Aclaración: La versión original de este informe fue publicada el 4 de julio de 2024, con el titular: “¿En qué países la homosexualidad es ilegal y por qué sigue existiendo la marcha del Orgullo LGBT?”.
Si bien el mundo se ha transformado notoriamente desde las primeras manifestaciones del Orgullo LGBT, son pocos los lugares en los que los gais, lesbianas, bisexuales y trans tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales: en cerca de 60 países, las parejas del mismo sexo no solo no se reconocen, sino que la homosexualidad es ilegal y, en muchos casos, castigada con cárcel o, incluso, pena de muerte. La mayoría de estos está en África y en el Medio Oriente.
De la Plaza Francia a todo el Perú: La expansión de la marcha del Orgullo LGBT
Por otro lado, en 37 países se permite que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio y en 12 se admiten uniones civiles no matrimoniales. En 83 países estas parejas no tienen ningún tipo de reconocimiento legal. Perú es uno de ellos.
Una encuesta de Ipsos Perú Perú elaborada en el 2019 reveló que el 8% de peruanos adultos -equivalente a 1 millón 700 mil personas- se identifican con una orientación sexual distinta a la heterosexual. El mismo estudió mostró que solo el 27% está a favor del reconocimiento del matrimonio igualitario, pese a que el 71% cree que las personas homosexuales, bisexuales y transexuales son discriminadas o muy discriminadas.
“Es claro que las personas de la comunidad LGBTQ, más aún en el Perú, no tienen los mismos derechos reconocidos por el Estado y, además, hay muchísima discriminación todavía. Por eso es necesario que haya una marcha. Además, también es un momento en el que tenemos la oportunidad de conocer el trabajo de distintos colectivos con agendas y pedidos concretos y diversos que participan en la marcha”, explica Daniela Meneses, abogada y candidata a doctora en estudios latinoamericanos en la universidad de Cambridge.
¿Unión civil o matrimonio igualitario?
El primer país en el mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo fue Holanda, en el año 2001. 23 años más tarde, 37 han implementado la figura.
Aunque la mayoría de países en los que se reconocen legalmente las parejas del mismo sexo lo hacen a través del matrimonio igualitario, el 25% de estos solo reconoce uniones de carácter civil. El contenido de estas puede variar de país en país, pero por lo general permiten que las parejas no heterosexuales accedan a posibilidades de heredar del otro, derecho sobre la pensión de la pareja en caso de muerte, acceso al seguro de salud del otro, decisiones médicas, entre otros.
“En 37 países se permite que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio y en 12 se admiten uniones civiles no matrimoniales. En 83 países estas parejas no tienen ningún tipo de reconocimiento legal. Perú es uno de ellos”.
En el mapa regional de derechos LGBT, el Perú se ve aislado. El 21% de países latinoamericanos han implementado el matrimonio igualitario. Perú es uno de los 11 que no reconocen ningún derecho a las parejas del mismo sexo.
Aunque la figura de la unión civil reconoce algunos derechos similares a los que otorga el matrimonio, es considerada insuficiente para quienes pretenden una igualdad total ante la ley.
“Un sector de la población parece estar dispuesto a ‘ceder’ con figuras como la unión civil, pero no con el matrimonio igualitario. Pero esto, en la práctica, significa perpetuar la discriminación. Es como si se estuvieran negociando derechos fundamentales”, opina Meneses.
“Existe parece un temor de darle a las personas no heterosexuales el derecho al matrimonio porque se piensa que la institución perdería una supuesta esencia [la unión entre hombre y mujer], pero en realidad el matrimonio es una institución que, hay que acordarnos, ha venido cambiando durante décadas en el Perú y en el mundo. Ahora, por ejemplo, existe la posibilidad de divorciarse. El matrimonio no es una institución fija, es cambiante. Y aquí además estamos hablando en concreto de que el Estado regule una figura civil”, agrega.
Una investigación de la Corporación Rand publicada en mayo de este año, que analiza cerca de 100 estudios hechos en Estados Unidos en las últimas dos décadas, concluyó que los matrimonios del mismo sexo en aquel país tuvieron el efecto contrario al temido por el sector de la población que se oponía a la figura.
