Como la Cenicienta del cuento de hadas, los menores británicos se verán forzados a salir de la ‘fiesta’ que son las redes sociales a medianoche bajo una nueva propuesta del gobierno que establece un toque de queda nocturno para los adolescentes de 16 y 17 años en el Reino Unido.
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La iniciativa forma parte de un plan más amplio del gobierno que busca controlar los efectos negativos de las redes sociales en las personas más vulnerables, incluyendo prohibir su acceso a las mismas a los menores de 16 años a partir de la primera mitad del 2027.
El plan contempla que el toque de queda esté activado por defecto entre la medianoche y las 6 a.m. para plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Asimismo, limitará funciones diseñadas para prolongar el tiempo de uso, como la reproducción automática de videos y el desplazamiento infinito.
El gobierno del saliente primer ministro Keir Starmer sostiene que la medida ayudará a que estos adolescentes mejoren su concentración, duerman mejor y pasen más tiempo con la familia.
Algunas razones tienen para estar confiados. Citan un estudio realizado a unos 300 adolescentes en mayo de este año por la firma Savanta, por encargo del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (DSIT), que encontró que, frente a otras alternativas como limitar el uso a 15 minutos diarios o eliminar por completo las aplicaciones, un toque de queda entre las 9 p.m. y las 7 a.m. era la restricción más sencilla de mantener y la que ofrecía mayores beneficios en descanso y concentración.
El gobierno británico afirma que el toque de queda de las redes sociales para adolescentes ha mostrado beneficios en mejorar su calidad de sueño y que pasen más tiempo con sus familias.
/ cherylt23/Pixabay
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Sin embargo, especialistas y organizaciones de protección infantil advierten que la iniciativa, por sí sola, difícilmente resolverá un problema cuyas raíces son mucho más complejas, mientras cuestionan la efectividad de la medida ya que podrá ser desactivada por los propios adolescentes.
Para Erick Iriarte, especialista en derecho y nuevas tecnologías, el principal desafío no es tecnológico, sino práctico. Implementar un bloqueo horario —incluso uno que podrá ser desactivado por sus usuarios— requiere identificar con precisión al usuario menor de edad, ya sea mediante un software instalado en los dispositivos o a través de los operadores de telecomunicaciones. Sin embargo, incluso con esos mecanismos existen formas sencillas de eludir la restricción.
“Si un padre le presta su teléfono a su hijo durante ese horario, el sistema ya no cumple el objetivo que busca el Estado”, señala Iriarte en conversación con El Comercio.
El experto también cuestiona que la medida sea presentada como voluntaria, ya que a su juicio, al estar activada por defecto la lógica es exactamente la contraria. “Si viene activada por ‘default’, no es completamente voluntaria”, considera. “La regla empieza siendo obligatoria y luego el usuario puede buscar una excepción desactivándola”.
La discusión tampoco termina allí. Si son los propios adolescentes quienes pueden eliminar la restricción, surge una pregunta de fondo: ¿qué incentivo tendrían para mantener un límite que precisamente busca reducir el tiempo que pasan conectados? Es por eso que Iriarte cree que el éxito de una iniciativa de este tipo dependerá menos de la tecnología que del respaldo social que consiga. En ese sentido, la comparó con otras regulaciones sobre el consumo de alcohol o tabaco entre menores, donde la norma puede existir, pero siempre aparecerán mecanismos para eludirla si no existe un consenso entre familias, escuelas y sociedad.
Óscar Montezuma, abogado especializado en derecho digital y CEO de Niubox Legal, va un paso más allá y cuestiona la necesidad de implementar un ‘toque de queda’ a nivel gubernamental, al recordar que tanto los sistemas operativos de celulares como las propias redes sociales ya cuentan con complejos controles parentales que permiten a cada familia definir horarios, restringir aplicaciones o supervisar la actividad de sus hijos según su edad y nivel de autonomía.
“Un toque de queda general a rajatabla y a nivel estatal no permite grados de flexibilidad según las necesidades que tiene cada familia”, anota.
Para Iriarte, las restricciones horarias pueden servir como una herramienta complementaria para combatir los efectos nocivos de las redes sociales, pero no atacan el problema de fondo.
