión civil”.
De igual forma, los convenientes civiles tienen derecho a decisiones médicas, aseguramiento en un régimen de seguridad social, visitas penitenciarias, alimentos y el derecho a percibir la pensión y demás beneficios derivados de la muerte de uno de ellos en la proporción que fija la ley para los cónyuges.
Es así que la iniciativa legislativa no incluye la posibilidad de adopción, no cambia el estado civil ni otorga derechos sobre los hijos de la pareja del mismo sexo.
Diferencias en Avanza País
Un día después de la aprobación del proyecto de ley por la Comisión de Trabajo, Avanza País-Partido de Integración Social publicó un comunicado en el que se resaltó que la norma “corresponde a una iniciativa personal de Alejandro Cavero”. “El partido es respetuoso de la libertad individual y del accionar de los miembros que lo integran (…) El accionar congresal no responde a ningún mandato imperativo, y cada quien debe actuar de acuerdo a lo que dicte su consciencia”, manifestó el partido.
En el escrito también se mencionó que deberían atenderse con prioridad otros temas como la reactivación económica y la seguridad ciudadana.
Dos días después, la Bancada de Avanza País del Congreso demostró expresamente su respaldo al proyecto de Cavero. “Respaldamos las propuestas legislativas presentadas por nuestros congresistas, como es el caso de la iniciativa presentada por el congresista Alejandro Cavero Alva”, expresó.
“Reafirmamos nuestra defensa del derecho que deben tener las personas para llevar a cabo sus proyectos de vida en libertad”, se lee en el comunicado.
En diálogo con El Comercio, Armando Barrantes, secretario nacional de organización de Avanza País, declaró que el proyecto de ley, declaró que el partido “no alienta ni apoya la unión civil”.
“Las prioridades del partido son la reactivación económica y la seguridad ciudadana; ambos los comparten todos los coordinadores regionales del partido. En ese sentido, la unión civil no es prioridad del partido ni lo va a ser para el plan de gobierno 2026-20231 que se pondrá a consideración de la ciudadanía”, aseveró Barrantes. “Tampoco lo es el matrimonio igualitario”, agregó.
Si bien el proyecto de ley busca otorgar derechos patrimoniales y sucesorios, Barrantes expresó que “bastaría con un contrato civil entre personas adultas si quieren ver temas de propiedad”.
Aldo Borrero, secretario general de Avanza País, reiteró que el proyecto de ley es una iniciativa personal del congresista, no de la organización política. “Como institución buscamos los objetivos de nuestro ideario partidario. Pero el congresista y los miembros del partido son libres de actuar de acuerdo a cómo juzguen correcto. Nos pareció que era necesario dejar en claro la posición institucional”, expresó.
Polémica entre los profesionales de la salud
La aprobación del proyecto de ley en la Comisión de Trabajo del Congreso también ha propiciado pronunciamientos de organizaciones de la sociedad civil. Un pronunciamiento del Consejo Directivo Regional I Lima gestión 2022-2025 del Colegio de Psicólogos del Perú ha generado polémica por su contenido.
El comunicado señala que los seres humanos nacen y se desarrollan de acuerdo a condiciones naturales que se establecieron desde los primeros homo sapiens y persisten hasta la actualidad “de acuerdo a la unión de macho y hembra para posibilitar la reproducción y crianza de la prole”. “Nuestras sociedades han podido desarrollarse bajo estas condiciones naturales, por lo que, resulta ser el correcto para una vida saludable de las personas, siendo un tema aparte las deficiencias o dificultades presentadas”, añade.
La institución sostiene que el modelo de educación de hijos “basado en lo natural” responde a los siguientes modelos de figuras paterna y materna: “El padre mostrará como varón su actitud masculina para enseñar a sus hijos su modo conductual; lo mismo la madre mostrando su carácter femenino”.
Así, el Consejo Directivo Regional I Lima gestión 2022-2025 considera un error “inducir a creer que los asuntos naturales pueden cuestionarse o cambiarse por ideología, ley o moda”. Esta junta también alega que es natural “la coherencia entre la genitalidad desde el ADN y la autopercepción del género que cada persona tiene de sí misma”.
Por todo ello, la agrupación exige a los congresistas no aprobar el proyecto de ley de Cavero.
Cabe resaltar que el autodenominado Consejo Directivo Regional I Lima gestión 2022-2025 tiene como decano a Manuel Silva Aguilar. En un comunicado de setiembre de este año, el Colegio de Psicólogos del Perú informó que Silva había sido sancionado y separado definitivamente de la asociación el 2023.
En esa línea, aseguró que la decana del Consejo Directivo Regional I Lima es la psicóloga Angélica Burga para el periodo 2021-2024.
La respuesta y rechazo de otras organizaciones vinculadas a psicología no se hicieron esperar. El Comité de Ética de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú invitó al citado consejo a rectificarse.
“Se trata de un pronunciamiento absolutamente fuera de lo que la ciencia plantea sobre el tema y que además, resulta dañino y vulnera de los derechos de las personas pertenecientes a los grupos LGBTQI+”, expresó a través de un comunicado.
La Sociedad Peruana de Psicoanálisis también mostró su desacuerdo, subrayando que el Consejo Directivo Regional I Lima gestión 2022-2025 recurre argumentos que fomentan la discriminación y limitan la compresión del ser humano.
Alex Hernández Muro, psicóloga e investigadora de Más Igualdad Perú, señaló que el pronunciamiento contiene “afirmaciones discriminatorias y basadas en pseudociencias”.
Hernández argumentó que la noción de familia es un constructo social que ha cambiado con el tiempo, por lo que actualmente se reconocen diferentes composiciones. Por ejemplo, aquellas compuestas por personas LGBTIQ+, madres o padres solteros, abuelos, padres divorciados, etcétera.
“Hablar de un supuesto ‘orden natural’ niega la complejidad humana, la diversidad sexual y de género de las personas y es pseudocientífica. Además, refuerza estereotipos de género dando a entender cómo debe comportarse un hombre y una mujer. Esto es irresponsable y atenta contra la salud mental de niños y adolescentes que conforman familias homoparentales”, aseguró.
En ese sentido, la especialista sostuvo que las familias compuestas por parejas del mismo sexo y deben tener protección y reconocimiento legal en el Perú.
Jorge Apolaya, vocero del Colectivo Marcha del Orgullo Lima, también manifestó a El Comercio su rechazo al pronunciamiento del Consejo Directivo Regional I Lima gestión 2022-2025. “Es una posición homofóbica, que recurre a sesgos moralistas y no tiene evidencia científica”, subrayó.
Así también, sobre la propuesta de Alejandro Cavero, Apolaya que la aprobación del proyecto de ley no garantizaría la igualdad de derechos que gozan las familias heterosexuales.
“El proyecto de ley busca garantizar derechos patrimoniales antes que la posibilidad de ser reconocidos como iguales en la sociedad; las personas LGTBIQ+ no solo queremos igualdad patrimonial, sino también igualdad social. Su aprobación mantendría en la desprotección a las 39 mil familias del mismo sexo que existen el país, de acuerdo con el Informe sociodemográfico de familias homoparentales en Perú del 2021″, opinó.