“Algunos de los que se opusieron a la concesión de derechos matrimoniales a parejas del mismo sexo predijeron que hacerlo socavaría la institución del matrimonio, resultando en menos parejas casándose, más parejas divorciándose y un retroceso general en la formación de familias (…). En general, los temores de los opositores al matrimonio entre personas del mismo sexo simplemente no se han materializado”, declaró Benjamin Karney, profesor de psicología de UCLA y coautor del estudio en una nota de prensa de la Corporación Rand.
El estudio, además, concluyó que el impacto de los matrimonios del mismo sexo ha sido “consistentemente positivo”.
“Los beneficios para las parejas del mismo sexo fueron inequívocos y muy fuertes (…). Los datos muestran claros avances en la salud mental, bienestar económico, salud física y la estabilidad de la relación entre las familias LGBTQ casadas”, dijo Karney a ABC News.
Desde el Estado
Desde el 2001 hasta la actualidad, en el Congreso de la República se han propuesto 10 proyectos de ley que permiten a las personas LGBT establecer distintos tipos de regímenes civiles, de los cuales ocho han sido archivados y dos están en comisión. Por otro lado, en el mismo periodo de tiempo se han presentado tres sobre el matrimonio igualitario. Uno fue archivado y dos continúan a nivel de comisión.
Para Meneses, la falta de éxito que han tenido las propuestas legales para reconocer las parejas del mismo sexo en el Perú tiene que ver con el conservadurismo que caracteriza, en gran medida, a muchos de los partidos tanto de derecha como de izquierda en el país.
“El Perú está en falta con la población no heterosexual y con la población trans y está cometiendo discriminación. Entonces, lo que cabe en este momento es reparar una situación de discriminación. No hay ninguna razón que justifique la discriminación que existe”.
A pesar de la falta de respuesta del Estado, un sector de la empresa privada en el país ha implementado campañas de apoyo para la población LGBT, así como políticas de inclusión.
“La empresa privada es la que más ha avanzado. Muchas tienen un montón de políticas inclusivas con las personas LGBTIQ que terminan siendo más progresistas que el propio Estado”, considera Jorge Apolaya, vocero del colectivo Marcha del Orgullo de Lima. “En cambio, en este momento, a nivel de autoridades políticas, tenemos extremos que se abrazan entre ellos. Tanto la izquierda como la derecha son conservadoras”, señala.
Identidad y personas transgénero: “Una población mucho más precarizada”
Más allá del reconocimiento de las parejas del mismo sexo, en la población LGBT hay una demanda latente: el reconocimiento del derecho a la identidad de género de las personas transgénero.
La Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) define a las personas transgéro como “toda la gama de personas cuya identidad de género y/o rol de género no se ajustan a lo que típicamente se asocia con su sexo asignado al nacer”. Coloquialmente, se habla de “mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre” y viceversa.
La APA retiró del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) a las personas transgénero (”trastorno de identidad de género”) hace 30 años, en 1994. En su lugar, se estableció la “disforia de género”, que no patologiza el transgenerismo en sí, sino el malestar y la angustia que sienten las personas cuya identidad de género no se condice con el sexo asignado la nacer. Así, el ser transgénero dejó de considerarse un trastrono en la comunidad científica y el foco pasó a atender los efectos de la discriminación en la salud mental de dicha población.
A pesar de ello, en mayo de este año el Ministerio de Salud del Perú publicó un decreto supremo que categorizaba el transexualismo y la identidad de género como problemas de salud mental. Tras la polémica que generó la norma, el gobierno dio marcha atrás el pasado 25 de junio.
Según la encuesta de Ipsos Perú del 2019, solo el 40% de peruanos indicó que estaba dispuesto o muy dispuesto a contratar una persona trans (transexual, transgénero o travesti) si tuviera una empresa.
En el mundo, cerca de 40 países permiten cambiar legalmente el género y nombre en documentos a las personas trans (ver mapa). En 36, las personas transgénero que no se identifican con los géneros masculino y femenino pueden registrar uno tercero, generalmente consignado como “otro” o “no binario”.
Mientras que en 7 países de la región se permiten estos trámites, en el Perú no existe un mecanismo legal establecido para cambiar de género en documentos. En la actualidad, quien quiera cambiar su nombre y sexo en el DNI debe acudir al Poder Judicial, no a registros civiles, como en otros países. Sin embargo, en tanto en el sistema de justicia no existen criterios estandarizados para la toma de decisiones en estos pedidos, la suerte de una persona trans depende, básicamente, de la discrecionalidad del juez que le toque.
