El presupuesto público es una herramienta fundamental de la política económica, diseñada para asignar recursos limitados a necesidades públicas prioritarias. Según la teoría económica, su función principal es equilibrar el gasto y los ingresos del Estado, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar social. A través del presupuesto, los gobiernos buscan financiar servicios esenciales como salud, educación, seguridad y justicia, así como estimular el crecimiento económico mediante inversiones en infraestructura. Además, es un instrumento de control fiscal que permite evitar déficits excesivos y garantizar la estabilidad macroeconómica. En teoría, debería reflejar decisiones racionales basadas en criterios técnicos y prioridades sociales claramente definidas.
Sin embargo, en la práctica, especialmente en países como el Perú, el presupuesto público suele desviarse de sus propósitos teóricos debido a factores políticos, administrativos y estructurales. Las negociaciones entre diferentes poderes del Estado, la falta de planificación de largo plazo y los intereses particulares suelen condicionar la asignación de recursos. Esto se traduce en un gasto público predominantemente corriente —como el pago de planillas y subsidios— y una baja inversión en infraestructura y proyectos de desarrollo sostenibles. Asimismo, la baja ejecución presupuestal en regiones y sectores críticos refleja problemas de gestión y capacidad institucional, limitando el impacto positivo que el presupuesto podría tener en el bienestar de la población y el crecimiento económico del país.
Teniendo en cuenta este contexto, es revelador la reciente autógrafa del Presupuesto Público para 2025, donde quedan muy bien reflejadas las prioridades y restricciones política – fiscales que enfrentarán las autoridades peruanas. El incremento del presupuesto es de S/ 11 mil millones, apenas un 5% más que en 2024, siendo uno de los menores aumentos de la última década. Este dato resulta revelador en un contexto donde el déficit fiscal continúa por encima del límite permitido por la regla fiscal y no queda claro si en los próximos años podrá converger a niveles menores.
De este presupuesto de apertura, el Gobierno Nacional se lleva casi el 80% del incremento presupuestal (S/ 8,7 mil millones), dejando a los Gobiernos Regionales y Locales con sólo el 20% restante. Destaca que casi la totalidad de este incremento se destina a gasto corriente, dejando apenas un incremento de S/ 0,8 mil millones para obras públicas. Es muy probable, sin embargo, que a medida que evolucione el año el presupuesto asignado a las diferentes geografías vaya modificándose; esto, más allá de la capacidad real que tengan para ejecutar estos recursos de forma efectiva y con calidad.
Dentro del gasto corriente, destaca, como ya se hace una costumbre, la “salarización” del presupuesto. Las planillas del Estado se incrementan en S/ 4 mil millones que representa el 34% del total adicional. Además, cabe destacar el incremento de la reserva de contingencia en S/ 3 mil millones. En otro tanto, el 40% del aumento presupuestal está concentrado en Educación y Salud quienes reciben S/ 1,9 mil millones y S/ 1,2 mil millones adicionales respectivamente. Las políticas sociales incluyen incrementos en Pensión 65, Qali Warma, y mejores condiciones laborales para docentes y personal de salud.
Sin embargo, sectores clave como Transporte y Saneamiento, esenciales para mejorar la competitividad y la calidad de vida, reciben incrementos marginales. Mientras que, resulta llamativo, el aumento del 31% en el presupuesto del Congreso, vinculado a incrementos salariales para su personal. ¿Era esto una prioridad?
Sin duda, el Presupuesto 2025 parece diseñado para evitar mayores tensiones fiscales y políticas (Congreso – Ejecutivo) en un contexto de restricciones presupuestarias evidentes y, entrando de lleno, a un año pre-electoral. Pero, el tema de fondo, como siempre, es ¿Cómo se ejecutan estos recursos?; ¿Cuáles serán los resultados esperados de la asignación presupuestal optada? Si el pasado reciente es anticipo del futuro, creo que queda muy poco que esperar de esta herramienta de política económica.