Y es que el verdadero desafío consiste en desarrollar una cultura digital que permita a niños y adolescentes utilizar estas plataformas de manera crítica y segura, lo que implica formar mejor a los docentes, capacitar a los padres sobre los riesgos del entorno digital, fortalecer la educación en ciberseguridad y contar con autoridades de protección de datos con mayores capacidades.
“El Estado (británico) está tratando de asumir un control porque considera que los padres, la escuela y los propios adolescentes no han logrado manejar adecuadamente el problema”, sostiene.
Montezuma coincide con ese diagnóstico, señalando que cualquier respuesta a esta problemática debería centrarse mucho más en la educación que en las restricciones. A su juicio, el Estado debería incorporar en la currícula escolar competencias para el uso seguro y responsable de Internet, además de promover campañas permanentes de capacitación que enseñen desde cómo crear contraseñas seguras y activar la autenticación en dos pasos hasta cómo reconocer fraudes, prevenir el ciberacoso o configurar correctamente los controles parentales.
“Suena muy interesante sacar leyes para restringir y prohibir, pero creo que ese no es el camino”, indicó. “Estamos hablando de una generación de nativos digitales, por lo que será muy difícil imponer medidas prohibitivas que realmente sean exitosas”.
El abogado advierte además que las prohibiciones podrían tener un efecto no deseado de llevar a que los adolescentes migren hacia plataformas menos conocidas y con menores mecanismos de protección.
“Cuando se restringen estas plataformas, los menores empiezan a mirar otras mucho menos seguras, donde sí pueden existir riesgos mayores como la trata de personas o comunidades que operan fuera de cualquier supervisión”, opina.
Con varios países discutiendo cada vez más seriamente el acceso de menores de edad a las redes sociales, queda preguntarse si una medida similar tendría posibilidades de prosperar en el Perú.
Para Iriarte, el principal obstáculo no es la tecnología disponible, sino la ausencia de una estrategia nacional sobre transformación digital. “En el Perú falta una política de Estado sobre el tema digital, una agenda digital y una visión de largo plazo”, reflexiona.
A su juicio, esa carencia hace difícil evaluar si una restricción de este tipo tendría sentido o cómo podría implementarse de manera coherente, tomando en cuenta el carácter limitado que tiene la legislación sobre lo digital a pesar de las más de tres décadas que han pasado desde que el Internet llegó a nuestro país.
De todos modos, Iriarte considera que cualquier política pública relacionada con redes sociales debe diseñarse con indicadores claros, mecanismos de evaluación y capacidad para corregir errores sobre la marcha. “A veces se le va a atinar y a veces se le va a errar”, resume.
En ese sentido, aunque indica que observará con interés el experimento británico, cree que aún es demasiado pronto para afirmar si marcará el camino para otros países o terminará siendo apenas una medida simbólica.
E incluso si esta medida es exitosa, advierte que que no se debe caer en la falacia de asumir que una política exitosa en un país necesariamente funcionará en otro.
“Aunque ambos países utilizan las mismas plataformas digitales, los contextos sociales y culturales son distintos”, considera. “Es como comparar el uso de un automóvil en países donde se conduce por lados diferentes de la vía: el vehículo es el mismo, pero las reglas sociales cambian”.
Montezuma es aún más escéptico sobre la viabilidad de un toque de queda digital. “Si el toque de queda físico ya tiene dificultades para funcionar, menos aún un toque de queda digital”, apunta.
Adicionalmente, considera que podría ser una ocasión en la que la medicina resulte más dañina que el mal, señalando cómo Internet ha democratizado el acceso a la información y las redes sociales cumplen funciones que van mucho más allá del entretenimiento, por lo que restringirlas en determinadas horas, incluso de manera voluntaria, podría afectar comunicaciones legítimas entre adolescentes y sus familias o el acceso a información relevante durante emergencias.
En ese aspecto, enfatiza nuevamente que cualquier debate en torno a los jóvenes y las redes sociales no debería centrarse únicamente en cuánto restringir el acceso a Internet, sino en cómo enseñar a las nuevas generaciones a desenvolverse de forma segura en un entorno digital que será parte permanente de sus vidas. “Los riesgos existen, pero estos se previenen mejor con educación que con prohibiciones generales”, concluye.
