Jueves, Enero 2

Ante un Parlamento tan fraccionado (hay 12 bancadas y 17 no agrupados), las coincidencias mínimas ayudan a dar luces de la agenda del pleno. Desde la mitad de las bancadas mencionaron a la seguridad como un punto de prioridad para la agenda de marzo.

En Alianza para el Progreso (APP) y Unidad y Diálogo (UyD) incluso coincidieron en impulsar la norma que busca tipificar el “terrorismo urbano”, para lo cual existen seis iniciativas, incluida la que presentó el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Entre otras iniciativas, Eduardo Salhuana (APP) adelantó que prepara un paquete de normas que involucran la formación e idoneidad de la carrera policial. Mientras que Juan Burgos, vocero de UyD, también dijo que alentará la iniciativa para instaurar la figura de jueces sin rostro.

Para Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, las medidas planteadas por las bancadas no ayudarán al problema de fondo. “¿Qué sentido tiene calificar de terrorismo urbano a actividades delictivas ya tipificadas? Generaría confusión. Lo que se debe hacer es dotar de recursos al sector Interior y mejorar el sistema del Poder Judicial para procesar mejor y más rápido a los delincuentes”, refirió.

En lo que se refiere a la propuesta de jueces sin rostro, Valdés recordó que hemos tenido problemas con esa figura en el pasado, y que sería más adecuado pensar en trasladar los procesos emblemáticos de criminalidad a zonas alejadas de su jurisdicción de origen. “Tenemos un sinfín de propuestas donde se nota que no existe articulación y correspondencia con la problemática de fondo. No existe un plan estructurado. Son populistas, porque los congresistas quieren mostrar que ellos se hacen cargo del problema, en un escenario donde se está viendo la posibilidad de restaurar la reelección”, apuntó.

Lo afirmado por Valdés tiene correlato con la actualidad del Parlamento. Cinco bancadas –y un representante no agrupado– mencionaron la priorización de reformas políticas en la agenda. Cuatro de ellos, especificaron que se debería definir en marzo la segunda votación de la reforma constitucional que restituye el sistema bicameral al Congreso, el cual incluye en su paquete normativo el regreso de la reelección de legisladores.

En noviembre del 2023, el pleno aprobó la primera votación de la bicameralidad con 93 adhesiones. Fuentes del Parlamento indicaron que esta reforma es la principal prioridad para el presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), quien busca anotar el tema como el mayor logro de su gestión.

—Retiro sin candados—

Las pensiones, con su reforma y otro retiro de fondos, son otro tema cargado de populismo que se perfila para la agenda legislativa de marzo.

En la Comisión de Economía del Congreso ya se presentó, en diciembre del 2023, una fórmula que unía la propuesta de reforma con una disposición que habilitaba el retiro para los afiliados a las AFP de hasta 2 UIT (S/9.900 al valor del 2023) para aquellos que hasta el 31 de noviembre del año pasado no contaban con aportes por seis meses continuos.

Dos meses después de ese debate que no logró consensos, el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, abre las puertas para una disposición que incluya el retiro de 4 UIT (S/20.600, al valor del 2024) sin ningún tipo de condición.

“En el retiro de las AFP, existe la posibilidad de una propuesta abierta hasta 4 UIT. Presentamos la propuesta de 2 UIT frente a los argumentos del colapso económico, pero como ya estamos en recuperación, podemos ir hasta las 4 UIT. Y podríamos habilitarlo para todos los afiliados para fomentar la reactivación y mejorar el flujo económico del país”, dijo a El Comercio.

El parlamentario de Fuerza Popular indicó que se presentará dicha propuesta –las 4 UIT para todos los afiliados– con la precisión de que sería el último retiro, recordando que en Chile se han debatido hasta seis retiros.

Vale precisar que en Chile se aprobaron solo tres retiros durante la pandemia del COVID-19, y se han rechazado otras tres propuestas presentadas por diputados. El junio del 2023 se rechazó la sexta iniciativa.

Volviendo al Perú, Revilla adelantó que espera convocar a una sesión ordinaria de la Comisión de Economía para la segunda o tercera semana de marzo, con el fin de tomar una decisión. “Yo soy cirujano, me gusta resolver el problema”, alegó. Sin embargo, desde el equipo de la legisladora Digna Calle (Podemos Perú) indicaron que se evalúa enviar un oficio solicitando una sesión extraordinaria de la comisión en febrero.

Desde la bancada de APP

Idas y vueltas en legislación pesquera

En abril del 2023, el Congreso aprobó la Ley Nº 31749, de autoría de APP, que reconoce la pesca artesanal y su preservación dentro de las cinco millas. Apenas diez meses después, la misma bancada propone nuevas modificaciones.

El equipo de Lady Camones, autora del nuevo proyecto, explicó que la ley aprobada logró “diferenciar a la pesca artesanal de la menor escala, pero no de manera clara”. “Debe existir una correcta clasificación de embarcaciones pesqueras artesanales, teniendo en cuenta el rango de eslora y el volumen de bodega en metros cúbicos, se ha propuesto que deberían dividirse en categorías de: hasta 10m3 y de 10.1m3 a 32.6m3”, refirieron. 

Sin embargo, esto ha despertado alertas. “La reforma ha sido aplaudida por pescadores artesanales, pero ha generado malestar entre quienes no quieren aceptar el ordenamiento. Es grave que una congresista presente una norma antitécnica solo por la presión de los gremios de su región”, afirmó Daniel Olivares, director de Oceana Perú.

Mientras que Percy Grandez, director legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), sostuvo que el proyecto de la congresista Camones constituiría un grave retroceso en la protección de las primeras millas marinas. “De aprobarse, alentaría la destrucción de hábitats y afectaría la sostenibilidad de las pesquerías y la economía de miles de pescadores”, anotó Grandez.

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