Los que formamos parte de la industria aérea esperábamos cerrar el año con un Jorge Chávez operando a toda su capacidad, ayudando a Lima a convertirse en el hub moderno y competitivo que el país necesita. Sin embargo, a pocos meses de su inauguración, vemos nuevos desafíos que impactan a quienes usamos y trabajamos en el terminal a diario.
Uno de los golpes más recientes llegó cuando nos enteramos de la extensión del cierre de la pista 16L/34R, que ya no abrirá el 30 de noviembre como estaba previsto, sino el 20 de diciembre. Este cambio afectará 354 vuelos a nivel industria y limitará la capacidad a 35 operaciones por hora cuando, desde el 1 de diciembre, debía aumentarse a 42, coincidiendo con el inicio de la temporada alta. La situación ha implicado la reorganización de itinerarios y comunicaciones a pasajeros a contrarreloj.
Newsletter exclusivo para suscriptores
A ello se suma la actualización de montos de la TUUA de transferencia por parte de Ositrán, que añade un nuevo factor de preocupación. Todo parece indicar que las tarifas fijadas han sido determinadas pese a que los valores declarados por el concesionario no han sido fiscalizados, lo que implicaría que se ha asumido como válido un monto que impactará directamente en millones de pasajeros sin una verificación previa.
Desde las aerolíneas, la alarma es evidente: estas decisiones tendrán un impacto en los planes del sector de convertir a Lima en un hub de conexiones. Las ciudades con las que competimos—Bogotá y Ciudad de Panamá— no cobran TUUA de transferencia y, cuando se postuló la idea de implementarla en Panamá, el concesionario fue el primero en pedir al gobierno no continuar la propuesta. El único aeropuerto en el que existe esta tarifa es São Paulo-Guarulhos, pero tiene un valor tres veces menor al monto que fijó Ositrán.
Este es un llamado a ver las cosas con claridad: la intención no es afectar la estabilidad jurídica ni desincentivar la inversión, sino asegurar que las decisiones que se tomen estén alineadas con el interés del país. El objetivo es encontrar un camino que fortalezca la competitividad del Perú, proteja la llegada de turistas, preserve rutas que conectan a millones de personas y permita que todas las inversiones —no solo las de una empresa— puedan desarrollarse de manera sostenible. Las opciones, que incluyen recursos para no perjudicar al concesionario, ya han sido presentadas a la Presidencia de la República por los gremios.
El país necesita un Jorge Chávez que esté a la altura de su rol estratégico. Las expectativas deben ser claras: obras ejecutadas en los plazos fijados, comunicación oportuna, infraestructura plenamente operativa y decisiones que prioricen al pasajero por encima de cualquier otro interés.
El aeropuerto es la puerta de entrada del Perú. No podemos permitir que se convierta en un cuello de botella que frene nuestra conectividad. Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero ello exige una política de Estado para garantizar una gestión responsable y la continuidad operativa. Es momento de que el Jorge Chávez, finalmente, despegue como todos esperábamos.
