La situación de Petro-Perú es insostenible y responde a problemas estructurales de solvencia, no a factores coyunturales. Tras años de mala gestión, la empresa acumula pérdidas por más de US$2.200 millones y una deuda cercana a US$7.900 millones, lo que la ha llevado a una situación de impagos. Incluso, tras una leve mejora operativa en el último trimestre, Petro-Perú acumulaba de enero a septiembre del 2025 pérdidas por US$355 millones, confirmando que no genera suficiente caja para sostener su operación.
Este deterioro ocurre pese a salvatajes estatales recurrentes. En los últimos 4 años, el Estado ha comprometido aproximadamente US$5.000 millones en capital, garantías y líneas de crédito –cifra cercana a la inversión inicial en la Nueva Refinería de Talara (US$6.500 millones) –. Con ese monto, el Estado podría haber financiado casi el 80% de la Nueva Carretera Central. En la práctica, sin embargo, este apoyo ni siquiera se tradujo en los cambios estructurales necesarios para asegurar la viabilidad de la empresa.
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Frente a este escenario, el decreto de urgencia N°010-2025 publicado hace unas semanas ofrece una ruta razonable para estabilizar a la empresa y abrir, de manera gradual, espacios a la inversión privada mediante una reestructuración por activos. Al amparo del DL 674 (Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado), la petrolera puede separarse en bloques y cada uno de ellos puede ser gestionado de manera diferente mediante contratos de gestión privada, concesiones o liquidaciones. Este marco legal evita un proceso concursal, el cual podría resultar más lento y menos flexible, aun cuando otorgaría mayor claridad a los acreedores.
Desde Apoyo Consultoría consideramos que el DU 010-2025 es un primer paso necesario, pero alertamos que el proceso enfrenta riesgos que podrían retrasarlo o incluso frenarlo. Por lo tanto, consideramos que para que la transición sea ordenada, el Estado debe asegurar, como mínimo, cuatro condiciones fundamentales.
1. Primero, es indispensable definir una estrategia de corto plazo clara que priorice la continuidad operativa de Petro-Perú y que aborde, de alguna manera, los impagos a proveedores críticos. Las cuentas por pagar a proveedores superan los US$740 millones y siguen acumulándose. El riesgo es una eventual paralización de las operaciones de la refinería por carencia de insumos críticos. La respuesta debe enfocarse en atender esta urgencia, minimizando o evitando generar mayores costos a los contribuyentes, mediante la venta rápida de activos prescindibles; complementada –solo si es estrictamente necesario– por líneas de crédito garantizadas u otros mecanismos.
2. Segundo, la restructuración de la Refinería de Talara debiera incluir la incorporación de operadores y capital privado, que aporte conocimiento técnico y disciplina financiera. La experiencia reciente muestra que Petro-Perú no ha demostrado tener la capacidad necesaria para gestionar una planta de esta complejidad. Las pérdidas asociadas a las interrupciones y a una puesta en marcha deficiente de la refinería han debilitado su posición competitiva y contribuido a la caída de su participación de mercado, del 44% en 2019 al 25% a la fecha, lo que además dificulta cubrir sus altos costos fijos. El proceso habilitado por el decreto de urgencia permite evaluar el interés real del mercado
y conocer en qué condiciones un operador privado estaría dispuesto a involucrarse en la refinería.
3. Tercero, el proceso de reestructuración requiere un manejo político efectivo para evitar que el ciclo electoral o el Congreso lo afecten. Existe oposición desde un sector del Legislativo, donde distintas bancadas han presentado 12 proyectos de ley orientados a bloquear la reestructuración. Frente a ello, ProInversión debe contar con herramientas legales sólidas que aseguren la continuidad del proceso, incluyendo mecanismos que permitan una venta rápida de activos prescindibles. A ello debe sumarse una estrategia de comunicación clara y sostenida, que respalde el mandato, reduzca la incertidumbre y minimice el riesgo de reversión.
4. Cuarto, la gobernanza debe aclararse y ordenarse desde el Ejecutivo, con una coordinación efectiva entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem). La intención de renuncia de la gerente general, Rita López, tras tensiones internas y un incidente con un asesor del Minem, junto con el cambio del presidente del Directorio, refleja la falta de consensos sobre cómo conducir el proceso y alimenta preocupaciones por interferencia política. El decreto de urgencia es claro al asignar a ProInversión la conducción del proceso de reestructuración. Sin embargo, ese mandato requiere un respaldo político explícito y una delimitación clara de responsabilidades: mientras ProInversión lidera la reestructuración, la coordinación con acreedores y las medidas para evitar quiebres en la cadena de pagos corresponden al MEF. La falta de alineamiento entre MEF, Minem y Petro-Perú solo retrasa decisiones críticas y eleva la incertidumbre.
El éxito de este proceso de reestructuración es muy importante para asegurar la salud de las cuentas fiscales y el adecuado uso del presupuesto público. El actual DU 010-2025 es un paso inicial muy importante en esa dirección. Sin embargo, tan importante como superar esta urgencia, también es indispensable evitar que una crisis de esta magnitud vuelva a repetirse. Para ello, resultaría pertinente conformar una comisión independiente que esclarezca cómo se gestó esta situación, que identifique responsabilidades y que extraiga lecciones para el futuro.