Leyla Huerta es directora ejecutiva de Féminas Perú, un colectivo que, desde hace casi una década, promueve la visibilización y la lucha por los derechos de las mujeres trans en el país. Es, además, ingeniera agrónoma, y explica que la discriminación, empezando por el no reconocimiento del cambio de género en los documentos, margina laboralmente a la comunidad trans. Añade que la estigmatización se ve reflejada en un dato real: la mayoría de mujeres trans que viven su transición de forma pública están marginadas a ejercer el trabajo sexual para sobrevivir.
“Somos de los pocos países en la región que no cuentan con mecanismos para el derecho a la identidad de las personas trans, que es la base para desarrollar ciudadanía. Prácticamente, todas las mujeres trans estamos en situación de prostitución. ¿Por qué? Porque, aparte de ser escaso y difícil el desarrollo ciudadano, laboral y vocacional de las personas trans, existe mucho prejuicio alrededor nuestro. El trabajo sexual, idealmente, es una actividad económica de libre elección, pero en el caso de las mujeres trans esto se vuelve una única opción porque el sistema nos condiciona hacia ese camino”, sostiene.
La lucha de las mujeres trans en tiempos de pandemia
Santiago Balvin es parte de los colectivos Rosa Rabiosa y Diversidades Trans Masculinas. Actualmente, lleva una maestría en estudios de género y desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en Ecuador. En diálogo con ECData, compartió su análisis sobre la situación de las comunidades trans y no binarias, con las que se identifica.
“En el Perú, solo un espacio dentro de la política pública menciona a las personas no binarias como tales. Es el caso del protocolo de voto trans y no binario [publicado en el 2022 por la ONPE]. En las demás instituciones, reconocer esta identidad supone todavía un diálogo muy complejo. Si a las personas trans no nos reconocían en un momento el nombre o cómo era nuestra situación de vida diferenciándonos de las personas lesbianas, gays y bisexuales cisgénero [que se identifican con el género de nacimiento], todo ese proceso es mucho más complejo con la no binariedad [que no identifica géneros], mucho más si hablamos de legislación o políticas públicas”, señaló Balvin.
En la cultura de la mayoría de países, es común el juzgamiento de una persona por la manera en la que se ve o los gestos que le son cómodos. Si ese foco se traslada a las personas trans, es mayor la tendencia de esperar que la persona trans luzca o se comporte lo más acorde al género con el que se identifica, es decir, que luzca “natural” y siga cánones binarios.
Incluso, en algunos países el cambio legal de género exige que la persona haya se haya sometido previamente a procedimientos quirúrgicos de alto costo -llamados “cirugías de reasignación de sexo”-, que buscan cambiar las características físicas y genitales de la persona para hacerlas coincidir con su identidad de género. En el 2007, Principios de Yogyakarta establecieron que “ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género”.
“Más allá del problema legal, es que esos exámenes médicos son invasivos, no respetan la privacidad y, además, se sostienen en una idea incorrecta de qué significa ser una persona trans: una persona que no se identifica con el sexo asignado al nacer no requiere un cambio de sexo para justificar su identidad de género. La identidad no depende de los genitales ni de las cirugías”, opina Meneses.
Para investigadores como Santiago Balvin, esto es una gran paradoja que implica que, aun cuando las personas trans eventualmente deciden vivir su identidad en público, las sociedades les imponen cómo deben manejar su transición, qué quitar de sus cuerpos y qué comportamientos genéricos “no escandalosos” adoptar.
“Se tiende a pensar que todas las personas trans queremos o aspiramos a pasar por un quirófano para la reasignación sexual y que eso sea lo que valide nuestro género cuando, en realidad, el tránsito del cuerpo para cualquier persona trans es único de la persona. Así como no todas las personas en general en el mundo queremos las mismas cosas, es importante el diálogo que reconozca la diversidad dentro de la diversidad. La narrativa binaria cala en las políticas , en la violencia y en la discriminación”, comentó.
Apolaya, del colectivo Marcha del Orgullo de Lima, reconoce que la comunidad trans es “una población mucho más precarizada que el resto de la población LGBTIQ.
“Debido a esa precariedad, no tienen espacios laborales adecuados y tienen pocas posibilidades de acceder a espacios educativos. Sí es verdad que hay mayores vulnerabilidades que recaen sobre la población trans”, señala.
