Uno de los grandes absurdos que enfrentaremos y sufriremos en el próximo proceso electoral es la existencia de un superelevado número de organizaciones políticas en competencia. A la fecha tenemos 39 partidos políticos con inscripción y 32 en proceso de obtenerla. La situación es una fina cortesía del Congreso pasado y el actual. Ambos manejaron las reglas de registro de organizaciones políticas sin ningún tipo de vocación técnica o sentido de realidad. Las consecuencias no deseadas de estas reformas (si cabe el término) son aún inciertas.
Hay aspectos que han sido acomodados a conveniencia de los partidos, como la regulación de las elecciones internas, pero, en general, tener casi 40 candidatos a la presidencia y sus respectivas listas a la Cámara de Senadores y Diputados es una situación que genera efectos negativos para todos.
Tendremos una primera vuelta repleta de lo que el politólogo Carlos Meléndez ha denominado “minicandidatos”. Salvo un ‘golpe en la cátedra’, lo más probable es que, si tenemos 40 ciudadanos que pretenden llegar a Palacio, los dos que encabecen el pelotón lo hagan con muy bajos porcentajes.
En las elecciones del 2011 fueron 11 los partidos en la cédula de primera vuelta y Ollanta Humala encabezó las preferencias con 31,6% seguido por Keiko Fujimori con 23,5% de los votos válidos. El 2016, también participaron 11 organizaciones y Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta con 39,8% y Pedro Pablo Kuczynski con 21,05%. En las elecciones del 2021 tuvimos 18 partidos. Pedro Castillo pasó a segunda vuelta con 18,9% de los votos válidos y Keiko Fujimori con 13,4%.
Una apreciación general de los citados números permite generar la hipótesis de que, con posiblemente más de 40 candidatos inscritos, el voto y la representatividad estará mucho más dispersa. Esto es malo. Nuestras futuras autoridades tendrán posiblemente aún menos representatividad que las actuales.
Pero no solo eso, sino que manejar una campaña con tantas caras y símbolos será una pesadilla para los electores, los propios candidatos, medios, analistas y, sobre todo, para las autoridades electorales.
¿Cómo se van a manejar las cédulas? ¿Cómo se distribuirá la franja electoral? ¿Cómo se manejará la carga procesal de los cientos (o seguramente miles) de tachas que se presentarán? ¿Cómo harán los medios para cubrir 40 campañas (es imposible)? ¿Cómo se organizarán los debates oficiales? ¿Cómo harán las encuestadoras para incluir a 40 o más personas en la cartilla de encuesta presidencial (dudo que alguna pregunta de cualquier tema materia de una encuesta pueda tener tantas opciones)? ¿Cómo se manejará el ornato público con 40 partidos pintando el país y poniendo carteles? Hay muchas más preguntas sueltas que, sobre todo desde el lado de las autoridades, deben empezar a responderse lo antes posible.
Lo que es innegable es que la fragmentación llevará a que la pelea por el voto sea milimétrica. Todos los espacios serán disputados. Estamos cerca de una campaña sin precedentes que bien podría ser utilizada como un laboratorio para científicos políticos y sociales de otros países. Es una lástima que nos toque ser los conejillos de indias y no los científicos.
